Una problemática de sumo interés para la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela y que en medio de la barahúnda política, social, laboral, de todo derecho humano en nuestro país, pasa un poco inadvertida, tiene que ver con las libertades sexuales.
No podemos ignorar para nada el nuevo, profundo, llamado en su informe por parte del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Volker Turk, al respecto de esas libertades. Allí esta alta figura mundial en la materia reconoce como un avance, «un paso importante hacia el establecimiento de las condiciones que garanticen una vida digna y libre de violencia y discriminación para las personas LGBTIQ+» la eliminación de la penalización de relaciones de personas del mismo sexo en el ámbito militar. Sin duda un logro, pero limitado. Falta. Falta mucho camino por andar. Falta mucha voluntad política para alcanzar el disfrute pleno de las libertades sexuales en Venezuela.
El alto comisionado plantea la necesidad de que «se tomen medidas que permitan el pleno disfrute de los derechos humanos, entre ellas la elaboración de una ley que garantice el derecho de las personas transgénero a su identidad de género autopercibida». El cambio de nombre según la identidad de género. Y, sumamente importante: «El reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo».
Los derechos humanos están establecidos para todo el mundo. De allí las exigencias que no podemos olvidar ni echar a un lado. Los ciudadanos venezolanos vamos a la cola del mundo y de la región en esta importante materia. En estos días, hasta Bolivia aceptó la unión de personas del mismo sexo. Bolivia. Bolivia. En ese sentido, es preciso reconocer la apertura política que ha presentado nuestro partido Encuentro Ciudadano, y su presidenta, ahora precandidata presidencial, Delsa Solórzano, quien sin las ambigüedades extrañas de otros partidos que se dicen liberales y amplios, pero que en la materia se vuelven con sus líderes más que conservadores, ha presentado este problema como clave en materia política, de derechos humanos, de libertades.
Otro llamado del alto comisionado es a evitar la violencia contra la comunidad LGBTIQ+ por delitos de odio. Una manera de contener esa violencia pasa sin duda por el reconocimiento social y político, la aceptación definitiva de las libertades sexuales como derechos humanos irrenunciables. Contra estos aspectos choca la moralina absurda que se usa como argumento para detener el avance de los logros. Y los aspectos políticos, sin duda. Recientemente también Cuba se abrió a la unión de personas del mismo sexo. Pero eso no sirvió de ejemplo alguno a los «revolucionarios» de acá. Limitados mentales aunque no en la acción. Pesa más la idea rusa, también recientemente puesta en práctica jurídica, de impedir el cambio de sexo y de identidades sexuales por cualquier vía a sus también vulnerados ciudadanos.
Desde luego, económica y políticamente pesa en este momento más Rusia que Cuba para los secuestradores del poder en Venezuela, investigados por delitos de lesa humanidad. Con ellos se ve prácticamente imposible un avance mayor en cuanto a las libertades sexuales. Otra de las luchas complicadas que nos toca en la Venezuela de hoy.