Martín Vizcarra concentró todo el poder, desde que de forma inconstitucional disolvió el Congreso un 30 de septiembre de 2019. Con la seguridad de que iba a contar con el beneplácito de los grupos «El Comercio» y «La República», con la confianza de que gozaba del apoyo del Ministerio Público, en particular con el respaldo de Zoraida Ávalos, que virtualmente había sido impuesta como parte de la toma del poder institucional impulsada y dirigida por el Instituto de Defensa Legal y Gustavo Gorriti. Con un Tribunal Constitucional, cuyos magistrados (seis) tenían mandato vencido y que no dudaron en convalidar el «golpe de Estado» perpetrado so pretexto de que se había consumado la «denegación fáctica» de la confianza, ante la solicitud planteada por el premier Salvador Del Solar.
Un político astuto, desleal, sin partido político como Martín Vizcarra, supuestamente estaba dispuesto a liderar la lucha contra la corrupción e impulsar una reforma política, para cuyo efecto había convocado a un grupo de expertos liderados por Fernando Tuesta Soldevilla. El Perú no puede olvidar cómo Gustavo Gorriti se había convertido en el «censor de la vida nacional», direccionando las investigaciones y acciones de los fiscales Vela Barba y José Domingo Pérez, aparentemente empeñados en defender al país frente a los embates de una verdadera organización criminal liderada por Odebrecht, las empresas constructoras brasileñas y el «Club de la Construcción». Martín Vizcarra engañó al país, mientras que Gustavo Gorriti mostraba especial interés en explicar siempre que era pertinente permitir que la empresa brasileña siguiera contratando con el Estado, luego de que «reconozca la comisión de ciertos errores» y asuma el pago de determinadas obligaciones, resumidas en el pago de una indemnización, siguiendo el ejemplo de otras empresas transnacionales que en los mercados internacionales se habían «rehabilitado», luego de un breve ostracismo empresarial.
El Perú fue testigo de la puesta en marcha de una abierta campaña contra la corrupción, en la que el equipo especial LavaJato liderado por dos fiscales convertidos en «hombres del año» o «adalides» de la defensa del interés nacional, terminaron coludidos con la empresa Odebrecht, suscribiendo un «Acuerdo de Colaboración Eficaz», cuyo contenido se mantuvo en reserva. No debemos olvidar que tanto Odebrecht y las empresas constructoras brasileñas siempre fueron avaladas políticamente por el Partido de los Trabajadores de Brasil y por el presidente Lula. No podemos obviar que las constructoras brasileñas durante un largo tiempo participaron en la ejecución de grandes obras de infraestructura en toda América Latina. Seamos claros, tanto Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Nadine Heredia, Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra fueron operadores de Odebrecht en nuestro país.
El retorno del Partido de los Trabajadores y de Lula al poder representa una victoria para las constructoras brasileñas y hace posible que la supuesta colaboración ofrecida como parte de las investigaciones y durante el desarrollo de los Juicios Orales, virtualmente se haya interrumpido, poniéndose en riesgo el éxito de los procesos penales en curso. El Perú no puede olvidar cómo la judicialización de la política ha marcado el devenir institucional en nuestro país en los últimos años. No podemos soslayar cómo Martín Vizcarra, socio del «Club de la Construcción», lesionó el interés nacional, eludiendo su responsabilidad penal en la comisión de graves ilícitos, cuando fue gobernador regional en Moquegua. Hoy, se pone al descubierto la farsa montada por Martín Vizcarra, Gustavo Gorriti, el Instituto de Defensa Legal y los fiscales Vela Barba y José Domingo Pérez.
El gobierno de Martín Vizcarra será recordado como una etapa sombría de la vida nacional; más aún cuando luego de la disolución inconstitucional del Congreso concentró todo el poder, dictándose sucesivos Decretos de Urgencia sin el menor control.
Los efectos devastadores de la pandemia en nuestro país no solo han quedado registrados en los más de 200.000 connacionales fallecidos, en la abrupta caída del PBI en el 2020, en las absurdas medidas sugeridas por el Grupo Prospectiva integrado por Farid Matuk. El Perú no puede olvidar la manera irresponsable cómo se optaron por las pruebas rápidas, descartándose las moleculares, cómo se rechazaron donaciones importantes del sector privado y cómo de manera irregular sólo se direccionó la compra de vacunas al gobierno de la República Popular China. El manejo político de la pandemia fue instrumentado por el entonces presidente Vizcarra, con sus habituales conferencias de prensa desde Palacio de Gobierno. No podemos olvidarnos de cómo Martín Vizcarra se burló del país, al vacunarse de manera subrepticia. No ha sido suficiente que 105 congresistas decidieran vacar a Martín Vizcarra y que luego haya sido inhabilitado por 10 años para el ejercicio de la función pública; toda vez que de una manera obstinada y desafiante sigue mintiendo al país, habiendo negado recientemente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el haber convertido la lucha contra la pandemia en una gran oportunidad para favorecer a determinadas empresas que terminaron contratando con el Estado.
Martín Vizcarra, la exministra de Economía María Antonieta Alva y la expresidenta de EsSalud Fiorella Molinelli fueron protagonistas de acciones de gobierno que revisten la mayor importancia y que en líneas generales han estado marcadas por la falta de transparencia. El gobierno de Martín Vizcarra estuvo signado por la corrupción, por la violación sistemática de la institucionalidad democrática, por la farsa y la mentira, como la llamada reforma política que solo favoreció a los partidos convertidos en «vientres de alquiler». Martín Vizcarra debe ser emplazado política y judicialmente. Estamos ante un personaje siniestro y sin escrúpulos, ávido de poder.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú