El teniente coronel Igbert Marín Chaparro inició una huelga de hambre el 21 de diciembre
Sobre los presos políticos venezolanos, sean civiles o militares, pesan todas las desventajas imaginables: los recluyen en espacios degradados, infectos y deshumanizadores; a una parte de ellos, los torturan psicológica y físicamente; la hostilidad, acoso y trato injuriante a que los someten no se limita al detenido, sino que se extiende a sus familiares y abogados; se los desaparece, a menudo, sin que por semanas o meses se tenga noticia alguna de dónde se encuentran, en qué condiciones, ni tampoco las razones por las que se les impide el más elemental de los derechos, que es mantener algún contacto con sus familiares.
Son seres negados, borrados por las dictaduras de Chávez y Maduro: los aíslan, les niegan el derecho a recibir asistencia en materia de salud y, por supuesto, carecen de toda garantía en materia de justicia. Las audiencias se posponen una y otra vez, los jueces -todos miembros del régimen- se niegan a escuchar los alegatos de los abogados; les ocultan los expedientes (ha ocurrido que presos políticos no saben, con precisión, de qué delitos los acusan); se emiten fallos en su contra -cuando se emiten- sobre hechos inexistentes y no comprobados. Un preso político en la Venezuela de Chávez y Maduro es un sujeto despojado de la totalidad de sus derechos. Un ser colocado en un espacio del poder donde no hay ley sino la ferocidad y la militancia de los carceleros, los torturadores y los jueces.
En tanto que han sido desnudados de todo derecho, es decir, que sus destinos dependen de variables ajenas al debido proceso o al supuesto marco legal -la arbitrariedad de los funcionarios, la corrupción sistémica, el horror burocrático-, se añade una recurrente complejidad: resulta extremadamente difícil encontrar un camino adecuado para su defensa: si se limita a los recursos del derecho; si los políticos deben participar o no, y, en caso de hacerlo, cuál es el modo adecuado; está, además, la cuestión de la denuncia mediática, que tiene el riesgo de convertirse en un búmeran para las ya precarias y mórbidas condiciones de detención. Cuando los familiares denuncian, el régimen reacciona empeorando las condiciones de sus prisioneros: más torturas, más precariedad, más castigos.
Pero hay un elemento más sobre el que los ciudadanos venezolanos tenemos la obligación moral de meditar: hay una poderosa tendencia al olvido de los presos políticos. Quienes están llamados a mantener viva la llama pública de cada preso político -los políticos, el periodismo, los gremios correspondientes- no actúan de forma consecuente. Apenas aparecen otros temas en la agenda, al preso político se le desplaza a un segundo o a un tercer plano, desconociendo que el factor de la persistencia, el de la lucha constante y sin desmayo, es fundamental, especialmente ante regímenes como el venezolano, donde el Estado de Derecho ha sido totalmente destruido.
¿Cuál es la consecuencia de este escenario de olvido? Un empeoramiento del estado de indefensión del preso político. Indefensión que alcanza a sus familias, a las que se deja solas ante el régimen implacable y deshumanizado, y que necesitan a su lado, no solo acompañamiento y solidaridad, sino también asesoría psicológica, legal, política y más, y, hay que decirlo, apoyo económico, para que puedan afrontar las constantes demandas logísticas y de recursos que demanda el hecho de tener a un esposo, a un hijo, a un hermano o a un familiar, sometido al infierno del régimen represor y torturador.
Por fortuna, hay excepciones. Por ejemplo, el periodista Andrés Cañizález, quien nos recuerda constantemente que Roland Carreño sigue preso injustamente; o la dirigente política Delsa Solórzano, que trabaja, sin desmayo, para que los presos políticos y sus derechos sean una preocupación constante de la oposición democrática venezolana. A esto hay que añadir los infatigables esfuerzos de personas como Tamara Suju, Alfredo Romero y Rafael Uzcátegui, del Instituto Casla, Foro Penal y Provea, respectivamente; y de tantos otros, para evitar que las luchas desmayen, y la vulnerabilidad del preso político sea todavía más profunda y acusada.
Tamara Suju se ha referido recientemente al caso del torturado teniente coronel Igbert José Marín Chaparro -hijo, a su vez, de un militar y titular él mismo de una brillante carrera- quien el 21 de diciembre inició una huelga de hambre, luego de que se divulgara una carta pública que reproduzco a continuación:
“A partir de hoy, 21 de diciembre de 2021, inicio una huelga de hambre solicitando en primera instancia la visita de una comisión de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, el Comité de la Cruz Roja Internacional, el encargado de negocios de la UE y el nuncio apostólico de la Santa Sede, a la “Casa de los Sueños” para que verifique in situ los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los cuales somos sometidos a diario, y yo particularmente, por dos años consecutivos; en segundo lugar, una Comisión de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo que verifiquen in situ la misma situación, dando curso a la respectiva denuncia ante los citados organismos y ante la Fiscalía de la CPI, por el uso sistemático de torturas y tratos crueles contra mi persona, los secuestros en la “Casa de los Sueños”, y demás presos políticos del país. En tercer lugar, solicito la eliminación de la “Casa de los Sueños” como depósito de seres humanos y centros de tortura y violaciones de los derechos fundamentales; en cuarto lugar, solicito la liberación de todos los presos políticos civiles y militares del país a través de verdaderos indultos que se respeten y den fe de la voluntad de construir un país plural y democrático, apegado a la Constitución Nacional; y en quinto lugar, solicito la reanudación de la Mesa de Diálogo Nacional dirigida por el Reino de Noruega e incluir la presencia de una delegación de expresos políticos como muestra del deseo de conciliación nacional y de verdadera justicia para lograr la paz, la democracia y la felicidad del país”.
¿Hace falta agregar que la liberación de Marín Chaparro debe ser asumida como una causa de todos los demócratas, así como la liberación de los presos políticos civiles y militares debe ser la primera y más urgente tarea política y comunicacional a la que debemos dedicarnos, sin pausas ni distracciones ni excusas? ¿Es necesario repetirle a los promotores de la burbuja de los bodegones que no hay vida pública decente mientras haya presos políticos civiles y militares sometidos a dantescos sufrimientos?