Luego de algunos meses de relativa estabilidad, el bolívar no ha parado de devaluarse y continúa impactando de forma negativa al menguado salario mínimo que actualmente equivale a menos de 12 dólares. A finales del pasado año el costo de la canasta alimentaria para el grupo familiar de 5 personas ya había alcanzado los 357,68 dólares americanos de acuerdo con los datos suministrados por el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA); su efecto ha sido la pobreza y marginalización de la población en Venezuela, la cual es medida principalmente según el nivel de ingresos familiares cuya estimación para el pasado año alcanzó el 81,5% de la población y continúa subiendo este año. En estos momentos, 8 de cada 10 venezolanos no cuentan con los recursos suficientes para adquirir la canasta básica e integran ya la marginalidad inducida como consecuencia de la política oficial especialmente salarial impuesta por el sector oficial.
La supuesta mejoría artificial de los indicadores macroeconómicos se ha distribuido de forma muy desigual en el país; según señala la encuesta Encovi 2022, Venezuela es el país más desigual del hemisferio, con niveles comparables a Mozambique y Angola. De allí que sea comprensible que un porcentaje muy elevado de la población activa señale que la razón principal por la cual saldrían de Venezuela sería la de “buscar un empleo o emprendimiento que les permita vivir dignamente a ellos y a su familia”.
En Venezuela, la precariedad de los salarios ha venido acompañada con un deterioro pronunciado en la calidad en la prestación de los servicios públicos básicos. Este problema constituye no solo un factor que afecta significativamente la vida de los venezolanos, sino que representa un obstáculo importante para dinamizar la economía y reemprender cualquier iniciativa de desarrollo. De acuerdo con los datos del Cenda, “en el último año el costo de los servicios públicos en Venezuela ha sufrido un aumento de 212,88%. Una familia venezolana necesita 3 salarios mínimos mensuales solo para costear la tarifa básica de los servicios públicos esenciales (agua, electricidad, teléfono, Internet, transporte público y aseo urbano); es decir, se han producido aumentos desproporcionados en las tarifas oficiales que además no han tenido como contraprestación una mejora significativa de estos servicios.
Los resultados de la Encuesta de Usuarios abril-mayo 2022 del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, “arroja que 61,9% de los consumidores valora de forma negativa el servicio de agua: en el servicio de electricidad 62,4% tiene una valoración negativa de su calidad y se queja constantemente de los apagones y del desperfecto de sus equipos eléctricos”. La Encuesta Nacional de Hospitales (octubre 2022) reporta que a causa de las fallas de energía han provocado el deceso de 218 personas”. Con relación al servicio de Internet, la encuesta arroja que 43,2% de los usuarios tiene una opinión negativa del servicio y presenta una velocidad media de apenas 4,47 Mbp; Venezuela, junto con Cuba, tiene la peor velocidad de transmisión de banda ancha en América Latina, y ocupa el puesto 187 dentro del ranking de 220 países del mundo, según el informe «Worldwide Broadband Speed League 2022”.
Junto a las carencias económicas, la migración indetenible, la baja calidad de los servicios públicos y la precariedad educativa, la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas que afectan a los venezolanos. El Observatorio Venezolano de Violencia señala “que durante el primer semestre de 2022 se registraron 25.222 casos de delitos en todo el territorio nacional, equivalente a un promedio de casi 141 delitos por día, de los cuales 16% de los casos fueron delitos de lesiones personales y 5% de los casos en homicidios”. Estas acciones delictivas por lo general no tienen respuesta judicial significativa y muchos de sus actores gozan de impunidad y de la vista gorda de las autoridades. El informe concluye señalando «la profundización de la emergencia humanitaria parecería actuar como catalizador de hurtos, robos, agresiones y lesiones personales acompañada de la pérdida de ética, y valores ciudadanos”; el hombre común se ha transfigurado mostrando un perfil de insensibilidad, de especulación, de sacar lo que fuese de otro ser humano y de gozar de privilegios que les permite la impunidad creando marcadas diferencias y desigualdad entre habitantes de un mismo sector.
La resultante de la gobernanza autoritaria y de sus políticas como modelo socialista tiene consecuencias importantes tales como: la desaceleración y desaparición de la economía de mercado, la cual ha sido sustituida por nuevos esquemas centralizadores. La estrategia empleada ha venido acompañada de una cortina de humo representada por el discurso generalizado de un supuesto mejoramiento económico, de favorecer la sustentabilidad ambiental y de la defensa del medio ambiente frente a la realidad de que muchas zonas están sometidas a la destrucción ecológica, ocultando en realidad el hecho de que someten a la población, gremios, sindicatos y universidades a un férreo control salarial, a la falsa negociación y a la sustitución fraudulenta de contratos sociales inscritos dentro de una política humillante de los derechos laborales.
Necesitamos un urgente cambio y transformaciones profundas, muy especialmente, de carácter institucional, de profundizar la denuncia y oposición a una política impopular, odiosa y discriminante. Los gremios y sindicatos deben profundizar la lucha por sus reivindicaciones salariales y no dejarse someter por la imposición de una política de hambre. No podemos ser derrotistas y debemos pasar del diagnóstico a la acción, ubicarnos dentro del marco del rescate de la dignidad como ciudadanos y trabajadores, usar el esquema de la globalización moderna sin copiar estereotipos e ir mucho más allá del discurso para la apertura política. La globalización debería ser vista como un desafío ante los sacrificios que se imponen para construir un país competitivo, de crecimiento, asertivo y deseoso de entrar en el arreglo de ganar-ganar que ofrece la globalización sin los sesgos introducidos por el poder del llamado “progres”.
Frente a ello el cambio de modelo político es la única opción válida. La vía para obtenerla es vencer el poder, cambiar los métodos oficiales de conculcar la libertad, el control salarial, y la represión, incluyendo entre ellas los métodos electorales construidos para favorecerlos y acompañar esta opción apartando a una dirigencia inútil, acomodaticia, gastada e incompetente por un nuevo capital social y liderazgo emergente.