Foto: AFP
De un día para el otro, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, presidente y vicepresidenta del gobierno ilegítimo de Venezuela, se han declarado defensores de los derechos humanos. Durante años se han negado a reconocer la existencia de la migración venezolana —el 28 de julio pasado, para no ir más lejos, impidieron que millones de venezolanos pudieran votar desde el exterior— pero ahora están dispuestos, al menos, a quedarse sin voz gritando contra el imperialista Donald Trump y su lacayo Nayib Bukele.
El régimen acaba de crear el Comité de Familiares de los Venezolanos Secuestrados en los Campos de Concentración de El Salvador: una ONG oficialista. Maduro, que ha institucionalizado en el país las figuras de la desaparición forzada, de los prisioneros políticos y de los asesinados bajo custodia del Estado, clama a Dios por la liberación de los «jóvenes muchachos» que Trump deportó en un dos por tres a la pequeña nación centroamericana. Es el mismo Maduro, por si el fiscal está investigando no un magnicidio sino una suplantación de identidad, que amenazó con hacer prisioneros a los que protestaban contra el fraude electoral: “Los voy a meter a toditos en Tocorón, en cárcel de máxima seguridad para que paguen sus crímenes…les sale Tocorón.”
Nicolás Maduro es el principal responsable de que 30% de la población se haya ido del país. Hasta la llegada de estos supuestos revolucionarios al poder Venezuela era un destino para gente venida de lugares muy diversos de todo el planeta. El Tren de Aragua es una creación del régimen. Es el producto de exportación que mejor se identifica con el talante inescrupuloso de los que mandan. Una banda criminal que se ramificó desde la cárcel de Tocorón, precisamente y bajo la protección del Estado, por todo Suramérica hasta llegar a Estados Unidos, cumpliendo algún encargo que otro, como el asesinato del teniente Ronald Ojeda en Santiago de Chile.
Que los venezolanos que se fueron hayan tenido que soportar situaciones degradantes en el cruce del Darién y del río Bravo, con demasiadas vidas perdidas, tiene responsables claramente identificables. Nunca a Maduro, ni a nadie del régimen, se le ocurrió preocuparse por la situación de esos venezolanos desesperados. Menos por la fragilidad de los permisos temporales concedidos en Estados Unidos, y ahora revocados.
La forma de proceder del gobierno de Donald Trump es dolorosa y torpe a la vez. Por la forma cruel y ajena a los procedimientos de una democracia que se empleó para enviar a 238 venezolanos a El Salvador. Por la angustia y el temor que infunde en cientos de miles de compatriotas que huyeron de esta tiranía y viven en Estados Unidos. Y porque le da munición a los fusiles parlantes de Maduro, Delcy, Diosdado y compañía.
Al régimen no le interesa para nada el sufrimiento de esos venezolanos y sus familias. Solo son argumentos para utilizar contra el enemigo. ¿Acaso las cárceles venezolanas tratan mejor a sus prisioneros, políticos o no? ¿Acaso los venezolanos, en general, dentro y fuera del país, son tratados con respeto, consideración y solidaridad, reconocidos sus derechos, atendidos sus reclamos, reparado el daño causado?
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