Durante el Acto de Ascenso de Generales, Almirantes y Personal Militar, el 4 de julio, Nicolás Maduro afirmó que la oposición tenía planes de promover la violencia y la intolerancia, con un supuesto resurgimiento de las protestas conocidas como «guarimbas». A modo de ¿previsión?, ordenó al ministro de la Defensa que utilizara “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para responder al fascismo, al golpismo y al imperialismo”.
No obstante, a nadie sorprende una instrucción de tal naturaleza. Desde que el madurismo llegó al poder, ha recurrido de manera sistemática a la violencia y la intimidación como medios para mantener el control político en Venezuela.
Informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas en 2022 y el Panel de Expertos Independientes de la Organización de los Estados Americanos en 2018 han documentado graves violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y represión llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares. Además, el 27 de junio de 2023, los jueces de la Corte Penal Internacional solicitaron la reapertura de la investigación por parte de la Fiscalía sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, lo cual subraya el historial de violencia del régimen.
La inhabilitación de María Corina Machado como precandidata a través de la Contraloría General de la República tiene como objetivo neutralizarla, constituyendo una forma de terrorismo de Estado, pues se ha convertido en una amenaza creíble para la reelección presidencial de Maduro en 2024.
En respuesta a esta situación, 88% de los eurodiputados condenó el 12 de julio las inhabilitaciones de los precandidatos inscritos para participar en la primaria de la oposición, lo que calificó como una “evolución sumamente preocupante”. Además, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, emitió una declaración oficial en la que alertó al régimen de Maduro sobre el obstáculo que representa para el retorno de la democracia en Venezuela violar los valores democráticos y los derechos del pueblo venezolano.
Estas condenas por parte del Parlamento y la Comisión Europea aislarían al régimen venezolano de un aliado histórico de la «Revolución cubana», que hasta ahora ha brindado su apoyo. Los gobiernos europeos han representado uno de los principales apoyos para la dictadura castrista en respuesta a las acciones de las administraciones estadounidenses en su intento por restaurar la democracia en la isla.
La alineación entre Estados Unidos y la Unión Europea en la búsqueda de una solución a la crisis en Venezuela a través de elecciones democráticas, aceptables para la comunidad internacional y para los ciudadanos venezolanos, exige al madurismo reconsiderar su estrategia de inhabilitar a los precandidatos de la oposición para evitar situaciones similares a las que enfrentó Vladimir Putin con la invasión a Ucrania. La UE y Estados Unidos impusieron sanciones económicas conjuntas a Rusia, una medida que no ha sido aplicada al régimen de Maduro hasta el momento.
En un escenario en el que la primaria sea eliminada como resultado de la continua violencia ejercida por el autoritarismo que impera en Venezuela, Miraflores se aislaría aún más de Europa y Estados Unidos. En consecuencia, el madurismo buscará deslegitimar la elección del candidato de la oposición con la anulación de los actos de la Comisión Nacional de Primaria, argumentando el desacato de alguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El propósito detrás de esta acción es asegurarse de que la persona elegida en estos comicios -casi seguro será María Corina Machado- carezca de legitimidad de origen para liderar una verdadera oposición democrática y representar la unidad en las elecciones presidenciales.
Al privar a María Corina de legitimidad de origen, el establishment conformado por el oficialismo y la oposición funcional pretende socavar su influencia y capacidad para negociar una solución democrática con la comunidad internacional y movilizar a la población en contra de Maduro.
En el reciente programa Con Maduro +, el ocupante de Miraflores destacó positivamente los «mensajes de paz y convivencia» de Manuel Rosales, un “líder opositor con amplia experiencia”. Maduro resaltó el llamado del gobernador del Zulia a “evitar el regreso de las protestas conocidas como ‘guarimbas’ y a rechazar la violencia”.
Con estas declaraciones lo que busca es influenciar en la elección del candidato de la Plataforma Unitaria. Su objetivo es neutralizar a María Corina Machado y dividir a la oposición para incrementar su propia competitividad electoral, que actualmente está baja. A través de estas estrategias se propone debilitar la capacidad de las fuerzas democráticas, que ha ido ganando terreno en el campo de los votantes indecisos y de aquellos descontentos con el madurismo.
Paralelamente, el régimen madurista ha fortalecido su control sobre instituciones clave como la comisión electoral y las fuerzas de seguridad. Con la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y los recientes nombramientos de los comandantes generales del Ejército, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia, cuyos desempeños académicos los ubicaron en los últimos puestos de sus promociones, apuntan a tener personas leales al madurismo tanto en el Poder Electoral como en la ejecución del Plan República, el cual garantiza la seguridad y el cumplimiento de los procesos electorales.
Entonces, la estrategia del oficialismo consiste en utilizar la violencia para intimidar al 88% que desea su salida de Miraflores. Es por eso que incita a la oposición democrática a enfrentar el terrorismo de Estado mediante la protesta, hasta el final.
En consecuencia, Maduro recurre una vez más a la violencia como medio para mantener el control político en Venezuela. A fin de evitarlo, resulta crucial que la comunidad internacional y las fuerzas democráticas nacionales permanezcan alineadas en la búsqueda de una solución a la crisis política, que incluya la realización de elecciones justas, libres, inclusivas y transparentes. Para lograr esto, es necesario monitorear de cerca la situación política en el país para garantizar la preservación de los valores democráticos y la protección de los derechos del pueblo venezolano.