El lunes 23 de enero, mientras los maestros, profesores y empleados públicos de distintos sectores se movilizaban para exigir remuneraciones dignas, un grupo de simpatizantes del oficialismo –muchos de ellos trabajadores del Estado presionados por sus jefes inmediatos– salieron a protestar contra las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. Como bien se sabe, esas penas se han aplicado por el giro autoritario e ilegítimo de su gobierno, por la permanente violación de los derechos humanos y por la corrupción de algunos miembros de su entorno. La orden de movilizarse fue dictada por Miraflores. En Caracas y en ciudades como Valencia, se registraron marchas poco concurridas. El llamado del gobierno no convenció a la gente.
Maduro le atribuye a la existencia de las sanciones la escasez de recursos para satisfacer las demandas de los trabajadores del sector público que reclaman un incremento salarial. Estas se convirtieron en un comodín. Hay inflación, por las sanciones; los hospitales están en la ruina, por las sanciones. Por la misma razón no hay electricidad, ni agua, ni transporte público, ni gasolina, ni sirve el Metro de Caracas y se han paralizado la construcción de vías de comunicación y el mantenimiento de la infraestructura en el territorio nacional. Todos los males del país y el calvario que padecen los venezolanos, se les atribuyen a los castigos impuestos por el Norte y la Unión Europea.
El gobierno amenaza con no retornar a la mesa de negociaciones en México hasta cuando se levanten esas sanciones. Jorge Rodríguez dice estar “harto” de que el gobierno no reciba los fondos para la inversión en programas sociales que se decidió crear en la última ronda de conversaciones en México. En el plano internacional, Maduro ha obtenido algunos apoyos. En días recientes Luiz Inácio Lula da Silva y Alberto Fernández, el patético presidente de Argentina, calificaron las sanciones como actos bárbaros e inmorales, y las han culpado de la deplorable situación que atraviesa Venezuela desde hace algunos años, que, no por casualidad, coinciden con el período en el cual comenzaron a declinar los precios del crudo en el plano internacional y se hizo evidente la destrucción de Pdvsa y la industria petrolera en general. El ocaso de esa industria, provocado por el régimen, constituye el principal factor por el que Venezuela no ha podido beneficiarse en gran escala del repunte del los precios del petróleo, registrado desde la invasión de Rusia a Ucrania.
El discurso contra las sanciones no cala entre los venezolanos promedio, ni tampoco en algunos dirigentes medios del PSUV. Recientemente, hemos visto a varios de ellos desenmascarando la hipocresía de quienes desde el gobierno denuncian las sanciones y las responsabilizan de los daños nacionales, pero se movilizan en camionetas que cuestan fortunas, rodeados de un enjambre de escoltas pagados con fondos públicos. Entonces, se preguntan esos líderes intermedios, ¿a quiénes perjudican esas sanciones? Desde luego que no es a los jerarcas del régimen. A los miembros de la nomenclatura, que viven como jeques. Lesionan es al humilde trabajador militante del PSUV que no goza de los privilegios de la cúpula y padece los mismos males que el resto de los venezolanos.
Si Maduro está tan interesado en acabar con las sanciones, lo único que debe hacer es manifestar su decisión de convocar elecciones libres, transparentes, sin presos políticos y supervisadas por la comunidad internacional, tal como exigen los demócratas venezolanos y los gobiernos democráticos del continente, de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otras naciones. En esa dirección acaban de pronunciarse en la reunión de la Celac los presidentes de Chile, Colombia y Uruguay, a quienes no se les puede calificar de derechistas ni “injerencistas”. Gabriel Boric abogó por unas elecciones libres en Venezuela en 2024. Gustavo Petro pidió unos comicios sin presos políticos. Y Luis Lacalle Pou indicó que hay países donde no se respetan los derechos humanos, en clara referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Por su parte, Abdo Benítez, gobernante de Paraguay, señaló que no debe olvidarse que hay 7 millones de venezolanos circulando por el mundo (gracias a la desastrosa gestión de Maduro, agrego yo)
Si el mandatario venezolano manifestara su deseo de cumplir con el artículo 6 de la Constitución –“el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela… es y será siempre democrático… electivo…alternativo, pluralista y de mandatos revocables” – y mantuviese una conducta coherente con esa decisión, el conflicto se acabaría en un lapso muy breve. La UE y Estados Unidos entenderían que Maduro expresa su voluntad de rectificar y que se muestra dispuesto a regresar a las normas democráticas, al igual que la gran mayoría de las naciones de América Latina.
Maduro, ordénele a Jorge Rodríguez que su principal misión en México consiste en demostrar que su gobierno posee una vocación democrática indeclinable y que la cita electoral de 2024 será un ejemplo de pulcritud para todo el planeta. Verá que las sanciones desaparecerán en poco tiempo. Ahórrele mayores sufrimientos a Venezuela. En sus manos reside la responsabilidad.
@trinomarquezc
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