Maduro insiste desesperadamente en que el fiscal Karim Khan conspira en su contra junto con Estados Unidos, los medios y hasta las ONG, pero la Corte Penal Internacional acumula desde 2018 pruebas de crímenes de lesa humanidad que podrían convertirlo pronto en “un hombre en busca y captura” como su socio ruso Putin, perseguido ya por crimen de guerra.
El jefe del régimen dice que la CPI carece de competencia para conocer de los hechos presentados por el fiscal Khan, aunque el argumento que esgrime contra estos es el de lawfare (guerra de leyes) -el gastado cliché de Cristina Kirchner-, sobre una supuesta utilización de la institucionalidad del alto tribunal “con fines políticos”.
Sin embargo, hay buenas razones para creer que el fiscal Khan reanudará la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En abril de 2022, el especialista en derecho penal internacional y derecho internacional de los derechos humanos se negó a aplazarla. Miraflores pareció hundirse entonces en la perplejidad y tal vez por eso repite inútilmente que tales delitos “nunca han ocurrido” en el país.
En la primera vez que pide detener a un jefe de Estado en ejercicio, la Corte emitió el 17 de marzo orden de arresto contra Putin por la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia, lo que supone un crimen de guerra. Este paso también pone de nuevo en la mira del mundo a perpetradores de crímenes de lesa humanidad como Maduro para que igualmente rindan cuentas.
“Ya no hay garantía de impunidad y eso es importante”, advirtió hace justo un año Donatella Rovera, del equipo de investigación de Amnistía Internacional que documentaba la situación en Ucrania invadida por las tropas de Putin. En un live “desde el terreno”, la experta comentó entonces que cualquier jefe de Estado responsable de crímenes de guerra “tiene que saber que existe la posibilidad de que un día se encuentre delante de la justicia”.
Y eso prácticamente es así desde que la CPI entró en vigor el primero de julio de 2002. Creado por iniciativa de la ONU en 1998 a través del Estatuto de Roma y respaldado hoy en día por 123 naciones, el tribunal internacional con sede en La Haya (Países Bajos) juzga también los crímenes de lesa humanidad. Estos incluyen el asesinato, la tortura y la desaparición forzada, cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Al fin y al cabo el objetivo de la Corte Penal Internacional, un organismo independiente que ni siquiera forma parte de la estructura orgánica de Naciones Unidas, es la universalización de los derechos humanos. Y Maduro, que es como su socio Putin en el crimen contra la vigencia de esos derechos, probablemente también tenga razones para estar preocupado.