Brasil, bajo el liderazgo del Partido de los Trabajadores (PT) y del presidente Lula, promovió en toda América Latina la presencia de empresas constructoras como Odebrecht en la ejecución de las principales obras de infraestructura. No es casualidad que en los casos de corrupción que han marcado la política de varios países de la región estén involucradas las constructoras brasileñas.
Brasil pretendió siempre tener hegemonía en toda América Latina, para cuyo efecto su política exterior durante la larga dictadura militar o desde el retorno a la democracia en 1985, estuvo marcada por determinados ejes, que ante un escenario internacional cambiante posibilitaron que Brasil por su dimensión, sus más de 200 millones de habitantes y el peso de su economía, se incorpore al BRICS al lado de Rusia, la India, China y Suráfrica. Brasil pretende ser el principal interlocutor latinoamericano ante Estados Unidos o la Unión Europea
El Foro de Sao Paulo, auspiciado por el PT desde los años noventa, se propuso afianzar el liderazgo de un líder sindical emergente como Lula, en un contexto en el que Estados Unidos afianzaba su hegemonía luego de la Caída del Muro de Berlín. El Foro de Sao Paulo en el plano político, el PT y las empresas constructoras brasileñas se asignaron tareas en función de objetivos políticos y empresariales. No seamos ingenuos, los sucesivos gobiernos del Partido de los Trabajadores no sólo consolidaron el Foro como espacio político, sino que financiaron campañas electorales de determinados partidos políticos adscritos o cercanos al Foro de Sao Paulo.
En la campaña presidencial del 2011 fue evidente el apoyo generoso hacia Ollanta Humala como candidato presidencial, el mismo que se materializó a través del representante de Odebrecht en el Perú, quien cumplió instrucciones muy precisas del presidente Lula. Ollanta Humala había sido el candidato del chavismo en el 2006, quedando demostrado su complicidad abierta con Odebrecht y otras empresas brasileñas a lo largo de su gestión como presidente.
La trama de Odebrecht ha marcado la política nacional y latinoamericana, actuando con total impunidad a lo largo del tiempo. Lula gobernó entre 2003 y 2010, Dilma Rousseff lo hizo entre 2011 y 2016. Los primeros indicios de corrupción fueron revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el juez Moro lideraba los procesos judiciales en Brasil que tuvieron un hito en la incriminación y arresto del expresidente Lula. Hoy Lula es presidente de Brasil por tercera vez y pretende asumir liderazgos extracontinentales, soslayando cualquier responsabilidad política. Odebrecht, para consumar sus acciones, tuvo aliados políticos, financió campañas electorales, apoyó a determinados medios de comunicación, no dudó en retribuir a periodistas, organizar actividades culturales o mantener vínculos con el Instituto de Prensa y Sociedad en el Perú.
Es oportuno precisar que el señor Gustavo Gorriti se erigió desde hace años como un vocero de la empresa Odebrecht. Desde inicios de 2017, no tuvo reparo en mantener una activa participación en medios de comunicación, a la par que se desarrollaban las investigaciones a cargo del Ministerio Público. Los nombres de Ollanta Humala, Nadine Heredia, Susana Villarán, PPK y Alejandro Toledo serían señalados como receptores de sobornos. Gustavo Gorriti, aliado de Alejandro Toledo e impulsor de la «Marcha de los Cuatro Suyos» en el 2000, desde el Instituto de Defensa Legal de manera reiterada sostuvo que Odebrecht había cometido «faltas» y que debía imponérsele multas, para que una vez canceladas continuara contratando con el Estado.
Gustavo Gorriti señaló el camino, delineó los pasos a seguir, para cuyo efecto sin el menor pudor, durante el gobierno sombrío de Martín Vizcarra, impulsar la judicialización de la política y convertir al Ministerio Público, liderado por Pablo Sánchez y luego por Zoraída Ávalos, en instrumentos políticos al servicio del vizcarrismo.
Hoy, que ha culminado la extradición del expresidente Alejandro Toledo, no podemos olvidar el papel cumplido por Gustavo Gorriti en la política nacional. La «Marcha de los Cuatro Suyos» en su momento expresó la protesta ciudadana contra la reelección de Alberto Fujimori y la hegemonía del montesinismo en la política nacional. No podemos soslayar que el Perú en el año 2000 sufría los efectos de la crisis internacional del sudeste asiático iniciada a mediados de 1997, que un año después causaría estragos en el sistema financiero nacional. Más allá de la estabilización de la economía en la década de los noventa, el Perú aún mantenía niveles muy altos de pobreza (por encima del 50%) y ciertamente el descontento popular crecía ante evidentes señales de recesión y desempleo.
El fujimorismo optó por la reelección y desató la respuesta ciudadana que capitalizó políticamente Alejandro Toledo. No olvidemos los aportes de George Soros, ni la presencia de Gustavo Gorriti al lado de Alejandro Toledo, ni cómo un personaje vinculado al periodismo nacional empezó a ser un operador al servicio de determinados intereses. Durante el gobierno de transición que presidió Valentín Paniagua, se sentaron las bases de una nueva correlación de fuerzas políticas, con la presencia de ministros vinculados a la cooperación internacional, con una mirada marcada por una agenda globalista en ciernes.
Alejandro Toledo debe responder, como deben hacerlo varios de sus exministros, asesores y colaboradores. Si la renuncia por fax de Alberto Fujimori marcó una etapa, el retorno al país de Alejandro Toledo puede convertirse en una oportunidad para que el país recupere la memoria, deje de lado la ingenuidad y exija que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan su misión. Hoy que se habla de poner fin a la impunidad, es el momento de revisar los alcances del Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht que pareciera que fue redactado en las oficinas del Instituto de Defensa Legal con la complacencia de Gustavo Gorriti y de la empresa Odebrecht.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú
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