Hace un par de semanas, Nicolás Maduro anunció que las empresas podrían emitir títulos valores en moneda extranjera para su financiamiento a través del mercado de valores venezolano. La noticia se circunscribe dentro del proceso de “apertura” que, a regañadientes, el poder ha venido implementando a los fines de intentar paliar su precaria situación económica.
De este modo, valdría la pena preguntarse hasta qué punto se encuentra el entorno financiero venezolano preparado para poder dar un viraje al proceso de emisión de títulos en moneda extranjera dentro del país. De a poco, por la vía de los hechos, la denominada dolarización transaccional se ha venido adueñando de los intercambios económicos. Pero, ¿será capaz de dinamizar el microscópico mercado de valores nacional?
No cabe duda de que en los últimos meses el sistema financiero venezolano ha venido enfrentando una diversidad de transformaciones. El replanteamiento de las funciones de la banca -tal vez hoy la que detenta la cartera de créditos más pequeña de América Latina-, la aparición de cuentas de custodia de moneda extranjera, el manejo de las sanciones internacionales y la relación con bancos intermediarios, todo, en conjunto, ha traído una serie de retos e incertidumbre para el sector financiero del país.
Ahora bien, si la banca está pasando un trago amargo, el mercado de valores se encuentra en un punto de mayor complejidad. Porque aunada con la difícil situación de la banca, debe luchar con la ausencia de cultura bursátil en Venezuela, y la complejidad y riesgos que implican para los inversionistas y emisores de títulos de oferta pública el manejo de un mercado emergente tan volátil y carente de seguridad jurídica como lo es el venezolano.
No son pocos los políticos que creen que simplemente por ordenar y decretar una acción, esta simplemente va a cumplirse. Dicha premisa pudiera extrapolarse al mandato de emitir deuda y acciones en moneda extranjera para las empresas venezolanas. ¿Está el empresariado venezolano en capacidad de emitir deuda?, ¿están los inversionistas locales dispuestos a comprar títulos a gran escala? Inicialmente, tenemos nuestras dudas.
Empíricamente, el tamaño del mercado bursátil actual no da para una masificación del financiamiento. Adicionalmente, el empresario venezolano, deseoso de emitir su deuda, debe tener la capacidad de honrar sus obligaciones y evitar un evento de impago con sus inversionistas (default). Este punto es crucial, incluso más que el de la popularización del mercado, que al final de cuentas puede lograrse con políticas públicas y comunicacionales adecuadas.
En cambio, buena parte del empresariado venezolano, acostumbrado a ser financiado por la banca, debe comprender el cambio en las reglas del juego del mercado de valores. A diferencia de la asignación de un crédito blando por ley, o del financiamiento a través de un crédito gubernamental que probablemente no fuese pagado, o si fuese cancelado se amortizaba esencialmente con la inflación (es decir, al empresario le regalaban los recursos en la práctica), los inversionistas del mercado de valores -cientos, miles de personas- requieren que sus compromisos de pago sean honrados, so pena de ser condenados al destierro del propio mercado.
En este contexto, ¿cuántas empresas venezolanas tienen patrimonio y garantías lo suficientemente sólidas para preparar una emisión? Recordemos que es altamente improbable que puedan obtener una garantía del Estado, porque hace tiempo que este ya no cuenta con recursos para ello, mucho menos si es en divisas (no bolívares ni petros), por lo que la garantía deberá venir del propio pulmón de los empresarios. Por otro lado, ¿estarán dispuestos los inversionistas a comprar un papel de una compañía sin mayor trayectoria y conocimiento en el mercado?
Lamentablemente, el camino no luce sencillo para los emprendedores. No se les puede vender aire. Sin duda, el mercado puede fungir de vehículo con enorme potencial para el crecimiento económico del país, pero los ajustes deseados no se logran de la noche a la mañana, y lamentablemente no pueden separarse del tema político y la confiabilidad de sus principales actores.
El Ejecutivo Nacional no tiene credibilidad ni anclajes institucionales lo suficientemente robustos como para que los actores del mercado ese tomen en serio las medidas que se están implementando. Parecen más bien lágrimas de cocodrilo que en cualquier momento se secan. Y así como arbitrariamente un día suspenden una aerolínea internacional por un tema meramente político -sin siquiera sopesar las implicaciones de comunicación con el país y la de los pasajeros cuyos derechos se ven afectados, sin mencionar la infinidad de stakeholders de la corporación- de la misma manera pueden clausurar cualquier empresa que tome el riesgo de emitir, desde una productora de café, una pequeña empresa agrícola, un emprendimiento lácteo de los Andes. El único pecado: no estar de buenas con el gobierno.
De forma tal que el escepticismo impera en nosotros. Las transformaciones requeridas son mucho más profundas que un simple arreglo cosmético normativo, y lamentablemente no se avizoran en el horizonte.