Se calcula que en 2050 un tercio de la población de China tendrá más de 60 años
Al parecer la esperanza de vida en el mundo pasará de 71,7 años en 2022 a 77,3 años en el 2050. Ante esta lacerante realidad, a la cual se le añade la sustancial disminución de la tasa de natalidad alrededor de todo el mundo, en el último medio siglo, el incremento de la edad de retiro del trabajo lógicamente será una política a seguir. Y así ha sucedido en Francia.
En efecto, si no se hace nada, por presiones políticas o el populismo rampante, para alargar el tiempo de vida laboral, en las próximas décadas nos toparemos con una reducción de los niveles de vida en vista del envejecimiento de las poblaciones, por lo tanto, habrá cada vez menos gente en edad de trabajo (población económicamente activa) para financiar las pensiones de más ancianos.
Si nos atenemos a un informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a partir de la finalización de la II Guerra Mundial, hemos estado en presencia de un envejecimiento apresurado de la población, en especial en las naciones más industrializadas. En efecto, el tramo de edad mayor de 65 años se duplicó en los países más avanzados, alcanzando 22,7% de la población total en Japón; 13% en Estados Unidos y Canadá; y 16% en Europa.
Adicionalmente, gigantes poblacionales como la India y China, que poseen conjuntamente 38% de los 8.000 millones de la población mundial, empujarán ese movimiento de choque que algunos han denominado la “globalización en el crecimiento”. Para el año 2050 se proyecta que un tercio de los chinos tendrá 60 años o más, resultado de la política neomalthusiana del conocido wan xi shao (casamiento tardío), aunado con la medida obligatoria del hijo único decretada en 1979, cuya anulación hace 7 años no parece haber alcanzado algún resultado positivo.
Por otra parte, a escala mundial, alrededor de la mitad de las personas que superaron la edad legal de la jubilación no recibe ninguna pensión. Y para muchos de los que la reciben, el nivel de estas los coloca por debajo del umbral de pobreza. En virtud de los datos existentes, solo 42% de las personas en edad de trabajar pueden esperar recibir una pensión en el futuro.
Recientemente, muchos países de ingresos pequeños e intermedios comenzaron a trabajar para ampliar la cobertura de los regímenes jubilatorios contributivos o de reparto o instalar pensiones no contributivas a fin de garantizar una seguridad elemental para los ancianos. En el mismo lapso, las naciones que se esmeran en sanear sus finanzas públicas reforman sus sistemas jubilatorios en un sentido para disminuir gastos, sobre todo aumentando la edad del retiro, y en otro restringiendo las prestaciones y aumentando los niveles de cotización.
En la actualidad los sistemas han evolucionado y se apoyan en la mayoría de los casos sobre financiamientos mixtos, a la vez por los trabajadores y el Estado. En Francia, como en la mayor parte de las naciones europeas, la pensión es financiada mediante el sistema de repartición: las cotizaciones de los trabajadores activos son empleadas para pagar las pensiones de los jubilados. Por el contrario, en un sistema apoyado por capitalización, los trabajadores ahorran para su propia pensión. Las sumas ahorradas pueden fructificar a través de fondos de pensión, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos y en Chile.
¿Qué pasa en América Latina?
América Latina no es una excepción a la transición demográfica del resto del planeta. Sus poblaciones serán cada vez más octogenarias y sesentonas, transformando los sistemas previsionales en grandes cargas económicas. Consultando un informe de la Cepal de 2015, naciones como Uruguay, la Argentina y Brasil ya destinaban 10% de su PIB al pago de pensiones, mientras que los demás se ubicaban por debajo del 5%.
Con relación al gasto público total, lo reservado a pensiones se encontraba entre 25% y 40% en casos como Colombia, Brasil, la Argentina y Uruguay, mientras que en el resto de la región la proporción era menor del 20%, e incluso no llegaba al 5% en Perú.
Pero se prevé que, en los próximos 50 años, el costo de las pensiones en América Latina prácticamente se duplicará, mientras que en los otros países de la OCDE esos gastos sólo se incrementarán en 20%. Esto lleva consigo un enorme reto para toda la región. ¿Cómo financiar sus sistemas, calculando que, en términos generales, el debate se ha generado dentro de un entorno de escasez de recursos, sin la posibilidad de plantear esquemas alternativos para obtener ingresos que permitan hacer frente a estas situaciones?
Estados Unidos, con ciertas limitaciones
En Estados Unidos, país que generalmente es considerado el reino de los fondos de pensión privados, estos son extremadamente controlados por los representantes de los ahorristas: sindicatos de funcionarios o de profesionales. En todo caso, el principal financista de 61% de las pensiones pagadas a los jubilados estadounidenses es el sistema público, el Social Security, creado en los años de la Gran Depresión.
Estados Unidos confrontará, sin embargo, el mismo problema que Francia para poder mantener funcionando ese sistema. Si bien el Social Security es mucho menos espléndido que el de los regímenes europeos —con una pensión que representa 51% del último salario, contra 74% en Francia— sus costos ya comenzaron en el año 2021 a sobrepasar sus ingresos, levantando preocupaciones. Según todos los estudios y análisis, a menos de hallar nuevas formas de financiamiento, las reservas se habrán agotado hacia 2035.
El Instituto Mercer CFA publica cada año su Índice Global de Pensiones (MCGPI), que surge de un detallado y meticuloso estudio comparativo de los sistemas de jubilación en todo el mundo. Éste permite verificar las debilidades y trazar las pistas de reforma para garantizar un nivel de pensión suficiente con un equilibrio financiero que se mantenga sustentable en el largo plazo.
En su edición 2022, Mercer realiza un cotejo de los sistemas previsionales de 44 países. Así, Islandia logra el valor más alto (84,7), seguida por Holanda (84,6) y Dinamarca (82). Tailandia llega en último lugar (41,7), mientras la Argentina se ubica antepenúltima (43,3), muy por debajo del promedio. Quizá esto no sale en ese informe, pero, en Venezuela, la hiperinflación destruyó a todos los sistemas previsionales, tanto el de las pensiones civiles (seguro social, otras pensiones del sector público) y las del sector militar.
Entre los países de América Latina, Chile ha alcanzado el mejor puntaje (68,3) colocándose en el puesto 16 y superando a Estados Unidos (63,9) que se coloca en el 20° puesto. En lo concerniente al año anterior, el informe registra que “fue México quien más progresó, gracias a su reforma previsional, que mejoró las condiciones de vida de la gente y la reglamentación jubilatoria”. De modo que no son todas malas noticias.