Los retos del régimen usurpador

Por Víctor Rodríguez Cedeño y Soranib Hernández de Deffendini

El país está sumergido en la tragedia más grande que ha vivido en toda su historia. Secuestrado por un régimen criminal, corrupto e inmoral que usurpa el poder, que participa abiertamente en actividades delictivas transnacionales como la corrupción, el lavado/blanqueo, extracción y tráfico de minerales estratégicos, apoyo al terrorismo, narcotráfico, en fin, actividades y políticas todas que ponen en peligro la paz y a la seguridad mundiales, lo que justificaría cualquier acción externa colectiva que detenga la barbarie, antes de que sea demasiado tarde.

La dictadura niega nuestros derechos, los viola sistemática y generalmente (crimen internacional), e impide a los órganos de control del sistema de protección regional de derechos humanos que nos visiten y que vean la realidad, la que tratan de esconder, cada vez con menos éxito, con discursos y programas a través de sus medios represivos. Los venezolanos tratamos de sobrevivir, dentro, buscando comida, medicinas, la seguridad, conservar la vida; fuera los millones que se desplazan buscan trabajo y lo encuentran, cambian de vida para salvarse junto a los suyos, para dar a sus hijos seguridades que se perdieron en el país.

Mientras tanto una Venezuela democrática representada por Juan Guaidó es recibida con honores en los principales centros de poder del mundo, lo que nos anima a todos, para seguir en la lucha porque esperanzas siempre hay y confianza en que saldremos pronto de esta pesadilla, también, cada vez más.

Al lado del éxito y de las incógnitas del regreso de Guaidó a Venezuela, nuestra nación sigue siendo atacada, por una parte, por acreedores y por distintos Estados que aprovechan la ausencia de una autoridad nacional legítima y soberana en el país; y por la otra, por la ocupación extranjera cubana, a la que poco le importa nuestro territorio, nuestra gente, nuestra dignidad, solo nuestras riquezas.

Aunado con este escenario, recientemente hemos tenido que afrontar demandas ante tribunales arbitrales por miles de millones de dólares, gracias a las arbitrariedades de un grupo de irresponsables, Hugo Chávez a la cabeza, el padre de esta tragedia. Los más altos representantes del régimen, por su parte, son objeto de denuncias ante la Corte Penal Internacional, bien fundamentadas, apoyadas en sólidos escritos de grupos de expertos y de organizaciones muy serias y responsables, que en algún momento les sorprenderá, con el inicio formal de la investigación de los hechos por la Fiscalía para establecer la responsabilidad penal internacional individual que corresponde a los autores de tales crímenes. No habrá impunidad, ni distinción de cargo, ni el cumplimiento de órdenes superiores como causas de exoneración de la responsabilidad; habrá justicia porque así lo piden las víctimas, sus familiares y toda la sociedad.

En la Corte Internacional de Justicia tenemos otro proceso indeseado, mal manejado por los usurpadores, incluso antes de que Guyana planteara la demanda ante ella. Años en medio de errores inducidos por la potencia dominante, Cuba; y por la ignorancia del usurpador. No hay mayor información oficial, solo que, como la mayoría pensante y nacionalista del país, el régimen usurpador considera también que la Corte no es competente y que en todo caso la demanda de Guyana es inadmisible y ello porque Venezuela nunca ha aceptado su jurisdicción.

El régimen no ha comparecido, y seguramente tampoco comparecerá en esta fase del proceso preliminar (audiencias orales). Ha sido su decisión. Ojalá estén seguros de que los argumentos que tenemos para obtener una decisión favorable, es decir, una decisión mediante la cual la Corte declare que no puede ejercer su jurisdicción, sean conocidos por los jueces, pues la Corte debe saber que Venezuela nunca ha aceptado su jurisdicción, ni expresa ni implícitamente, aunque reconozca al máximo Tribunal del sistema, por supuesto, como el órgano judicial principal de las Naciones Unidas.

El envío de la controversia a la Corte por el secretario general de las Naciones Unidas fue un error, un exceso del funcionario que debía conciliar/mediar entre las partes, acercarlas, para que se resolviera justa y equitativamente la controversia, sin pasar a una instancia jurisdiccional que no se había aceptado mutuamente en el Acuerdo de 1966, lo que se desprende de una interpretación adecuada del texto. No se agotaron todos los medios previstos en el Acuerdo y presionado por Guyana y otros, el señor Guterres tomó la decisión de enviarlo a la Corte, la que, en aplicación estricta de sus reglas, de su jurisprudencia y de toda la información recabada deberá definir, en primer lugar, si es o no competente y si la demanda es o no admisible.

Esperamos solo las audiencias de finales de marzo anunciadas por la Corte en Ordenanza reciente, a las que acudirán los guyaneses, pero seguramente no Venezuela. No se presentarán alegatos orales, lo que no quiere decir que la Corte desconozca nuestras posiciones y acepte los argumentos de Guyana, pues por muchos medios se les ha hecho llegar información válida y es obligación del tribunal estudiarla y considerarla antes de decidir esta primera fase y proceder a examinar el fondo. Después la Corte se retirará para deliberar y más tarde, dentro de algunos meses, anunciará su decisión preliminar.

La Asamblea Nacional, la presidencia interina, aunque el régimen usurpador ocupe aún la silla en las Naciones Unidas, debería reiterarle a la Corte la posición tradicional de Venezuela, rechazando su jurisdicción y que en todo caso la demanda de Guyana es inadmisible y en consecuencia tras esa decisión regresar al marco del acuerdo de Ginebra de 1966, para resolver pacíficamente la controversia en forma práctica, lo que el tribunal no puede hacer dada su condición de órgano judicial. No se trata de participar en el proceso, evidentemente; tampoco de actuar amicus curiae modalidad procesal que no existe en este contexto. Se trata más bien de aportar información por vías abiertas a la Corte y a sus miembros los argumentos venezolanos, lo que es absolutamente permitido. La Corte como órgano judicial, independientemente de que comparezca o no el demandado, deberá cerciorarse por sus propios medios y así lo establecen las reglas del tribunal, que es competente y la demanda es admisible para poder conocer el fondo de la demanda, lo que no parece fácil a pesar de la argumentación guyanesa que interpreta erróneamente el Acuerdo de 1966.

Los venezolanos, los medios, los analistas y expertos deberíamos centrar nuestros esfuerzos en referirnos solamente a esta primera fase procesal, y dejar de lado las cuestiones de fondo hasta que llegue el momento, si es que llega, de estudiar el fondo, es decir, la validez/nulidad del laudo de 1899. También deberíamos excluir las cuestiones políticas y los cuestionamientos al tribunal y a los jueces, opiniones que lejos de ayudar a comprender esta primera fase, la complican.