En mi anterior artículo, al analizar la gestión de Juan Guaidó, afirmé que “dos circunstancias comprometieron las reales posibilidades que tuvo la oposición democrática para alcanzar el poder y derrocar al ilegítimo régimen madurista durante el año que finaliza: su falta de unidad y la carencia de acciones tácticas para fortalecer una acertada estrategia”. La imposibilidad de presentarse unida ha sido su mayor debilidad, pero también ha influido su falta de capacidad para planificar y ejecutar acciones que limitaran los posibles errores y aseguraran el logro de los objetivos establecidos, desde el mismo momento en que Juan Guaidó se juramentó como encargado del poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución Nacional y convocó a nuestro pueblo, a la Fuerza Armada Nacional y a la comunidad internacional a enfrentar la usurpación de la presidencia de la República que ejerce Nicolás Maduro después de su ilegal elección, el 20 de mayo de 2018, convocada por la írrita Asamblea Nacional Constituyente, la cual impidió la participación de partidos opositores, la arbitraria inhabilitación de candidatos, el irrespeto de los lapsos electorales, un asfixiante abuso de poder, un inaceptable ventajismo, además de no ser reconocida por parte de la legítima Asamblea Nacional.
Juan Guaidó definió el problema político de ese momento con gran acierto, en la multitudinaria manifestación del 23 de Enero de este año, al declarar que él como presidente de la Asamblea Nacional, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución Nacional, asumía el poder Ejecutivo ante la usurpación de la presidencia de la República por Nicolás Maduro; pero resaltó, con gran prudencia, que para poner fin a la usurpación se requería “la sumatoria de la fuerza nacional e internacional”. En ese momento, los venezolanos asumimos que tan importante decisión había sido detalladamente planificada y coordinada. El reconocimiento de la legitimidad de Juan Giaidó por un importante grupo de gobiernos, entre ellos los Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima, así lo mostraban. Aparentemente, no fue así. Los fracasos ocurridos, en el concierto en Cúcuta, con el el ingreso de la ayuda humanitaria y las limitadas deserciones militares; el acto de desobediencia de algunos cuadros militares, el pasado 30 de abril, en la base de La Carlota; y el notorio debilitamiento de la movilización popular han demostrado fallas y contradicciones entre los principales actores nacionales e internacionales.
Estoy convencido de la urgente necesidad que tiene la oposición democrática de ratificar sus objetivos: fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres; pero también, de diseñar una adecuada estrategia y las acciones tácticas para lograrlos. El objetivo fundamental y el más difícil de alcanzar, es el fin de la usurpación. ¿Cómo se puede lograr ese objetivo? Sólo existen dos formas de actuar: la negociación y el uso de la fuerza. En cada una de ellas existen numerosas formas de acción. Lo corto del espacio de este artículo solo me permite analizar someramente aquellas que realmente parecen tener alguna posibilidad de desarrollarse en el actual escenario político venezolano. La negociación, hasta este momento, ha fracasado estruendosamente. La causa ha sido una y siempre la misma. El régimen madurista no se siente suficientemente amenazado para aceptar que Nicolás Maduro entregue la presidencia de la República y poner fin a la usurpación. Lamentablemente, todas las sanciones, sea cual sea su forma y contenido, no han sido suficientes. Algunos sectores políticos sostienen que lo conveniente, ante esta realidad, sería modificar el orden de las acciones. Otros, rechazan esta alternativa.
El uso de la fuerza es aún más complicado. Los actores pueden ser de carácter nacional o internacional. También pueden surgir alianzas entre fuerzas de distinto origen. Un posible y no descartable escenario es una intervención militar multilateral liderada por los Estados Unidos, Brasil y Colombia, con el respaldo del Grupo de Lima y la neutralidad de la Unión Europea. Es un error pensar que este posible escenario ha desaparecido totalmente. Es cierto que circunstancias nacionales particulares de esos países parecen haber alejado esa posibilidad, pero la amenazante política internacional del régimen madurista complica gravemente la situación de América Latina. Esa irresponsable conducta permite que se utilice a Venezuela para que potencias extra continentales, como Rusia, China, Irán, Turquía e India, así como organizaciones terroristas y del crimen organizado, logren alcanzar objetivos geopolíticos y económicos que difícilmente serán aceptados por los Estados Unidos y potencias medias como Brasil, México y Argentina. No olvidemos como Rusia utilizó a Cuba para alcanzar sus objetivos geopolíticos en el África. Esta compleja realidad debe ser estudiada a profundidad por la oposición democrática para dar una conveniente respuesta.
El uso de la fuerza a nivel nacional tiene varias vertientes: el institucional, el revolucionario y el anárquico. La violencia institucional, las tradicionales asonadas militares, tienen en Venezuela una sorprendente aceptación popular. Nuestro pueblo ha visto siempre a la Fuerza Armada Nacional como un importantísimo factor para la solución de las grandes crisis políticas. Esa ha sido una, entre otras, del prestigio alcanzado hasta 1988. Además, su rechazo a ser utilizadas por los gobiernos de turno para su beneficio político al mantener como tesis que la Fuerza Armada Nacional es una institución del Estado y no de un gobierno en particular. Estos valores tienen que ser recuperados por la oposición democrática mediante un mensaje institucional que rechace la absurda tesis de la “unión cívico militar” y fortalezca los valores del profesionalismo militar. La violencia revolucionaria dejó de tener vigencia en Venezuela desde los primeros años del siglo XX. Esa fue una de las razones del estruendoso fracaso de la guerrilla fidelista en la década de los sesenta. Así mismo, la violencia anárquica debe ser rechazada con gran fuerza y eficiencia. Por último, creo que a la oposición democrática se le presentará, a partir del próximo 5 de enero, con la reelección de Juan Guaidó una gran oportunidad para reflexionar sobre las acciones y repuestas más convenientes para garantizar el logro de los objetivos propuestos en la estrategia opositora en beneficio de nuestro explotado y maltratado pueblo.
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