En Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua existen presos políticos certificados por organizaciones de defensa de derechos humanos y por la prensa. Son mujeres y hombres, líderes políticos, cívicos y sindicales, son militares y policías, son seres humanos que sufren torturas, sometidos por la violencia de las dictaduras. Los presos políticos del castrochavismo son prueba de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, pero también son víctimas de la actitud impasible de organismos internacionales, líderes y gobiernos democráticos que los ignoran como invisibles.
El método castrista de “judicializar la persecución política y la disidencia” que fue ejercitado desde los primeros días del oprobio contra el pueblo cubano con juzgamientos sumarísimos y fusilamientos, se ha institucionalizado en el siglo XXI como metodología castrochavista en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y en Ecuador con Correa. Consiste en acusar a la víctima como autor de crímenes que nunca cometió o achacarle crímenes que cometieron los miembros del régimen, falsificando pruebas y sometiéndolo a fiscales y jueces que son verdugos, en procedimientos que son un crimen de violación del “debido proceso”, la “presunción de inocencia”, la “igualdad jurídica”, el “juez imparcial”, la “irretroactividad de la ley” y cuyo resultado es la condena previamente ordenada.
La judicialización de la persecución política es crimen, un concurso delictivo real integrado por delitos de falsificación material, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, acusación y denuncias falsas, consorcio delictivo, delitos contra la fe pública, prevaricatos, detenciones arbitrarias, tortura y más. Todos estos delitos institucionalizados bajo el poder del Estado y apoyados en “leyes infames” (que violan los derechos humanos). Es “crímen de lesa humanidad” y “terrorismo de Estado”.
En Cuba después de las manifestaciones populares del 11 de julio (11-J) en las que el pueblo pidió “libertad, patria y vida”, los 134 presos políticos certificados a enero de 2021 llegaron a mas de 1.000. Prisoners Defenders señala 272 presos políticos adicionales a la fecha. La dictadura de Cuba ha optado por detenciones domiciliarias para reducir el número de presos políticos en estadística, enviando a centenas de sus víctimas a sus casas bajo el régimen de control y detenciones recurrentes o rotativas, la corresponsal de ABC Camila Acosta es una de estas víctimas.
En Venezuela, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos ofrece una lista de más de 467 presos políticos de los que 157 son militares. El Foro Penal Venezolano al 16 de agosto de 2021 certifica 265 presos políticos, de los cuales 134 son militares, denunciando que “no se puede seguir utilizando a los presos políticos como fichas de negociación”. CNN Chile en reportaje a Francisco Cox de la misión de la ONU, anuncia un informe refiriendo “detenciones arbitrarias, desaparición forzada, torturas y ejecuciones extrajudiciales” como ejemplos de cómo la dictadura venezolana vulnera los derechos humanos.
En Bolivia se acaba de sufrir el intento de suicidio de la expresidenta Jeanine Áñez, la presa política más notoria del régimen. La dictadura ha falseado esta grave situación como “rasguños autoperpetrados”. Según reporta el Nuevo Herald, la señora Añez ha expresado luego: “ya no quiero vivir….ya no quiero mas medicamentos que no se cuales son, pido por favor a mis carceleros que me digan que estoy tomando”; lo que prueba tortura. Global Human Rights League, como lista parcial al 24 de agosto 2021, certifica la existencia de 37 presos políticos en Bolivia de los cuales 10 son militares y 3 policías.
En Nicaragua hay al menos 156 presos políticos según reportaje de Infobae basado en el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Son presos notorios los candidatos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Feliz Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, apresados para impedir su participación en las elecciones del próximo 7 de noviembre. Periodistas, empresarios, líderes cívicos y ciudadanos conforman la lista de 139 nicaragüenses previamente presos políticos en el contexto de abril de 2018.
Sin excepciones, estos presos políticos de las dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo no cuentan hasta ahora como la prueba que debería impedir las relaciones de las democracias con los regímenes dictatoriales; son personas que no existen para los organismos económicos que siguen dando dinero y facilidades a tales dictaduras; no se toman en cuenta siquiera para que el Tribunal Penal Internacional cumpla sus obligaciones respecto a los dictadores. Son presos políticos que no pueden seguir siendo tratados como invisibles.
Artículo publicado en Infobae.com
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