Hace poco, me topé con una frase que me ha permitido ampliar esta idea: “los líderes populistas aman la comunicación y usan de forma amplia las plataformas de los mass media; pero de forma paradójica detestan el periodismo: no toleran los cuestionamientos que el periodismo le hace al poder”.
Casos de la tensa interacción entre los presidentes y la prensa parecen trascender fronteras geográficas e ideológicas. En Brasil, Estados Unidos y México, vemos un contrapunto entre sus presidentes y sus principales medios masivos, particularmente la prensa.
Más allá de las habituales etiquetas de izquierda y derecha, presenciamos varias afinidades por el carácter populista de los líderes de esos tres países. Su discurso nacionalista, ser figuras que trascendieron el sistema tradicional de partidos y su capacidad de propagar mensajes, a veces muy polémicos, es lo que indudablemente tienen en común los presidentes Donald Trump (Estados Unidos), Jair Bolsonaro (Brasil) y Andrés Manuel López Obrador (México).
Ahora también tienen en común su descontento con la prensa.
Donald Trump ha tomado la decisión de que los dos diarios más emblemáticos de ese país, The New York Times y The Washington Post, ya no estén más en la Casa Blanca.
Ha decidido romper Trump una tradición. La Casa Blanca, como cualquier sede presidencial, está suscrita a diversas fuentes de información. Llegan cada día miles de revistas y diarios y eso es lo normal. Así funciona. Los centros de poder deben estar informados y una de sus fuentes es precisamente la prensa, sin importar su línea editorial.
La orden de Trump, ya una decisión ejecutiva, privará de acceso a esos dos diarios no sólo al personal de la Casa Blanca sino a las agencias federales de Estados Unidos. Ni en la época de más encono, cuando The Washington Post hizo revelaciones sobre manejos irregulares por parte de la presidencia de Richard Nixon, que finalmente llevaron a su renuncia para evitar impugnación y juicio, ni siquiera en esos años de 1970, se tomó una medida de este tipo.
La decisión de Trump tuvo lugar el 24 de octubre. Una semana después, el día 31, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tomaba una medida similar contra uno de los más respetados periódicos de ese país, Fohla de São Paulo.
«Espero que no me acusen de censura”, dijo Bolsonaro y aun así dio libertad a los funcionarios oficiales para que compraran de forma personal este diario, pero aseguró que no se destinarían fondos públicos para pagar suscripciones: “No quiero saber nada de Fohla de São Paulo; leer Fohla de São Paulo envenena mi gobierno”. Esas decisiones ejecutivas de cancelar suscripciones, en el caso de Brasil, fueron seguidas de una velada amenaza de suspender la publicidad gubernamental.
Por su parte, Trump acusa a los diarios tradicionales de Estados Unidos de no publicar información sino reproducir fake news contra su administración.
Entretanto, en México, cada día con sus alocuciones matutinas, el presidente López Obrador coloca en el banquillo de los acusados a periodistas y prensa. Expresiones como “fifí” (de la clase alta), “chayoteros” (que reciben dinero para hacer publicaciones), “conservadores”, “vendidos”, “prensa oligárquica”, “enemigos del pueblo”, “seres deshonestos”, son algunas de las utilizadas por López Obrador para referirse a la prensa.
Este 6 de noviembre, tras ser interpelado por la ONG Artículo 19, López Obrador aseveró que él no insultaba a los periodistas y que los veía, en realidad, como adversarios.
En una visita reciente a México, pude constatar que se han suprimido los avisos gubernamentales de la prensa escrita, especialmente de aquella crítica a López Obrador. El presidente mexicano la señala de forma directa, como ha sido el caso del diario Reforma.
Este debate no es sólo discursivo. En la medida en que los presidentes toman decisiones administrativas, podemos evaluarlas desde una perspectiva del derecho a la libertad de expresión e información.
Las decisiones que hemos mencionado son en primer lugar discriminatorias, ya que están dirigidas de forma particular a algunos periódicos. Al cancelar las suscripciones o suspender la publicidad gubernamental, sencillamente se busca sancionar una línea editorial que no les agrada a los presidentes.
Más allá de la discriminación, estamos ante una manera también populista de manejar la administración pública. El dinero público, sea en Estados Unidos, México o Brasil, con el que se pagan las suscripciones a los medios de comunicación o la publicidad oficial, no es la chequera personal del presidente.
Estas reacciones pueriles de Trump, Bolsonaro o López Obrador son muy similares a las presenciadas hace años de otro presidente populista, Hugo Chávez, también conocido por su intolerancia a la prensa crítica en Venezuela.
La denominada hegemonía comunicacional, política oficial en Venezuela, ha tenido un enorme éxito en literalmente acallar las voces críticas bajo la administración de Nicolás Maduro. En años recientes, más de 50 periódicos cesaron sus ediciones impresas, cambiaron de frecuencia de circulación (pasando a ser semanarios) o redujeron drásticamente sus páginas y su volumen de tiraje por no tener acceso al papel periódico, cuya importación pasó a ser un monopolio del Estado.
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