En otros artículos publicados en este medio hemos explicado cómo a partir de la Constitución de 1999 en Venezuela desapareció el Estado nacional para dar paso a una nueva estructura de poder que hemos caracterizado como el Estado chavista. Esta definición no es semántica sino más bien política e intenta explicar al Estado chavista partiendo de sus propios elementos constitutivos y sus políticas. Por supuesto, pueden existir otras formas para caracterizar al Estado chavista que habría que debatir. En lo que sí vamos a seguir insistiendo es en la necesidad de partir de una cateterización del Estado realmente existente como condición previa a la definición de una política para confrontarlo.
La ausencia de esta definición o quizás su planteamiento equivocado es lo que en buena medida explica la bancarrota política de la falsa oposición que, en todas sus versiones desde 1999, ha insistido en la vía electoral como la única para sacar al chavismo del poder. Esta postura acepta de entrada la vigencia de la Constitución de 1999 y se somete a la regulación de los órganos del estado chavista. La falsa oposición considera que es posible participar electoralmente de acuerdo a las reglas de juego del Estado chavista para intentar derrotarlo desde adentro o con sus propias armas si se quiere. Nosotros hemos argumentado en contra de esa postura por considerarla una ilusión mientras sea el Estado chavista el que controle todas las instancias del proceso.
La vía electoral no solo es la forma que le permite al régimen darse un baño de democracia ante el resto del mundo, también se ha convertido en el modus vivendi de operadores políticos que saben muy bien que el resultado mayoritario será finalmente adjudicado al chavismo, pero que viven de los negocios que genera la industria electoral.
El chavismo hace mucho tiempo perdió el apoyo popular. No volveremos a ver esas concentraciones masivas que en su momento hizo Chávez en la avenida Bolívar de Caracas. El problema es que dentro del Estado chavista no hay una forma democrática y legal para demostrarlo. Existe un Consejo Nacional Electoral que fabrica resultados a conveniencia para darle verosimilitud a las elecciones y en varios casos le adjudica cargos a la falsa oposición como prueba que el sistema funciona. Esas concesiones pueden ocurrir en diferentes tipos de elección como las de alcaldes, concejales, gobernadores y diputados pero no ocurrirá para la elección del Presidente de la República porque de lo que se trata es de mantener el control del Estado y de su cabeza de gobierno.
Aun a pesar de tener abundante evidencia de que el chavismo agotará todas las “vías legales” para no entregar el poder la falsa oposición siempre se entretiene y fantasea con la idea de una derrota electoral del chavismo y un gobierno de transición que le respete al chavismo sus estructuras. Así como el chavismo tiene que dar la pura impresión de una apariencia democrática, la falsa oposición por su parte necesita hacer verosímil la idea que esta vez sí podrá derrotar al chavismo con votos. Este juego de apariencias y engaños ha disuelto opciones políticas reales y viables para sacar al chavismo del poder.
Pero, ¿cómo explicar que el chavismo siga mandando en Venezuela si carece de apoyo popular? Si hubiese una elección limpia y honesta organizada en forma independiente el chavismo no ganaría ni una junta de condominio. Pero no es así porque en esta fase del proceso el Estado chavista puede prescindir del apoyo popular siempre y cuando mantenga las apariencias democráticas y si y sólo si las verdaderas estructuras en las cuales se apoya se mantienen alineadas.
La pseudo legalidad del Estado chavista necesita para sostenerse y operar estructuras electorales, militares y judiciales. Sin ellas el régimen que tiene la virtud de sostenerse a sí mismo se vendría abajo cual castillo de naipes. Ya hemos hablado sobre el poder electoral. Veamos las otras dos.
Las fuerzas armadas del Estado chavista no están orientadas a defender las fronteras o garantizar el orden público. Estas actúan más bien como el brazo armado del régimen para aplastar brutalmente toda disidencia civil o militar. Desde el punto de vista institucional se trata de un cuerpo que se ha desnaturalizado y tiene que hacer concesiones clientelares a los grupos internos que allí operan para tratar de conservar cierta cohesión.
En Venezuela tampoco hay un poder judicial independiente. Hay jueces y tribunales chavistas que interpretan y ejecutan la pseudo legalidad que ampara al régimen con decisiones a la carta. En lo político no hay forma de acudir a estos tribunales para hacer valer garantías ciudadanas. En materia civil y mercantil la corrupción es la norma al punto que las sentencias de los tribunales chavistas no se dictan sino que se venden.
Al igual que con las fuerzas militares los tribunales chavistas han degenerado en un poder judicial desprofesionalizado y deteriorado al cual se entra y se asciende por el grado de lealtad con el régimen. El resultado son sentencias contradictorias, jueces corruptos y la negación de justicia en el más absoluto caos. Es posible que esto cambie ligeramente en los próximos meses y veamos un reciclaje de nombres como paso previo a la maroma que está preparando el régimen chavista en connivencia con la Corte Penal Internacional y dar una imagen potable hacia el exterior de un órgano judicial totalmente podrido por dentro.
En suma, el Estado chavista no necesita de apoyo popular para seguir en el poder. Solo le basta contar con un órgano electoral que fabrique resultados a la medida, una estructura judicial que refrende legalmente las decisiones de los jerarcas del régimen y unas fuerzas militares dispuestas a usar la violencia para imponer a sangre y fuego esas decisiones. Solo la quiebra de uno o dos de estos pilares permitirá un verdadero cambio político, pero en cualquier combinación siempre tendría que estar el pilar militar. @humbertotweets