Los peligros del colapso del Estado venezolano

En su afán de mantenerse en el poder a toda costa, el gobierno de Nicolás Maduro ha desmantelado la institucionalidad del país y ha violado, de manera sistemática, las leyes y la Constitución, que constituyen el marco jurídico de actuación del Estado.

Cuando el gobierno convierte la violación de la Constitución y leyes de la República en su norma de actuación, entonces la actuación de los distintos órganos y poderes del Estado quedan al garete, cada quien actúa por su cuenta, haciendo lo que Maduro quiera, sin ningún tipo de control, rendición de cuentas, en el más absoluto secreto, con una opinión pública silenciada por el miedo y partidos políticos hechos a la medida de las necesidades del madurismo, actuando siempre de espaldas al pueblo.

El gobierno ha cedido la conducción del país a los poderes fácticos, tanto de sus propios grupos económicos, empresarios, políticos y militares devenidos ahora en una nueva élite de poder, como los tradicionales representados en Fedecámaras. Entre ellos se han repartido el país, es para ellos que gobierna Maduro.

Pero ello no es suficiente, el gobierno necesita apoyo internacional para salir de su aislamiento, para oxigenarse y buscar afuera, como si eso fuese posible, una legitimidad de la que carece dentro.

Para ello, el gobierno ha negociado nuestra soberanía económica y territorial. A Maduro no le importa entregar el petróleo, vender Pdvsa y demás empresas del Estado, perder el Esequibo, crear Zonas Económicas “Especiales” donde no se aplican las leyes de la República o entregar el Arco Minero al saqueo y destrucción, si con ello se mantiene en el poder.

Es un Estado disfuncional, que ha colapsado por el peso de los intereses grupales y mezquinos de los diversos sectores civiles y militares que han secuestrado el poder y que hacen con el país lo que les da la gana. No hay Constitución, ni ley que valga, no hay pueblo, no hay partidos políticos, no hay rendición de cuentas, lo que hay es abuso de poder, miedo, indolencia y represión.

Esta disfuncionalidad y colapso del Estado se refleja en la actuación de los altos funcionarios y, lo que es más peligroso, en las acciones del gobierno, pues con estas no solo se decide la calidad y tipo de vida de todos los venezolanos, de la sociedad que tenemos, sino que se compromete el futuro del país.

Cuando un jefe de Estado, es decir, el presidente de la República, se ausenta de actos tan importantes, como el desfile del 24 de Junio, conmemoración del 201 Aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano, o cuando se ausenta del desfile del 5 de Julio, conmemoración del Día de la Independencia, pero además se hace representar por un “muñeco inflable” –una burda caricatura de sí mismo–, entonces sabemos con certeza, que algo está muy mal en el funcionamiento del Estado.

El presidente de la República, que de acuerdo con la Constitución debe actuar como jefe del Estado, hace tiempo que perdió el sentido de sus altas responsabilidades. En una mezcla de incapacidad, flojera y envilecimiento, ha cedido sus competencias a otros, no se sabe con certeza quién gobierna en Miraflores.

Preso de ataques de pánico, de todo tipo de delirios y una inmensa inseguridad, Maduro se mantiene escondido, no es capaz de salir a la calle, a ningún tipo de acto popular. Solo asiste a eventos cerrados, rodeado de una desproporcionada seguridad y, en el caso de los actos militares, ataviado con un traje que pretende ser militar pero que no se corresponde, ni con nuestra cultura, ni con la solemnidad de nuestras instituciones, inherente a un poder civil, electo por el pueblo.

Lo peligroso no es que Maduro quiera convertirse en un “Superman de pacotilla” para manipular a nuestros niños en las escuelas; ni quiera disfrazarse de Kim Il-sung o Pol Pot –con el perdón de estos–, para transmitir una imagen de autoridad que nadie le reconoce, que no tiene; ni que hable en los discursos y actos públicos, desde algún sitio remoto, en unas entonaciones grandilocuentes, como si se tratara de la película de El mago de Oz, todo lo cual es muy grave en la actuación de un jefe del Estado. Pero, a lo que todo el país debe estar muy atento, y lo que debe ser un llamado de alerta a las fuerzas políticas, sociales y militares, que aún nos quedan en el país, es que esa errática conducta personal del jefe del Estado, se refleja y reproduce en todo el gobierno y sus distintas esferas de actuación.

Del lado del Ejecutivo, allí manda cualquiera: desde Delcy Rodríguez o Cilia Flores –que funge de vicepresidente en la sombra– hasta una pléyade de ministros y altos funcionarios, absolutamente desconocidos y anodinos, los cuales uno no termina de entender de dónde salieron o por qué están allí. La mayoría de ellos reciben y cumplen órdenes, sin ejecutoria propia; otros sencillamente hacen “lo que les da la gana” y tienen capacidad de accionar en contra de los intereses del país. Todos ellos tienen la facultad de desaplicar leyes, ignorarlas o violarlas. No le rinden cuentas a nadie, ni existen mecanismos de contrapeso o regulación de su accionar.

Si vamos al Poder Legislativo, encontramos que Jorge Rodríguez, el hermano guía de Delcy Rodríguez, maneja a su antojo la Asamblea Nacional y sus diputados, sean del partido que sea; aprueban leyes inconstitucionales y entreguistas, como la recientemente promulgada Ley de las Zonas Económicas Especiales, la cual, no solo es un adefesio violatorio de la Constitución, de  nuestra soberanía y de los derechos de los trabajadores venezolanos, sino que es un retroceso, a los rincones más oscuros del capitalismo salvaje, para entregar nuestras empresas y riquezas nacionales al saqueo de los insaciables grupos económicos que sostienen al madurismo, convirtiéndolos en mano de obra esclava. Jorge Rodríguez, maneja la Asamblea Nacional como un pequeño reyezuelo, copia y calco de la actitud de Maduro en Miraflores, atropellando al diputado del Partido Comunista Oscar Figuera, quien es objeto de todo tipo de vejaciones y violaciones de su investidura de parlamentario electo por el pueblo, ante el silencio unánime y cómplice de una Asamblea Nacional, donde los diputados del PSUV, alacranes y todo tipo de oportunistas de la oposición fabricada por Maduro, solo levantan la mano y aprueban lo que sea. La Asamblea se ha convertido en el paredón de fusilamiento de Chávez, donde por cierto es abismal el silencio del jefe de la Fracción Parlamentaria del PSUV, convertido en segundón del madurismo.

Pero, el colapso del Estado, más allá de la actuación de sus máximos representantes, tiene consecuencias muy graves para la cotidianidad del venezolano y para el futuro de nuestro país.

Con la misma facilidad con la que el presidente evade sus responsabilidades institucionales, y manda un “muñeco inflable” a un desfile, han entregado nuestra economía a los sectores más especulativos y voraces del capital.

En 2014, Nicolás Maduro y el entonces vicepresidente Arreaza –nefasto personaje que ha medrado en el poder con apellido prestado–, decidieron desechar las propuestas del Equipo Económico de Chávez, para ceder ante las presiones de los empresarios y grupos de poder, representados en el gobierno por Erick Malpica, Simón Zerpa y Alejandro Fleming.

Para sostener una política cambiaria que ya en ese momento no tenía sentido, tal como lo dijimos una y otra vez, Maduro y su “equipo” prefirieron saquear las reservas del Estado: Fonden, Fondo Chino, Pdvsa e, incluso, los Fondos de Pensiones de los trabajadores de la industria, para sostener una política cambiaria que le generó inmensas fortunas a los “bolichicos”, empresarios y dueños de televisión que apoyan a Maduro. Pero además, pagaron más de 70.000 millones de dólares en deuda a los privados, sin siquiera pasar por el debido proceso de verificación, despojando al país de los recursos que estaban disponibles, para luego prácticamente duplicar la deuda con los chinos comprometiendo el grueso de nuestras exportaciones petroleras. Hasta al oro de las reservas internacionales le metieron mano, en una errática y entreguista política económica.

El 28 de enero de 2018, cuando Maduro anuncia al país su “Paquetazo Económico” y la dolarización de la economía, que ha empobrecido a nuestro pueblo, estaba reconociendo que él (responsable de la Hacienda Pública según nuestra Constitución) le entregaba la economía a los poderosos intereses privados que lo sostenían en el poder.

Pero, así como el presidente se ausenta de los desfiles militares y evade sus responsabilidades en el manejo de la economía, Maduro hizo lo propio con el Territorio Esequibo y el Diferendo con Guyana.

Tal como la avestruz, Maduro “metió la cabeza bajo la tierra”. No quiso escuchar, ni ver lo que sucedía con el Esequibo ante sus propios ojos y delegó a Delcy Rodríguez, entonces canciller, junto con Samuel Moncada, el manejo desde Caracas de un asunto tan delicado como este. Ellos impidieron, “ex profeso”, que hiciéramos algo desde la ONU, para, justamente, no hacer nada, pues buscaban un acuerdo secreto con la Exxon Mobil.

El expresidente de Guyana David Granger, político agresivo, instrumento de las transnacionales petroleras, le habló duro a Maduro en la ONU y lo arrinconó frente al secretario general, Ban Ki-moon; Maduro no atinó a decir ni hacer nada; la ONU se cansó de esperar por el visto bueno del gobierno venezolano para designar un “buen oficiante” de acuerdo al mecanismo de Ginebra, por lo que el secretario general  de la ONU, Antonio Gutérres, envió el asunto a la Corte Internacional de Justicia. Hoy día, la Exxon Mobil y otras transnacionales petroleras, entre ellas, la china CNOOC, producen más de 150.000  barriles diarios de petróleo y han anunciado que llegarán a 340.000 barriles diarios para el tercer trimestre del año; un petróleo que está en aguas del Territorio Esequibo, y que podría ser nuestro. Pero además, la masiva presencia de Guyana y las transnacionales en aguas del Esequibo bloquean nuestra salida al Atlántico, ante el silencio incomprensible de nuestras Fuerzas Armadas.

Quizás, la postura más genuflexa del gobierno y el colapso del Estado se refleja en la reacción de este a las sanciones norteamericanas.

Muchos países han sido sancionados por Estados Unidos; incluidas Venezuela y Pdvsa, en  2010, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez. En ese momento, ante esta medida coercitiva, la postura del presidente Chávez fue profundizar nuestro modelo socialista y en Pdvsa nuestra respuesta fue aumentar nuestras capacidades operativas y diversificar nuestros suministros tecnológicos, de tal manera que tales sanciones no afectaron ni siquiera un barril de petróleo de nuestra producción y por supuesto, no afectaron la economía del  país.

Igual, podríamos mencionar los casos de Cuba, bloqueada completamente desde hace 70 años; Irán, con sanciones desde 1979; y, más recientemente, Rusia, sujeta a masivas sanciones económicas, por la invasión de Ucrania.

Pero ninguno de estos gobiernos entregaron ni su soberanía, ni sus empresas, ni sus conquistas políticas y sociales, mucho menos renunciaron a su modelo político; al contrario, como reacción a las sanciones, se fortalecieron muchos más en sus propias capacidades; y, allí se mantienen, sin ceder un centímetro en sus posturas, a pesar de la gravedad de estas medidas coercitivas.  El caso más cercano y heroico es la postura del comandante Fidel Castro y la Revolución cubana.

Por ello, en las Naciones Unidas y en los círculos de política internacional se argumenta que las sanciones solo afectan a los pueblos  y no producen cambios políticos en los países sujetas a ellas, por lo cual es considerado un mecanismo punitivo e inefectivo.

Esto fue así hasta que las sanciones llegaron hasta Maduro y su gobierno.

Resulta que el gobierno, sujeto a sanciones personales a sus altos funcionarios y sanciones económicas, que no tienen nada que ver con las de Cuba, Irán o Rusia, ha tomado la excusa de las mismas para entregar toda la economía de nuestro país y condicionar sus decisiones políticas.

Contradictoriamente al discurso oficial, los años de entrega de la economía, lo más agudo de la crisis económica y social y la imposición del paquetazo económico que ha empobrecido al pueblo venezolano, no tienen nada que ver con las sanciones. La entrega y el colapso de Pdvsa se produjeron antes de las sanciones de 2019.

Pero el gobierno de Maduro ante las sanciones y el hostigamiento internacional no fue capaz de defender al país, su economía, ni las leyes. Al contrario de la postura de Chávez en 2010, Maduro “pegó la carrera” y su gobierno ha venido entregando, sucesivamente, nuestra economía y nuestro territorio, violando nuestras leyes y la Constitución.

Las sanciones han sido la excusa perfecta del gobierno. Ahora todo es culpa de las sanciones, extrañas sanciones que vienen acompañadas de bodegones, hoteles de lujo, casinos y un largo etcétera. Con esta excusa, el gobierno enmascara su incapacidad y su política entreguista. Sobre todo es el discurso perfecto para una izquierda enajenada que está dispuesta a creer cualquier cosa o mantener silencio ante lo que sucede en el país.

El caso más grave para el país, por sus importantes implicaciones, es el petrolero. El gobierno ha venido entregando Pdvsa y el petróleo, al interés privado, derogando la política de Plena Soberanía Petrolera de Chávez, violando la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Constitución; todo lo ha hecho en secreto y ha sido un fracaso. El país está en los mismos niveles de producción de la década de 1930 y 1940; un retroceso abismal en nuestras capacidades petroleras. A pesar de la propaganda del gobierno y de estar mezclando con crudo iraní, el último reporte de la OPEP ubicó los niveles de producción del país en 717 MBD, una caída de 2,3 millones MBD con respecto a nuestra producción de 2013. ¡Una verdadera debacle!

Pero ahora, el gobierno negocia en secreto con Chevron, de espaldas al país, y sin rendirles cuentas a nadie. El ministro Tareck el Aissami, no se sabe si recibiendo órdenes de Maduro o de Delcy, o de ambos, negocia con el responsable de esa empresa en Venezuela, Javier La Rosa, nada más y nada menos que la derogación de nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos, para entregarle el control de las operaciones petroleras a la empresa transnacional.

El ministro de Petróleo negocia directamente con un empresario petrolero la violación, no solo de una Ley Orgánica de la República, sino de la reserva que hace la Constitución al control del Estado sobre el petróleo. Es decir, estos señores pretenden borrar “de un plumazo” lo que ha sido la Doctrina Venezolana en relación con el petróleo, que viene desde el Decreto del Libertador de 1829, la cual establece que los yacimientos minerales y de hidrocarburos pertenecen al Estado, como único representante del interés de los venezolanos. Una verdadera insensatez, un acto de traición a la patria, todo de espaldas al pueblo venezolano.

Nadie dice nada, nadie pregunta, nadie cuestiona, no hay espacio para discutir esto en la Asamblea Nacional, ni se puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, como se hizo en la IV República para denunciar la “apertura petrolera”.

Mientras tanto, las agencias internacionales, opinadores y representantes de los intereses transnacionales en el país, argumentan lo “conveniente” de dejar que las transnacionales controlen nuestro petróleo y lo “chévere” que sería volver a la época de Juan Vicente Gómez. Un país tutelado.

El gobierno militar, con el general en jefe Padrino López –que ha estado en el Ministerio de la Defensa casi el mismo tiempo que Pérez Jiménez en el gobierno–, no dice nada, no cuestiona, no pregunta; ha abdicado, renunciado, a su responsabilidad de defender la Soberanía Nacional, concepto central de la Doctrina Bolivariana y de la Constitución.

Lo peligroso del colapso del Estado venezolano, es que el país, no tiene instituciones que defiendan la ley y la Constitución, el gobierno no quiere, ni está en capacidad de cumplir su obligación de tutela de los intereses generales.

Las instituciones están desmanteladas, los partidos políticos no existen, la oposición pactó con el gobierno, no dice nada. No hay una opción patriota y revolucionaria en la calle, hay que construirla urgentemente.

La actitud de “dejar hacer, dejar pasar”, de ver hacia otro lado, y de paralización, por el miedo, el terror; y por el individualismo, del “sálvese quien pueda”, ha costado muy caro al pueblo venezolano, y comprometido nuestra soberanía nacional y la integridad de nuestro país.

Por ello, insisto, en que, a pesar de todos los problemas y las dificultades, hay que poner una opción chavista en la calle, y más allá de ella, una opción patriota, popular, comprometida con los intereses del país, que sea capaz de abarcar a todos los movimientos y fuerzas políticas y sociales, para detener la entrega de la patria y el futuro de nuestro pueblo.