Han pasado pocos días desde el triunfo electoral, y ya el presidente electo Donald Trump comienza a mostrar la poderosa batería de ‘misiles’ políticos que está preparando para enfrentar al régimen venezolano y que podrían forzar una transición democrática y pacífica. En tal sentido ha designado cargos de gran poder que muestran el camino que seguirá y el calibre de las acciones que emprenderá en su segundo mandato.
Como preparación, el senador Rick Scott informó de que podría convocar sesiones extraordinarias del Congreso, para poder considerar los nombramientos que requieren de su aprobación, «pues no hay tiempo que perder».
Hasta la fecha, Trump ya designó algunos puestos cruciales que tienen significativo impacto con relación a Venezuela; por ejemplo, el nombramiento del congresista de Florida, Mike Waltz para que asuma la responsabilidad como asesor principal en Seguridad Nacional para asuntos relevantes como la guerra Rusia-Ucrania, la tenebrosa alianza de Corea del Norte con Moscú, el candente conflicto Irán-Israel y los grupos terroristas en Oriente Medio, y las tensiones entre China y Taiwán.
Waltz es muy conocido por su dura posición contra China, pero tiene un conocimiento tan cercano de la situación en Venezuela que, en meses pasados, presentó un proyecto de ley denominado «Ley Bolívar» cuyo objetivo principal es prohibir las operaciones comerciales y cualquier contrato de negocios con el régimen de Nicolás Maduro, al cual definió como «ilegítimo y autoritario». Esta ley tiene apoyo bipartidista y podría ser aprobada cuando se reanuden las actividades del Congreso.
Las palabras de Waltz sobre Venezuela y su régimen son lapidarias. El congresista declaró que «el régimen ha manipulado las recientes elecciones presidenciales declarando, falsamente, su victoria. Mientras digo esto, miles de venezolanos han sido detenidos por denunciar esta injusticia, y el legítimo presidente electo de Venezuela ha sido exilado a España. Estados Unidos debe demostrar su solidaridad con la valiente oposición democrática, mientras intentan trazar un nuevo camino a seguir, y debemos negar al régimen de Maduro cualquier recurso que pueda utilizar para continuar con su opresión al pueblo venezolano y causando tanta perturbación en el hemisferio».
Un segundo nombramiento fue el de Tom Homan, el cual se volverá a encargar de la Oficina de Fronteras y adelantará las políticas de inmigración y contra el narcotráfico, poniendo énfasis en los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación entre otros, los cuales, como es bien sabido, mantienen vínculos estrechos y operan junto con el Cartel de Los Soles en Venezuela y los carteles colombianos de las FARC y el ELN.
Otro nombramiento clave es el de Kristi Noem, actual gobernadora de Dakota del Sur, como jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, y de los vínculos con el Servicio Secreto y las 18 diferentes agencias de seguridad con las que cuenta el país. Noem, está también muy familiarizada con la crisis migratoria propiciada por Maduro, y en marzo pasado publicó en sus redes sociales, advirtiendo sobre la necesidad de detener la práctica de la dictadura de liberar delincuentes de las cárceles para enviarlos a los Estados Unidos; al respecto dijo, tajantemente, «esto tiene que cambiar».
Como detalle, fue esta agencia de seguridad la que detuvo y confiscó recientemente, el avión de Nicolás Maduro, ubicado en República Dominicana, y ha actuado en diversos casos de crímenes financieros que involucraron a operadores y funcionarios civiles y militares del Gobierno venezolano y que forman parte de su red de corrupción.
Pero es el nombramiento del senador cubano-americano Marco Rubio como secretario de Estado del Gobierno de Trump, el arma de mayor calibre con la que contará su Administración para enfrentar la compleja situación geopolítica que le toca manejar, y en particular, será la pesadilla de los casos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y pronto el de Bolivia, en la región.
Rubio es, quizás, el más fuerte crítico del Gobierno de Maduro en Washington. Uno de sus duros comentarios fue que «el Gobierno de Maduro no es una dictadura sudamericana típica, sino un consorcio criminal formado por militares de alto rango y funcionarios de alto nivel del Gobierno, implicados en una serie de operaciones ilícitas que van desde el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, hasta el contrabando de oro y la malversación de fondos gubernamentales».
Aquí es bueno recordar que el monto de la malversación de fondos en Venezuela y el saqueo del erario público en los últimos 25 años, ha alcanzado la obscena cifra de 600.000 millones de dólares.
Durante años, el senador Rubio ha sido miembro de un selecto grupo de congresista, conocido como «el grupo de los ocho» que tiene derecho y privilegio de acceso a «información ultra confidencial», proveniente de todas las agencias de seguridad, sobre temas cruciales para Estados Unidos, incluyendo las intimidades de los gobiernos y particularmente el de Venezuela. Eso lo convierte en uno de los congresistas mejor informados acerca de la verdadera naturaleza del régimen de Maduro.
Tampoco ha sido tímido al expresar sus opiniones y en una ocasión, en julio pasado, anunció que estaba buscando apoyo para «convertir a Maduro y a Diosdado en los nuevos residentes del sistema federal de prisiones de los Estados Unidos». Ya en 2022 pidió al fiscal general de su nación que solicitara de Interpol una «alerta roja» para la captura de Maduro.
Así pues, todos estos nombramientos y el que se espera de la subsecretaría de Estado para Iberoamérica, serán «misiles gringos» que tendrán un papel clave en las políticas y acciones que vendrán contra el régimen venezolano.
Originalmente publicado en el diario El Debate de España