“El talento sin probidad es un azote”. Simón Bolívar
Los delitos de delincuencia organizada, corrupción y narcotráfico, entre muchos más, así como las violaciones de los derechos humanos, se han incrementado de tal manera en Venezuela que lamentablemente ya forman parte de su vida cotidiana. Esta característica fundamental casi que ha sido el sello distintivo que ha llevado al país a ocupar los peores lugares en los monitores nacionales e internacionales especializados en llevar las estadísticas en esas áreas. De forma tal que lo que pasa en Venezuela no se queda en Venezuela, nuestro caso es mundialmente famoso.
Los carteles, mafias, clanes, pandillas, pranes, grupos irregulares y otras formas asociativas para delinquir, son parte de una estructura de mayor envergadura que las hace ver como meras formas alentadas para la consecución de un gran objetivo: la hegemonía en el poder de una gran corporación criminal.
En el campo de la corrupción, una de la modalidades más comunes -utilizada para robarse nuestro patrimonio público- ha sido la denominada empresa de maletín. Cadivi resultó ser un verdadero paraíso para su proliferación y consolidación como mecanismo idóneo para la expatriación indebida de capitales. En abril de 2016, el exministro Navarro ratificaba que durante los años 2012 y 2013 el gobierno venezolano perdió, en empresas de maletín, entre 20 y 60 millardos de dólares. Solo imaginemos su crecimiento exponencial al día de hoy.
En ocasiones hay empresas que realmente existen; sin embargo, luego de recibir el pago total de lo contratado o gran parte del mismo, incumplen de la misma manera la obligación a la que estaban constreñidas, trátese de obras o entrega e instalación de equipos y otros bienes. El sobreprecio, convenido y repartido entre los actores de esta trama criminal, es uno de sus elementos más característicos.
Además de las gruesas cuentas, mansiones, lujosos carros, yates, misses, aviones y todo tipo de propiedades, los que manejan esas empresas disponen de un entramado de lobbistas, comunicadores, asesores de imagen, políticos, socios y gobernantes en diferentes partes del mundo; así como de grandes bufetes de reconocidos abogados, que conforman todo un “dream team” que les garantiza impunidad, invulnerabilidad, inclusión y reconocimiento social, que transmiten una increíble omnipotencia.
A Alex Saab se le imputa ser uno de ellos. Tal vez el más emblemático por las implicaciones que tiene. Ha dejado rastro de su actividad por muchos países desde que comenzó en su natal Colombia como un simple buhonero hasta llegar a Venezuela, donde consolidó su imperio. Ecuador, Panamá, México, Turquía e Irán, entre otros, han sido terreno fértil para sus andanzas, por las que ha sido acusado de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación e importación ficticia y estafa agravada y sobornos. Estuvo involucrado en los Panamá Papers.
Sin embargo, en lo que a nuestro país concierne, queremos precisar y calificar dos aspectos muy relevantes y reveladores, así como una consideración final, como colofón, sobre su defensa. El primero de esos aspectos tiene que ver con la empresa Fondo Global de Construcciones. Empresa creada en 2011, días antes de la firma del convenio entre Colombia y Venezuela, para colaborar con el programa Gran Misión Vivienda Venezuela mediante la instalación de casas prefabricadas. Este contrato fue asignado sin licitación. Parece que en definitiva es el pueblo venezolano es el que paga los platos rotos al ver cómo el dinero del erario público que se destinó para contar con viviendas dignas no cumplió con tal objetivo. Cabe preguntarse por ese derecho humano conculcado, establecido como tal en el derecho patrio y en los tratados internacionales.
El segundo lo constituye la acusación de soborno a funcionarios venezolanos y la canalización de más de 350.000.000 de dólares a cuentas en el extranjero como parte del programa de alimentos subsidiados (CLAP), según un reporte emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. También en este aspecto se denuncian serias irregularidades que evidencian un grave caso de violación de los derechos humanos del pueblo venezolano, también estipulado como tal en el derecho patrio y en los tratados internacionales.
La consideración final alude a la defensa de Alex Saab por parte del despacho de abogados International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad), fundado y dirigido por Baltasar Garzón. El asunto de su desempeño en este caso no se debe despachar conforme a los naturales parámetros deontológicos que rigen el ejercicio del derecho. La relación cliente-abogado la dejamos de lado, nuestra observación va mas allá de la ética en la que debe enmarcarse esa relación. Consideramos que este asunto debe centrarse en la integridad del abogado, en este sentido, se ha sostenido que el abogado mantendrá la honestidad llevada a la acción e identificará todas sus actuaciones facultativas con aquellas convicciones que hubiera alcanzado con su ciencia, previa y reflexivamente desde su honestidad, sin romperse haciendo cosa distinta por circunstancia alguna.
Sería poco el espacio para enumerar los emblemáticos casos y la gran experiencia profesional y docente del abogado Garzón. Queremos poner el énfasis en lo que ha enseñado y transmitido al mundo entero el prestigioso abogado. Son innumerables sus seminarios, conferencias, foros y publicaciones en las que ha dictado pauta en materia de criminalidad organizada. derechos humanos, blanqueo de capitales y narcotráfico. America Latina y particularmente Venezuela son casos en los que se ha pronunciado. Al punto de ser distinguido en la Universidad de Hidalgo, México, cuando se creó la Cátedra de Derechos Humanos Baltasar Garzón, en 2011; dictar dos seminarios sobre Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica; fungir de asesor en temas de narcotráfico en el I Congreso Iberoamericano de Magistrados celebrado en Trujillo en noviembre de 1989, entre otras actividades.
Cabe preguntarse entonces si este profesional, que ha recibido 27 doctorados honoris causa de las más afamadas universidades del mundo, ha actuado con integridad al aceptar la defensa de Alex Saab. O si lo ha hecho también en el caso de su asesoramiento a Hugo Carvajal, en el que cobró 1,8 millones de euros.
Los dineros provenientes de hechos vinculados al crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico y la violación de los derechos humanos de los venezolanos, utilizados para pagar a los abogados que defienden esas causas, deben ser considerados como honorarios pagados con la miseria, hambre y desamparo de los venezolanos.
¿Aparecerán reseñados estos casos en el extenso curriculum del abogado Garzón?