Miguel Gutiérrez / EFE
No exagero si digo que 80%, seguramente más, de los ciudadanos venezolanos comparten la idea de que Nicolás Maduro es un presidente corrupto, ineficiente e incapaz, coproductor, junto con Hugo Chávez, de la mayor crisis humanitaria registrada en la historia de América Latina, crisis que ha volcado más de 20% de la población fuera del país.
Obviamente es un presidente ilegítimo tanto por rendimiento de su gobierno que ha quebrado al país como, también, ilegítimo de origen, dada las características y naturaleza de las elecciones convocadas para su elección, amén de que los ciudadanos tienen todo el derecho de retirar su reconocimiento al desconocer las razones de los gobernantes cuando esas razones no son las de quienes lo eligieron.
Todo eso es cierto y probablemente me quede corto. Podríamos añadir la entrega de soberanía a potencias extranjeras y países no tan potencias, incluso, con niveles de desarrollo menor al nuestro, podríamos agregar la complicidad del régimen con organizaciones criminales (narcotraficantes, terroristas, ecocidas, etc.) y otras razones tanto o más graves de las que hasta aquí han sido señaladas, y sin embargo, pienso que la deposición de su mandato por la vía de la convocatoria de un referéndum revocatorio es un error producto de la inexacta lectura de los resultados electorales de Barinas.
Por otra parte, es algo iluso pensar que Maduro y compañía acepten salir eyectados del poder así nada más sin “pelear”, sin trampear, sin obstaculizar y sin movilizar todo el aparato de Estado que controlan.
Contra la convocatoria del revocatorio hay que advertir que Maduro cuenta con privilegios, solo posibles en un país institucional y constitucionalmente débil, que lo hacen casi imbatible contra procedimientos como el referéndum.
Estos privilegios se materializan en “cuatro escudos”. En primer lugar, en la relación inequitativa existente entre Maduro y los convocantes del referéndum revocatorio, aun cuando toda la oposición participara de la convocatoria a tal evento electoral. Esta inequidad se expresa, por ejemplo, en el manejo de toda la estructura comunicacional con la que cuenta el régimen tanto pública como privada; en segundo lugar, el escudo judicial, pues Maduro cuenta con un TSJ cuyas decisiones las tiene totalmente amarradas, en especial la de la sala electoral; en tercer lugar, el escudo legislativo, pues controla a la Asamblea Nacional y, un cuarto escudo, el CNE que a pesar de su “nuevo” cuadro dirigente siempre, en última instancia, ha avalado los cambios arbitrarios de resultados que los ciudadanos se han dado y que han contravenido los resultados esperados por el régimen.
¿Esperar hasta 2024?, se ve lejos. Pero, lo peor de la política es la prisa. Y la oposición ha cometido errores en ese sentido: desde el “Chávez vete ya” hasta la pretensión de ahora de expulsar a Maduro por la vía rápida de un referéndum revocatorio.
Así, de error en error, de pésimas lecturas de la situación política y la dubitativa manera que desde siempre se ha definido la naturaleza del régimen hemos llegado a veintitantos años de presenciar día a día la quiebra del país.
Por eso, aunque nos revienten las vísceras, esperemos, preparemos una estructura organizativa para ganar las elecciones presidenciales de ese año, recuperemos la calle como la mediación para conformar un nuevo “nosotros” que nos incluya a todos.
En fin, definamos la naturaleza del régimen, reconstruyamos el liderazgo, volvamos a encontrarnos con las demandas que la gente está haciendo, construyamos una narrativa que funde un nuevo encanto por la democracia perdida y ofrezcamos una propuesta de orden que se comprometa con la gente que hasta ahora ha sido invisible para este régimen y también para los que la democracia olvidó por cuarenta años.