Hoy más de cien millones de personas, entre ellos ocho de venezolanos, han debido dejar sus hogares para alcanzar mejores condiciones de vida en seguridad y dignidad, algunos como migrantes, otros como refugiados, en todo caso, todos como extranjeros, lo que muchas veces no es fácil de entender y no sólo por los mismos desplazados, para utilizar un término genérico válido, sino por los gobiernos o autoridades de los Estados receptores y las mismas sociedades de acogida.
El aumento y la intensificación de las crisis y del número de desplazados en el mundo constituyen hoy una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional. Un problema que afecta tanto a los países de origen que pierden su capital humano, como a los de tránsito y a los receptores que deben recibirlos y proteger sus derechos conforme a las normas internacionales, lo que implica la responsabilidad y la necesaria solidaridad que deben expresar las sociedades de acogida que algunas veces no entienden la gravedad de la situación y expresan en algunos casos discriminación y prácticas xenófobas que se creían superadas.
Los desplazamientos hacia el exterior por la violencia y los conflictos se duplicaron en los últimos 10 años. De 40 millones en 2011, el número de desplazados aumentó a finales de 2021, según el ACNUR, a casi 100 millones de personas. Los desplazamientos internos también han aumentado de 17 millones de personas en la década de los 90 a más de 50 millones en el 2022. La movilidad incluye cerca de 300 millones de personas, es decir, 3% de la población mundial. En el contexto de los solicitantes de asilo y de los refugiados en particular, incluidos los migrantes no legales, los derechos de las personas están en riesgo ante el desinterés generalmente manifiesto de los Estados de envío y las dificultades que enfrentan las autoridades de los países de tránsito y receptores.
Sin duda, se han hechos esfuerzos para enfrentar los problemas que implican los desplazamientos masivos de personas en el mundo. La comunidad internacional, las Naciones Unidas y sus órganos y los organismos regionales, han adoptado importantes planes y programas para enfrentar y aliviar la situación. Después de largos años de discusión y con base en los avances políticos y normativos logrados, se adoptó el Pacto Mundial de Refugiados, de diciembre de 2018, en el que la comunidad internacional se compromete a aliviar las presiones sobre los países que acogen refugiados, la mayoría países en desarrollo (Turquía, Colombia, Uganda, Pakistán), a desarrollar su autosuficiencia y, entre otras, fomentar las condiciones que permitan a los refugiados regresar voluntariamente a sus países de origen en condiciones de seguridad y dignidad. Igualmente importante el Pacto Mundial para una migración segura ordenada y regular adoptado también en 2018, que cubre todas las dimensiones de la migración internacional de un modo holístico e integral.
Es cierto que se han hecho esfuerzos importantes que buscan aliviar el impacto de los desplazamientos hacia el exterior; pero lamentablemente no parecen ser suficientes. Los conflictos y las crisis aumentan y se intensifican, los desplazamientos se multiplican, lo que nos muestra, en primer lugar, que los países mismos, sus sociedades, su gente, no están en capacidad de enfrentar sus propias crisis y de resolverlas. Las dirigencias políticas se han mostrado incapaces de solucionarlas y de superar las causas que las han motivado, dejando la puerta abierta a los populismos y vendedores de soluciones que sólo han generado frustración y desesperanza.
En segundo lugar, la incapacidad e inefectividad del sistema internacional que pese a los numerosos esfuerzos parece aun encontrar barreras enormes para resolver las crisis, los conflictos y sus consecuencias. Las divergencias políticas y las decimonónicas posturas de algunos gobiernos ante la interpretación y aplicación de las normas de protección de los derechos humanos y ante la necesidad de proteger conforme al derecho internacional a la persona, impiden una mayor efectividad del sistema. Algunos Estados siguen aferrados a una interpretación absoluta, extremada e inconvenientemente rígida, del principio de soberanía.
Hoy se plantea una nueva visión, una interpretación más amplia de la soberanía estatal, que favorezca al hombre, a la persona y el planeta como se recoge en los 17 objetivos acordados por la comunidad internacional en la Agenda 2030 (Objetivos de desarrollo sostenible) en la que se destaca la importancia de la migración y de las personas desplazadas para el desarrollo (Objetivo 10.7). Resulta inaceptable hoy, alcanzado casi el primer cuarto del siglo XXI, la postura de algunos gobiernos, autodenominados progresistas, en contra de los avances y el desarrollo del Derecho Internacional en favor de la mejor protección de los derechos de las personas. La soberanía y el principio que de él se deriva, el de la no injerencia en los asuntos interno del Estado, deben ser revisados para poder enfrentar problemas y situaciones que afectan la existencia misma de la humanidad.
En todo caso, aunque se aprecian algunos avances institucionales y programáticos e incluso normativos, el sistema internacional muestra serias debilidades, no sólo evidentes en cuanto al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, la agresión destructiva rusa en contra de Ucrania una muestra, sino en lo que respecta a la protección de la persona y al tratamiento de los desplazamientos masivos de personas en el mundo.