Lamentablemente, entre países sometidos a dictaduras abiertas como Cuba, Nicaragua y Venezuela, y a expresiones fascistoides como las de Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos o Bukele en El Salvador, pareciera no quedar espacio en el continente para la democracia y los derechos humanos. La democracia se encuentra amenazada, bajo asalto y hay que defenderla a toda costa porque sólo en un régimen político basado en la voluntad general y el imperio de la ley pueden ser respetados los derechos humanos.
Desde las dictaduras como la venezolana podemos decirlo con total propiedad porque pisamos este suelo, se vende la retórica sobre la cual, al entregar bolsas CLAP o dar bonos a través del sistema Patria, se están reconociendo los derechos económicos y sociales de los venezolanos, además de que tales políticas son totalmente insuficientes, los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Aun recibiendo la bolsa CLAP semanalmente; cosa que no ocurre porque el promedio revelado por Encovi es de tres meses a nivel nacional; no podemos obviar el que nos quedamos sin escuela, sin hospital, sin seguridad pública, sin libertad de expresión y asociación o sin acceso a elecciones libres y justas, pues, en realidad en ese contexto, ni siquiera la bolsa CLAP pudiera ser considerada un derecho, más bien es una dádiva sujeta al capricho de quien la entrega.
De hecho, ha ocurrido más de una vez que alguna «jefa de calle» ha amenazado a algún vecino con «quitarle el beneficio» de la bolsa CLAP por protestar o por votar contra la «revolución». En otras palabras, no es un derecho de la persona, no es el reconocimiento del derecho a la alimentación que todas las personas debemos tener, es una herramienta de chantaje dirigida, aún peor, contra quienes sufren la peor parte de la crisis humanitaria compleja.
No obstante, el remedio para el mal de Venezuela no puede ser instaurar un régimen cómo el de Bukele en El Salvador. El presidente Bukele, que ha desarrollado una política de seguridad ciudadana que viola el debido proceso y garantías judiciales elementales para los detenidos, al ser criticado por distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos respondió: «Si los criminales no le reconocieron sus derechos a la gente decente a la que mataron o robaron, ¿por qué ellos sí tendrían derechos humanos?». La frase está diseñada para cautivar incautos, muchos latinoamericanos agobiados por la criminalidad aplauden a rabiar, pero es una frase que encierra una altísima peligrosidad.
Bukele admite en público que, para él, la seguridad está por encima de los derechos humanos. En consecuencia, una persona que comete un delito deja de ser una persona, pierde los atributos inherentes al ser humano, lo podemos mostrar asesinado, semidesnudo y maltratado en la televisión, como en efecto se está viendo en El Salvador. Ahora bien, a la luz de los derechos humanos, las personas detenidas siguen siendo personas, no pierden su dignidad y el proceso judicial debe permitirle su defensa con garantías elementales. E incluso, si los tribunales demuestran la culpabilidad de la persona, la prisión no puede incluir el trabajo forzoso, ni la tortura, ni el peligro de inanición, al contrario, la cárcel debe ser un decidido espacio para la regeneración, para la resocialización, hasta para el aprendizaje porque se pueden llevar programas de estudio hasta allí.
Es inminente que ocurra un cambio político en Venezuela en el futuro cercano, pero es importante que no dejemos de comprender que la democracia y los derechos humanos tienen una relación indivisible. No le agarremos el gusto a ver presos en bragas anaranjadas en televisión, expuestos como trofeos. No creamos que «beneficios» entregados bajo chantaje son derechos. Los derechos son para todos y son exigibles como inherentes a la persona humana. Los derechos humanos no son un invento «progre» o una falacia capitalista, no caigamos en esas manipulaciones, los derechos son para todos y todos debemos luchar por preservarlos.
@rockypolitica
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