El régimen ilegal, ilegítimo, fraudulento y sistemático violador de los derechos humanos encabezado por Nicolás Maduro, ha anunciado —23 de abril— cuáles son sus condiciones para continuar con la Mesa de Diálogo en México, lo que significa que ha sembrado de nuevas e imposibles exigencias el camino que debería conducir a la convocatoria de elecciones. Si estos reclamos sin fundamento son algo más que bizarros gestos propagandísticos y, en efecto, tienen las desquiciadas pretensiones que enumeraré en el siguiente párrafo, hay que entender que el régimen ha instalado la bomba de tiempo que hará estallar, en cualquier momento, la posibilidad de elecciones en Venezuela, en 2024, a la que tantos gobiernos están apostando.
Dice la cartilla de exigencias: uno, que se suspenda el proceso de investigación en la Corte Penal Internacional. Dos, que sean levantadas “todas” las sanciones, lo que en realidad quiere decir, aquellas que afectan a los delincuentes del régimen. Tres, que le “devuelvan” en lo inmediato el dinero y el oro retenido en instituciones internacionales (como sabemos, la desesperación se debe, en esta coyuntura, a que el desfalco liderado por Tareck el Aissami ha dejado al gobierno en una precaria situación financiera). Cuatro, que se conceda la libertad al estafador Alex Saab, uno de los principales socios del régimen, preso en Estados Unidos. Me detendré, en este artículo, solo en la primera de las aspiraciones, la más absurda y extrema de todas: que la Corte Penal Internacional paralice las investigaciones en curso por crímenes de lesa humanidad.
En el Estatuto de Roma, el instrumento legal que formalizó la creación de la Corte Penal Internacional, hay un artículo —número 16— que establece que solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede pedir la suspensión temporal de un proceso, por un lapso de 12 meses. Si se intentase alargar la suspensión, tendría que volver a realizar el mismo procedimiento. ¿Y qué tendría que ocurrir para que el mencionado Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —insólitamente, ahora presidido por Vassily A. Nebenzia, representante de Rusia, país invasor de Ucrania, cuyas fuerzas militares han cometido innumerables y abominables crímenes de guerra—, qué tendría que ocurrir, repito, para que el Consejo ordene paralizar un proceso de la Corte Penal Internacional?
Tendría que invocarse el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, de forma particular, el argumento de que la estabilidad o la paz, a gran escala, podría ponerse en peligro, a consecuencia de la continuación del proceso. En el caso venezolano sería tan descabellado como esto: detener la acción que tiene como objetivo investigar y castigar crímenes de lesa humanidad —persecución política, secuestros, desplazamientos forzados, desapariciones igualmente forzadas, detenciones irregulares, violaciones del debido proceso, tortura física y psicológica, extorsión y acoso a los familiares de los presos políticos, asesinatos, violencia sexual y una extensa lista de abusos sistemáticos y recurrentes del régimen de Maduro en contra de ciudadanos indefensos—, abusos que continúan cometiéndose. Esto es medular: se trata de crímenes que no han dejado de producirse, que no se castigan, que no se reconocen y que el régimen ejecuta en estatuto de total impunidad. ¿Detener la acción que podría impedir que estos hechos continúen cometiéndose?
A lo anterior hay que añadir todavía razones procesales y morales más poderosas, que no podrían ser desconocidas, y que fueron ampliamente expuestas por Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, quien el 30 de marzo publicó el documento “La situación de la República Bolivariana de Venezuela 1”, en el que responde a los argumentos del régimen encabezado por Nicolás Maduro, y ratifica que hay “una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que son graves y demandan enjuiciamiento”.
En su respuesta, el fiscal Khan no solo ratifica la competencia que su despacho tiene para conocer el caso venezolano, sino que se refiere, en concreto, a la etapa que se inició en abril de 2017 —y que se ha proyectado hasta nuestro tiempo—, donde miles de activistas de la oposición política han sido perseguidos y puestos en prisión sin fundamento legal; de esos miles, una parte ha sido sometida a torturas, tratos degradantes, abusos físicos y psicológicos, incluyendo la violación sexual. Esta frase, copiada del informe, no deja lugar a dudas: “Las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.
Tan relevantes como lo anterior, como tanto se ha insistido, es que estos casos no constituyen hechos aislados, accidentales, fallos puntuales cometidos por los organismos policiales y militares. De lo que estamos hablando, y así lo entiende la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, es de hechos planificados, programados, sistematizados, recurrentes, alentados o aprobados por la cúpula del régimen, por los integrantes del gobierno. Hay que recordar e insistir en que estos ataques se han hecho en contra de personas indefensas, desarmadas e inocentes, y añadir que, en la ejecución de los mismos, se han utilizado fuerzas y recursos desproporcionados, no solo contra los detenidos, sino también en contra de familias —niños, menores de edad, adultos mayores—, vecinos, miembros de la comunidad, abogados defensores y profesionales de los medios de comunicación.
¿Hay que añadir algo más? ¿Es necesario acaso? Y aunque es más que suficiente, todavía debo anotar aquí que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sabe que el régimen no ha dado demostración alguna de arrepentimiento; no ha expresado consideración hacia las víctimas, ni intención de cambiar sus políticas, ni de castigar a los culpables, no de iniciar procesos judiciales, ni de establecer políticas de reparación a las víctimas y a sus familiares. Nada. Peor que eso: Cabello convoca a un grupo de los torturadores a su programa, los elogia, los muestra a cámara, los invita a ratificar su lealtad a los principios del régimen: un modo de advertir a la población venezolana que continuarán torturando.