Cualquier análisis sobre el proceso de negociación que se avecina con el ELN en torno a la paz de Colombia debería partir de una posición positiva en cuanto a su resultado. Lo prudente es tener un gesto de fe en la buena voluntad de los negociadores de ambos lados porque el tema que les ocupa es de tal calado que un fracaso sería nefasto para el país. Sin embargo, existen tantas interrogantes en cuanto al fondo y a la forma del mismo que resulta cuesta arriba tratar de imprimir al análisis una nota de ingenua positividad.
Por ejemplo, pretender que la composición heterogénea de la mesa de negociación diseñada por Gustavo Petro es lo que garantiza su resultado es de un simplismo atroz. A veces resulta más fácil acercar posiciones entretesis totalmente antagónicas que poner en un mismo saco a un conjunto de actores que defenderán cada uno de sus intereses particulares y no coincidentes. Es así como en la mesa recién instalada esta semana en Caracas hay antiguos militares, exguerrilleros del M-19, empresarios, pequeños industriales, representantes del campesinado, de los terratenientes y del sector ganadero ―¿habría que decir, del paramilitarismo?―, políticos de todas las toldas, progresistas y conservadores. En definitiva, una panoplia de gentes dentro de las cuales no está claro si reman todos en la misma dirección, que es la de conseguir la integración a la sociedad, después del abandono de las armas, de un grupo guerrillero con medio siglo de ejecutorias sangrientas.
Del otro lado de la mesa se sientan estos, los guerrilleros, y sería ingenuo pensar que sus dirigentes se encuentran interesados en dejar atrás la violencia de su accionar para ser ciudadanos de bien, mientras al mismo tiempo también desmontan el criminal contubernio que han mantenido y mantienen con el lucrativo negocio de la droga. Algunos de estos negociadores se encuentran excarcelados por el gobierno de Petro y, en un gesto de buena fe, este ha suspendido las órdenes de búsqueda y captura de otros 17 facinerosos del mismo origen.
Cerca de 4.000 efectivos de esta fuerza insurgente operan en siete de los diez municipios con mayor número de hectáreas de coca en Colombia: Tarazá, Antioquia; El Charco y Barbacoas, Nariño; Tibú, El Tarra y Sardinata, en Norte de Santander y Tambo en el Cauca. Sus integrantes han incursionado en todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización de cocaína desde Colombia y Venezuela a todas las partes del globo. Aparte de los proventos de este negocio, también obtienen ingentes ingresos de actividades indirectas como el cobro de impuestos y seguridad que proveen a diferentes estructuras dedicadas al negocio de la droga. Su relación con otros grupos y bandas criminales, como los distintos carteles de la droga, es íntima gracias al lucro que de ella extraen ambos.
Lo mismo ocurre con fuerzas del mal que operan del otro lado de la frontera venezolana. Esta es la hora de recalcar que representantes del madurismo están presentes en las negociaciones de Caracas “en calidad de garantes”. El ELN es una guerrilla de espectro binacional y para nadie es un secreto el interés manifiesto de oficiales venezolanos, tanto del componente gobierno como del componente militar, en mantener y lubricar el estado actual de cosas, dados los ingresos enormes que les aportan. La presencia del ELN en territorio venezolano involucra no solo su presencia en el negocio de la droga sino igualmente en otro tipo de actividades “non sanctas”. En el Arco Minero del Orinoco tienen el monopolio de zonas claves que les aportan beneficios económicos al igual que al régimen con el cual comparten un confite. Según el portal especializado Insight Crime, esta guerrilla tiene incidencia en 12 de los 24 estados de Venezuela.
A fin de cuentas, una jauría de gentes de intereses demasiado diversos y poco coincidentes se están sentando en Venezuela a hablar sobre un proceso similar al que ya se dio con las FARC que concluyó en 2016 y del cual sabemos ya que un contingente grande de guerrilleros desandaron el camino de lo andado y se encuentran a sus anchas protagonizando las mismas y nuevas fechorías en su país y en el eje fronterizo.
Nicolás Maduro no ha sido en todo ello un observador pasivo, bien por el contrario. Puede que Gustavo Petro realmente confíe en la influencia que el líder del régimen venezolano puede jugar en las tratativas en favor de la paz colombiana. Con lo que no cuenta el presidente de Colombia es que ha invitado en el rol de garante a quien no tiene otro interés que el de que la situación del lado venezolano de la frontera se afiance.