Los asesinos del teniente Ojeda

A las autoridades chilenas les sorprendió el requerimiento del Ministerio  Público chavista de acceder a la información de testigos protegidos por el gobierno de ese país en el caso del teniente venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en febrero en Santiago, en momentos en que se afianzan las hipótesis de móvil político y crimen  por encargo.

En carta del viernes 24 de mayo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció al fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, la visita de dos funcionarios de su despacho al país austral la semana pasada para  “coadyuvar al esclarecimiento del caso del secuestro con homicidio del ciudadano venezolano Ronald Ojeda”.

Pero la misiva de Saab coadyuvó más bien a la sorpresa de las autoridades chilenas por los seis puntos adjuntos en los que redactó una “propuesta de agenda” para la visita de sus dos fiscales, en la que entre otras cosas se pedía conocer pormenores de la investigación.

Eso desde luego suscitó malestar en Santiago, que se tradujo después en lo que el medio La Tercera describe como “portazo” a los dos fiscales venezolanos que “pretendían acceder a detalles de la investigación por el crimen del teniente (R) Ojeda”. Los enviados de Saab no fueron recibidos por el fiscal nacional Valencia ni por  el investigador del homicidio, Héctor Barros, que se excusaron por “problemas  de agenda” y requisitos legales.

La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, ya ha reiterado el carácter secreto de la investigación y ha prometido “perseguir” como delito cualquier filtración del caso que el presidente Gabriel Boric ha calificado de “gravísimo”.

Es difícil penetrar el secreto de esas indagaciones, aunque puede deducirse que todo apunta con fuerza al móvil político en el secuestro con asesinato del ex preso político venezolano con estatus de refugiado en Chile cuyo cadáver encontraron el viernes primero de marzo con signos de tortura, pero sin heridas de bala, como para no dejar rastros en este sentido.

El miércoles 6 de marzo -reportó el medio chileno El Mercurio– uno de los focos de la indagatoria “se puso en el posible móvil del delito” luego de conocerse que uno de los prófugos, Walter Rodríguez Pérez, trabajó durante siete semanas para Tareck el Aissami en 2015, cuando este era gobernador del estado Aragua, como corroboran “datos disponibles en la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales”.

Ese y otro sospechoso, ambos relacionados con la banda criminal el Tren de Aragua, huyeron a Venezuela. Los fiscales de Tarek William Saab -recibidos finalmente en la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional chilena, un organismo administrativo- vuelven a Caracas con las maletas vacías, sin acceder al expediente del caso, pero con una exigencia impostergable: entregar a los asesinos del teniente Ojeda.