Imagen de Julio Pacheco Rivas
Comenzando el siglo, quedó zanjada la confrontación entre la tecnocracia petrolera y la militar. La una, exitosamente forjada por varias décadas, resultó vencida por la otra, fruto de la masiva colonización de la administración pública que le dio su medida, más que del irrepetible Convenio Andrés Bello.
Mérito y meritocracia fueron también términos muy polémicos y, finalmente, hicieron del perfeccionamiento gerencial del Estado un robusto complot contra los más altos intereses del país. Se presumió que la entidad armada realizaría mejor el profesionalismo que, por siempre, ha demandado su exclusiva especialidad en cualesquiera latitudes. No obstante, dos hitos marcan su destino, representados por el ya lejano Plan Bolívar 2000 y, recientemente, los consabidos sucesos del estado Apure.
El solo compromiso partidista contraído por el Alto Mando Militar a lo largo de la centuria con el régimen ahora afanado en la consolidación del Estado Comunal, ha afectado dramáticamente la vida institucional de la Fuerza Armada, cuyas incursiones en ámbitos reñidos con su específica misión constitucional ha puesto en tela de juicio la vocación y la trayectoria del soldado que fuimos construyendo desde los tiempos de Juan Vicente Gómez, paradójicamente, el hacedor del Estado Nacional y del Ejército. Por una parte, arrastrándola, la corporación castrense ha concursado en la destrucción de la otrora potencia petrolera, con las consabidas consecuencias; por otra, internalizado los (anti)valores del socialismo campamental, cuyo sistema de premios y castigos lo asocian a la delincuencia organizada; luego, contextualizando los ascensos militares, privan condiciones de las que nunca supo Pdvsa, por ejemplo, reportadas por informes muy sobrios y acreditados, como el del Consejo de Derechos Humanos (2020/ https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf),
Intentando aportar soluciones, la Fracción Parlamentaria 16 de Julio introdujo a la Asamblea Nacional, en septiembre de 2020, todo un proyecto de Ley de Ascensos Militares, para honrar la deuda contraída con el artículo 331 constitucional, por más de veinte años, afianzando la promoción por mérito, escalafón y plaza vacante, eliminando el llamado factor de corrección, entre otros aspectos. La dinámica política impidió que prosperara, gracias a la eterna circularidad de las negociaciones y diálogos de los sectores que aspiran a restarle profundidad, incluso, a la opinión pública, a favor de sus enfermizas maniobras de reacomodo, forzando una normalidad que no es.
Esta temporada de los ascensos militares, por cierto, coincide con las postrimerías del Estado Cuartel, cuyo principal impulsor, Vladimir Padrino López, no por casualidad, hizo de sus repeticiones ministeriales la mejor garantía. Dependiendo la estabilidad del poder central de las fuerzas terroristas esparcidas y arraigadas en un elevado porcentaje del territorio nacional, o del financiamiento que diga asegurarle las zonas económicas especiales, enclaves foráneos que procurarán su propia seguridad, no hay elementos objetivos para la continuidad del funcionario, y los ascensos militares de mediana y alta graduación reflejarán esta nueva etapa de reconfiguración del Estado Comunal que dirá ameritarlos a la sombra de las sanciones internacionales.