Todos estos días, en los pasillos de Miraflores y del Capitolio (pero el de la avenida Universidad) se ha estado respirando un aire de jolgorio, de seguridad y, por supuesto, de triunfo. Nicolás Maduro, emulando los gustos de su difunto mentor, se debe haber comido unos cuantos dulces de lechosa. Y es que la retoma del Poder Legislativo, el pasado 5 de enero, ha envalentonado a los miembros de la cúpula y de los anillos más cercanos al poder, entusiasmados con la preparación de lo que ellos llaman la fase final de consolidación de la revolución. No hay duda de que los astros se han alineado de manera perfecta a favor de la causa autoritaria en Venezuela. ¿Cómo es posible tanta suerte?, muchos se preguntan.

A nivel interno, no existe manera de que los sectores de la dispersa y vapuleada oposición se pongan de acuerdo para, de una vez por todas, construir el tan ansiado frente democrático unitario, que es uno de los elementos básicos del ABC de la política ante regímenes atroces. Pero, mientras María Corina ande por su lado insistiendo en el R2P y Henrique Capriles siga declarando por ahí que Juan Guaidó “se acabó”, ese objetivo difícilmente podrá lograrse. Mientras Juan Guaidó siga sometido al abandono, día tras día, de estos y otros factores de la oposición y de la sociedad civil, las huestes de la dictadura seguirán frotándose las manos.

A nivel internacional, la buena fortuna de Maduro ha llegado al extremo de lograr que la Unión Europea haya retirado su apoyo a la investidura institucional de Juan Guaidó como presidente interino y de la Asamblea Nacional, votada en 2015. Hasta el mismo contencioso territorial con Guyana está logrando que los incautos perciban al gobierno de facto como la víctima de toda una “trama fraguada” desde las salas de la Corte Internacional de Justicia. De allí la decisión “patriótica” de Maduro de firmar, el pasado 7 de enero, el decreto que establece la conformación de un nuevo territorio marítimo en la fachada atlántica para “salvaguardar los espacios del país”. ¿Ahora sí, no?, después de haber abandonado por años el debido y responsable tratamiento de la disputa por la zona en reclamación; comenzando por el mismo Hugo Chávez, quien declaró en Georgetown (febrero de 2004) que su gobierno no sería un obstáculo para la realización de proyectos en la zona en reclamación, agregando una frase que marcaría un precedente nefasto y que se constituiría en la esencia básica de una política entreguista que ha privilegiado la lealtad política de sus vecinos por sobre los intereses nacionales: “El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países”.

La visita reciente a Guyana de Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y su reunión con el presidente Irfaan Alí, en el marco de las maniobras militares conjuntas y afianzamiento de los lazos de cooperación entre ambos países en materia de seguridad, han servido para reforzar el discurso “patriótico” y antiimperialista del régimen y su narrativa del enemigo externo que atenta contra la seguridad del pueblo y la soberanía nacional. Así mismo, el régimen utilizará el comunicado del pasado 12 de enero, emitido por la XIII Reunión Extraordinaria de Emergencia de la Comunidad del Caribe (Caricom) –en el que se muestra preocupación y decepción de sus miembros en virtud del decreto emitido por Maduro y la declaración de sus voceros respecto a la controversia territorial– como argumento para cerrar filas en torno a la figura de un país “amenazado”.

Como si esto fuera poco, Nicolás Maduro está disfrutando y aprovechando la compleja y atropellada situación que se ha presentado con ocasión del proceso de traspaso de la presidencia en Estados Unidos, y todo el ambiente de anarquía que se generó en días pasados dentro del Capitolio, en Washington. Es indudable que el momento de confusión actual en ese país ha restado cierta presión al régimen, en tanto que, mientras la atención internacional se desplaza a otros ámbitos ajenos a la terrible realidad venezolana, el statu quo en Venezuela sigue ganando terreno y recuperando las fuerzas perdidas, durante los meses precedentes de forcejeo político.

Todo el mundo apurado

Aprovechando esta suerte de distracción internacional y lo evidente que resulta la menguada oposición venezolana, agentes políticos del régimen se han precipitado en anunciar una serie de medidas radicales, utilizando, entre otros medios, la plataforma que ofrece el nuevo bastión de la Asamblea Nacional. Es así como durante los días transcurridos desde la toma del Palacio Legislativo, figuras emblemáticas chavistas –Iris Varela a la cabeza– han generado con su discurso un desagradable ambiente de zozobra, que apunta a demostrar el control hegemónico político-social que ejerce el régimen sobre el país. Un algo que nos dice: ¡no hay nada más qué hacer!

De estos arrebatos destacan: el ensañamiento contra los medios de comunicación (Efecto Cocuyo, VPItv, Tal Cual, Radio Fe y Alegría, entre otros); la orden de congelar las matrículas de las universidades privadas, con el fin de avanzar en el objetivo de la hegemonía educativa; la amenaza de confiscación de propiedades a opositores que se han ido del país; la posibilidad de que se confisquen los negocios y se retire la ciudadanía venezolana a aquellos que hayan obtenido otras nacionalidades; y el acecho a las autonomías municipales con el velado propósito de volver a esquemas anteriores al proceso de descentralización tan arduamente logrado a finales de los años ochenta.

La amenaza al régimen de factores externos

Está claro que la continuada carrera hacia adelante de Maduro y su régimen obedece a una estrategia bien preconcebida tras la cual se encuentra la indudable asesoría cubana. Esa que está sustentada en la necesidad de ganar la mayor cantidad de tiempo y espacios políticos posibles para, desde una posición de mayor fortaleza, poder enfrentar cualquier escenario eventual de presión o negociación. La recuperación de la Asamblea Nacional por parte del chavismo, aún por vías ilícitas, suma valiosos puntos en el sentido referido, dejando a la oposición política venezolana en una situación de incuestionable minusvalía. Es por ello que la actual coyuntura de debilitamiento incremental de los sectores opositores al régimen (partidos políticos, sociedad civil y demás fuerzas vivas), obligan nuevamente a dirigir la mirada hacia los factores externos de presión.

En medio de una atropellada transición presidencial en Washington, se pudo conocer que equipos de asesores de Donald Trump y Joe Biden se habrían reunido para examinar el expediente venezolano. Luego, la reciente invitación enviada al embajador de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio, para asistir a la toma de posesión de Joe Biden, el 20 de enero, parece haber despejado cualquier duda en cuanto al reconocimiento de la figura de presidente interino de Juan Guaidó. Así mismo, el senador estadounidense por el partido demócrata, Dick Durbin, sostuvo en estos días una reunión con Tony Blinken, nominado a la Secretaría de Estado, en la que se trató el apoyo del gobierno de Estados Unidos a Juan Guaidó y la democracia en Venezuela.

Por su parte, la Unión Europea decidió hace unos días seguir considerando a Juan Guaidó como líder de la oposición, pero dando por terminado el mandato de la Asamblea Nacional elegida en 2015, y, por tanto, su investidura como presidente encargado. La aproximación europea respecto a la crisis de Venezuela habrá de insistir entonces en una solución política que tenga como vector un proceso inclusivo de diálogo y negociación conducente a procesos creíbles y democráticos de elecciones locales, presidenciales y legislativas. Sobre esa base, y ante el escenario más que factible de que la nueva administración demócrata tenga como una de sus prioridades de política exterior, la recuperación de los estrechos lazos de relación con sus socios tradicionales europeos, existe la certeza de que Joe Biden imprimirá un enfoque multilateral al tema de la crisis de Venezuela, en asociación con sus pares europeos y del Grupo de Lima. Respecto a Europa, solo estarían por verse las diferencias que podrían surgir en cuanto al reconocimiento o no de Juan Guaidó como presidente interino y el tratamiento que haya de darse a las sanciones económicas como estrategia y medio de presión.

Es este escenario al cual habrá de enfrentarse próximamente el régimen de Maduro, y lo que explicaría, en parte, los movimientos espasmódicos de sus principales operadores políticos en estos primeros días de enero. Es lo que justificaría, en fin, los apuros de un gobierno que aparentemente, de manera ambigua y contradictoria, arremete con sus anuncios extremistas, y que, al mismo tiempo, llama al diálogo y a la paz.

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