Las noticias de la firma del Acuerdo Parcial entre la oposición venezolana (Plataforma Unitaria Democrática, PUD) y el gobierno de Nicolás Maduro han sido enmarcadas en diversos tonos y opiniones sobre su significado para el futuro político y económico venezolano. Evidentemente, el significado político de este Acuerdo, como Maduro resaltó hace poco, tiene similitudes a la firma de los acuerdos auspiciados por la OEA durante la crisis de 2002-2004 en Venezuela. El Acuerdo, que ha conllevado a la anhelada liberación de algunos presos políticos, el levantamiento parcial y condicional de sanciones petroleras y la generación de expectativas electorales, puede modificar el cálculo político del gobierno porque ahora la bola esta de su lado de la cancha.
El levantamiento condicional y limitado de sanciones de Estados Unidos abre una nueva oportunidad para embarcarnos a una nueva coyuntura política que determinará en el corto y mediano plazo si Venezuela avanza progresivamente a una apertura política o perpetúa la dictadura hegemónica. A diferencia de los anteriores intentos y acuerdos, el Acuerdo Parcial no es menor cosa y tiene un potencial concreto que puede ser significativo. Todo dependerá de la próxima jugada de Maduro: ¿se atreverá a poner en peligro su estabilidad política en busca de un mayor flujo de petróleo, o preferirá mantenerse en el cómodo estatus quo y arriesgar perder una oportunidad de oro en un año electoral?
Creo, dadas las condiciones actuales y el carácter hegemónico de la dictadura chavista, que es poco probable que el estatus quo experimente cambios significativos, y las posibilidades de competencia electoral se mantendrán restrictivas y excluyentes en gran medida.
El asunto vital es entender que el régimen autoritario de Maduro es hegemónico y estable. El problema con estos tipos de autocracias es que tienden a liberalizar políticamente bajo una condición casi siempre necesaria y sumamente restrictiva: la significativa división interna del régimen. Este es un hallazgo empírico robusto. Desde los seminales trabajos de Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter, pasando por los más recientes análisis de Magaloni, Brownlee, Teorell, y especialmente Barbara Geddes, las dictaduras hegemónicas tienden a ser espectacularmente estables y a liberalizar políticamente bajo condiciones muy específicas e improbables. Andreas Schedler lo resume nítidamente:
“Los regímenes autoritarios modernos que poseen sólidas infraestructuras de poder son casi inexpugnables. La única manera de derribarlos es perturbando su capacidad interna de coordinación. De ahí la centralidad de la cohesión de la élite para la supervivencia de los regímenes autoritarios […] Tan pronto como se abren grietas en la fachada de la unidad de élite, todo el edificio de la invencibilidad hegemónica comienza a desmoronarse.”
Entonces, los recientes eventos respecto a los Acuerdos firmados en Barbados y el levantamiento de sanciones se centran en su potencial de quebrantar la fachada de unidad del régimen.
Existe, dentro de un escenario muy específico, la posibilidad de que se agriete la unidad interna de la dictadura chavista. Llamémoslo ‘Escenario A’, en el cual Maduro y/o sus aliados partidistas y militares valoren que los beneficios de volver al mercado petrolero internacional sobrepasan los costos de levantar inhabilitaciones políticas y fomentar un ambiente más competitivo para las elecciones del 2024. Claramente, a medida que el régimen y sus aliados generen mayores ingresos por la venta de petróleo, es probable que reconsideren seriamente levantar las inhabilitaciones antes de finales de noviembre, según lo ha condicionado Estados Unidos, para mantener un flujo constante de ingresos.
Esta acción, no obstante, incluye altos riesgos para el gobierno que podría generar tensiones internas dentro de la cúpula política-militar. La posibilidad de que la PUD participe sin inhabilitaciones y que una candidata con alta popularidad, como María Corina Machado, pueda presentarse legalmente a desafiar a Maduro en 2024 pondría al régimen contra la pared. Esto requeriría que Maduro y sus aliados intensifiquen los esfuerzos de manipulación y fraude electoral y desvíen recursos limitados provenientes de los ingresos petroleros hacia cuestiones electorales. Si estos métodos fallaran y la PUD lograra una victoria, el régimen se vería forzado a recurrir a la represión—una estrategia sumamente costosa que podría agravar aún más las divisiones internas.
Sin embargo, en ese ‘Escenario A’ existiría mucha mayor incertidumbre sobre la estabilidad e invencibilidad del régimen. Maduro y su círculo cercano estarían adentrándose a un terreno mucho más contencioso, donde la posibilidad de errores y equivocaciones podrían traer consecuencias graves, conllevando a divisiones internas que debilitarían la hegemonía del gobierno. Como mencioné anteriormente, es este caso el más probable para abrir un camino hacia la democratización.
Por ello, si bien el ‘Escenario A’ sería una ruta deseada para el inicio de una transición democrática, es también la más improbable si el régimen actúa racionalmente—como se espera que lo haga. Esto basado en una suposición razonable de la lógica de la dictadura chavista: si bien estar libre de sanciones económicas es beneficioso, los costos de aumentar la competitividad electoral y exponer innecesariamente al régimen sobrepasan significativamente los beneficios de vivir sin sanciones petroleras. Después de todo, la dictadura de Maduro—como otras dictaduras bajo sanciones como Cuba, Irán o Rusia—se han adaptado a sanciones económicas al mismo tiempo que se mantienen firmemente en el poder. El estatus quo del régimen se ha mantenido convenientemente gracias a la sistematización y socialización del narcotráfico, las exportaciones petroleras en el mercado negro y la ayuda financiera de, entre otros, Turquía, China, Irán y Rusia.
Más aún, las inhabilitaciones y exclusiones políticas son la piedra angular de las autocracias hegemónicas. Schedler lo pone elocuentemente: “La varita mágica de las autocracias hegemónicas es la exclusión de los competidores; la exclusión se destaca como su estrategia autoritaria más efectiva en la producción cotidiana de sus abrumadores márgenes de victoria. Más de lo que comúnmente reconocemos, su hegemonía electoral parece basarse en su carácter excluyente”. Sabiendo esto, no sorprende que Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, paradójicamente firmante de los Acuerdos, hayan picado adelante y enviado una señal clara y creíble a sus audiencias militares y partidistas: “No aceptamos chantajes. Los inhabilitados siguen inhabilitados”.
En pocas palabras, para la dictadura venezolana, un futuro sin sanciones, pero con suma incertidumbre interna y fragilidad en su ‘imagen de invencibilidad’, es completamente indeseable y costoso. El régimen entiende que la unidad interna, pilar de su resistencia a amenazas pro-democráticas, no se canja por el levantamiento de sanciones.
Concluyo con mesura y transparencia. No he dicho que sea imposible el ‘Escenario A’ en el que las divisiones internas provenientes a mayor exposición a la competitividad electoral causen una ruptura y quebrantamiento en el régimen a favor de una transición democrática. Pero si considero que es la menos probable que ocurra. Así pues, no nos acomodemos mucho a una vida sin sanciones; probablemente nos continúen asechando en el inmediato horizonte.