La reforma del sistema de justicia en Venezuela fue una oferta engañosa: la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia y el debido proceso establecido en nuestra máxima norma jurídica, la Constitución Nacional, siguen siendo vulnerados.
La situación de los presos políticos es injusta. Continúa sumergida en el olvido por parte de quienes motivaron las manifestaciones en contra de un Estado intolerante que nunca aceptó los reclamos de la mayoría del pueblo, a los que dio respuesta con balas y cárcel.
Los presos políticos ven cómo cada día que pasa se les apaga su vida y se alejan las esperanzas de lograr la libertad porque una justicia penal politizada carente de autonomía e independencia les sigue negando el debido proceso, sus garantías procesales y constitucionales.
Un Estado sin alma que pareciera que aún no se encuentra satisfecho por los tratos crueles, inhumanos, degradantes y torturas que cuerpos de seguridad ejecutan en los calabozos del Sebin, la Dgcim y en Ramo Verde con total impunidad, donde les mantiene encarcelados sin la posibilidad de algún beneficio de sobreseimiento o una ley de amnistía que los regrese a sus hogares como una muestra de desprendimiento en vísperas de Navidad.
Basados en la actuación del Estado pareciera que existen dos Constituciones de la República, la de 1999 aprobada por el soberano y otra que se usa a conveniencia del Estado.
El llamado que hago es al fiscal de la CPI, Karim Khan, para que le exija al sistema de justicia en Venezuela rendir información sobre el cumplimiento del memorando de entendimiento firmado durante su visita,
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