Andrés Manuel López Obrador (AMLO) parece que no quiere irse. Desde las elecciones que le dieron el triunfo a su candidata Claudia Sheinbaum Pardo, ambos han realizado una gira por todo el país para «despedirse del pueblo», toda vez que había jurado reiteradamente que, una vez terminado su mandato, se retiraría a su rancho a escribir.
Parece ser que las cosas han cambiado y ahora AMLO ha dicho que «si Sheinbaum le necesitara» ante «asuntos de prioridad nacional», él estaría dispuesto a regresar a la vida pública.
Lo anterior ha despertado toda clase de suspicacias entre los analistas y la clase política, dado que confirmaría la teoría de un gobierno en la sombra, con Claudia Sheinbaum como títere del tabasqueño.
Desde las elecciones, el aún presidente de México ha impulsado ferozmente su absurda iniciativa de reforma al Poder Judicial, que llevará a cabo en septiembre próximo. AMLO concluye su mandato en octubre. Dicha reforma propone que ministros, magistrados y jueces sea elegidos por medio del voto de la ciudadanía.
Para el presidente mexicano y para la presidente electa (que ha prometido dar «continuidad» a la obra de AMLO) el tema de su propuesta de reforma constitucional es una obsesión peligrosa, toda vez que pretenden crear un Poder Judicial a modo, plagado de ministros, magistrados y jueces mediocres y, sobre todo, incondicionales del Poder Ejecutivo.
Al margen de que esta reforma busca garantizar la impunidad a futuras y diversas acusaciones contra AMLO y sus colaboradores (por los diversos y escandalosos casos de millonaria corrupción), dicha iniciativa legislativa elevó sustancialmente su importancia a raíz de la detención en Estados Unidos de dos importantísimos capos del narcotráfico global y líderes del Cártel de Sinaloa: Ismael «El Mayo» Zambada y Joaquín Guzmán López (hijo del famoso narcotraficante «El Chapo» Guzmán).
Diversos analistas consideran que la captura de «El Mayo» Zambada es más importante que la que, en su momento, representó la muerte de Pablo Escobar Gaviria en Colombia, toda vez que Escobar traficaba sólo con cocaína y que Zambada traficaba con cocaína, heroína, marihuana, metanfetaminas y fentanilo, además de una diversificación importante de actividades criminales. En su momento, la DEA ofreció 5 millones de dólares de recompensa por Pablo Escobar. Esa misma agencia ofreció por Zambada 15 millones de dólares. Así de claro.
Las circunstancias en torno a la captura de ambos delincuentes no están todavía claras por el nivel de secrecía con que se efectuó. Las autoridades norteamericanas no avisaron ni acordaron nada con el gobierno mexicano. Ello representó un altísimo y claro nivel de desconfianza de Estados Unidos con México en materia de delincuencia organizada.
Muchos analistas consideran que la captura de Ismael Zambada y Guzmán López fue realizada como parte de la lucha de las autoridades de Estados Unidos contra el tráfico del fentanilo, droga que, en el último año, ha cobrado la vida de más de 150.000 estadounidenses. Hasta el momento, no existen detalles que expliquen con claridad si la captura del legendario narcotraficante fue una entrega voluntaria a las autoridades o un secuestro, como asegura el abogado de Zambada. Lo que sí está claro es la ruptura de la confianza de Estados Unidos con su vecino y las sospechas de complicidad pasiva y activa de altas autoridades mexicanas con los cárteles de las drogas.
Dicha suspicacia norteamericana no es nueva. Se ha nutrido de las constantes reuniones de alto nivel de diversos emisarios de la Casa Blanca, de la DEA y del FBI, que siempre han tenido nulos resultados y cooperación por parte de sus pares mexicanos. Los constantes viajes de AMLO a Badiraguato, Sinaloa (territorio controlado por el Cártel de Sinaloa y terruño del Chapo Guzmán) y su politiquería discursiva de «abrazos, no balazos» contra el crimen organizado, ha llevado a las autoridades de Estados Unidos a buscar alternativas y soluciones unilaterales frente a esas mafias.
Es claro que las declaraciones y confesiones juradas que «El Mayo» Zambada y Guzmán López hagan próximamente en los interrogatorios y ante los tribunales pueden meter a AMLO y a diversos miembros de su gobierno en un lío judicial monumental, de confirmarse las sospechas norteamericanas.
No sería descartable entonces que la reforma al poder judicial adquiera para AMLO una importancia mayúscula, tanto para dificultar las intervenciones secretas estadounidenses en territorio mexicano, cuanto para buscar impunidad en caso de que los norteamericanos busquen solicitar algunos procesos de detención y extradición a Estados Unidos de diversas autoridades mexicanas implicadas. Al tiempo se verá.
Originalmente publicado en el diario El Debate de España