Foto AFP
El 7 de junio se cumplieron 5 años del fallecimiento del joven Neomar Lander, asesinado por fuerzas de seguridad del régimen madurista durante las protestas de 2017. Un grupo de jóvenes, principalmente activistas de VP, entre quienes estaban Carlos Maneiro, Luis Martínez, Argelia Rovaina y Jholbert Godoy, tomó la iniciativa de honrar su memoria para que su muerte no quede impune. Su acto de protesta contó con el permiso de la Alcaldía de Chacao. Al concluir dicho acto pintaron un grafiti de la “R” de resistencia al final del mural de Juvenal Ravelo en la avenida Libertador (no “sobre el mural”, como afirmó el alcalde de Chacao) y el resto de la historia es harto conocida: desde la llegada de Polichacao, la acusación de “vandalismo”, la entrega de los muchachos al GOES, su desaparición por aproximadamente 48 horas, hasta su liberación bajo medidas sustitutivas, acusados de los delitos “instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública”. Encima, no les permitieron designar a sus defensores, sino que les adjudicaron defensores públicos. Todos sabemos lo que eso significa en la Venezuela de hoy.
Tristemente, no es nuevo, ni es la primera vez que pasa. La ONG Espacio Público -y otras ONG afines- tienen contabilizados los casos de la extralimitación de funciones que el régimen ha usado, amparado bajo la Ley Constitucional contra el Odio. Esta ley -compuesta por 25 artículos- entró en vigencia en noviembre de 2017, después de ser aprobada por la ANC. De manera que ni es ley, porque el único órgano competente para legislar es la Asamblea Nacional y las definiciones de “odio”, son tan amplias e indefinidas, que cualquier expresión o acción fácilmente puede ser enmarcada dentro de esta figura. Las penas van entre 10 y 20 años de cárcel. Básicamente, se trata de criminalizar la protesta y todo esto está siendo considerado por la Corte Penal Internacional.
La susodicha “ley” hace eco al artículo 285 del Código Penal que señala literalmente que “Quien instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciere apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de tres años a seis años” (que la nueva “ley” eleva a entre 10 y 20 años).
La razón de “sembrar la paz” no es otra cosa que contrarrestar acciones de este tipo de parte de opositores, medios y redes sociales. Usarla, como sea, en contra de la disidencia, porque es absoluta y totalmente unidireccional. Solo con ver el programa Con el mazo dando uno se da cuenta de que el odio de allá para acá no cuenta: ni siquiera es criticado, mucho menos investigado y jamás penado. Igual que con otros programas de VTV.
Hace un par de días, Jorge Rodríguez profirió amenazas contra Juan Carlos Escotet, dueño de Banesco, que de haberlas hecho un opositor le hubieran valido unos cuantos años de cárcel.
Igualmente sucede con los grafitis. No soy fan de los grafitis, pero estoy absolutamente segura de que pintar un grafiti no es vandalismo, ni instigación al odio, ni asociación para delinquir. En ese caso -y si la salsa del pavo sí fuera buena para la pava- los grafitis de los ojos de Chávez también deberían ser vandalismo, y quienes los pintan, acusados de instigación al odio y asociación para delinquir. Pero eso no ocurre. De igual manera puedo citar otros muchos ejemplos, pero para efectos de este artículo me quedaré con los de “Free Alex Saab” que pululan en las calles y avenidas de toda Venezuela. Ahí no importa que los hayan pintado sobre murales, propiedades privadas, incluso, patrimonios culturales. Y a última hora me enteré de que apenas un día después del incidente de los jóvenes detenidos en la Libertador, trabajadores no identificados taparon el homenaje de la “R” con pintura gris, “para luego hacer un mural propagandístico de la criptomoneda estatal petro”. Pero eso sí está permitido, porque es del régimen, el dueño absoluto del país.
Y es que en la Venezuela madurista y poschavista, lo que es igual ¡sí es trampa!
@cjaimesb