Foto: EFE
Hasta ahora creíamos que lo público, encarnado en el Estado desde el siglo XIX, constituía el patrimonio de todos los ciudadanos y, por ello, su defensa, protección y en su caso engrandecimiento correspondía a los gobernantes. Pero resulta que, en la era tecnológica, los magnates de la tecnología, presentes de forma impúdica en la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, constituyen no sólo la escenificación del triunfo, sino también los decisores de las principales líneas de actuación del Estado norteamericano, que en la nueva presidencia nos trae proyectos de merma y desaparición de servicios públicos.
El asunto se relaciona con la invasión de los territorios virtuales del mundo por las grandes plataformas, que no conocen de fronteras (podría añadirse ni de impuestos), que publican contenidos posteriormente transformados en noticias o bulos, incidiendo de forma trascendente en las decisiones de los gobernantes.
Esta situación, que ha sido siempre una característica bajo control de los grandes medios de comunicación, se enfrenta con la imposibilidad, hasta ahora, de sanción o coerción de contenidos falsos o insidiosos. Con el alibí de proteger la libertad de expresión, media docena de multimillonarios pasean por el mundo su capacidad de forzar a la opinión pública, favorecer las opciones políticas que desean o destruir aquellas que no les parecen convenientes.
Poseen las redes y también los satélites como se encargan de demostrar Musk y Bezos de forma habitual. Incluso compiten sobre los asuntos del espacio, incluyendo lanzadores satelitales, invadiendo un campo antes público y objeto con la NASA de una de las grandes hazañas de la humanidad: la llegada del hombre a la Luna. La creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, a cargo de Elon Musk, es parte de un plan para erradicar lo que llama Trump “el Estado profundo”.
El ataque continuo a la burocracia que emprende de nuevo el presidente Trump tiene al menos cuatro líneas de actuación:
- Congelación de las contrataciones de funcionarios federales, excepto en las Fuerzas Armadas. Un Estado más pequeño parece ser de nuevo el objetivo de la nueva administración federal, recordando seguramente la idea neoliberal que Reagan y Thatcher extendieron a partir de los años ochenta del siglo pasado. La pandemia demostró que cuanto más pequeño es el Estado más desprotegido está el ciudadano. Pero va más allá, anuncia una “congelación de la contratación para todas las agencias federales” con el fin de “garantizar que solo contratamos a personas competentes y leales al público estadounidense”.
- Supresión del teletrabajo para los empleados federales. Este sistema de trabajo que puede ser útil en determinados empleos, inaugurado primero y después vilipendiado por las empresas tecnológicas, es objeto de denostación y acusación de excesos, especialmente en las administraciones públicas. Un presidente que se ve a sí mismo como agente de la venganza la carga contra sus propios funcionarios y anuncia el despido inmediato de cuantos le sobran —a la espera de la tijera de Musk—, además de eliminarles el trabajo no presencial. (Vallespin,2025)
- Orden a las agencias federales de ayudar a combatir la inflación. Esta petición va a suponer probablemente la reducción de sus actividades e inversiones.
- Congelación regulatoria para que las agencias federales no emitan más normas. Tradicional reivindicación del sector privado que, en ocasiones con razón, se queja de la selva regulatoria, pero que puede transformarse en una situación de desierto de regulación que dé pie a excesos, por ejemplo en materia urbanística, de construcción o medioambiental.
Alguna de las nuevas medidas indica que sólo reconocerá en la administración federal los géneros masculino y femenino, abandonando todas las actuaciones puestas en marcha por la administración Biden de protección de los colectivos LGTQ+. Donald Trump, ha eliminado los programas federales de equidad, diversidad e inclusión, y ha dispuesto que todos los empleados contratados bajo estas iniciativas sean puestos en licencia y que diseñen un plan con miras a su futuro despido. La diversidad es woke y discrimina a los hombres blancos, les ha dicho Donald Trump a los funcionarios dedicados a fomentar criterios de inclusión en la contratación pública. Por tanto, se desmantelan los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), que priorizan la equidad racial, de género, religiosa y de capacitación en la contratación pública. Se han dado instrucciones para impedir que se reclute a personas en función de su raza, sexo o religión . Ello supone el fin efectivo de la discriminación positiva y revoca una orden ejecutiva firmada por el presidente Lyndon Johnson en 1965, un año después de la Ley de Derechos Civiles y dos después del discurso I have a dream de Martin Luther King Jr.
Un grupo de organizaciones sindicales ha entablado una demanda judicial contra el presidente de Estados Unidos, a raíz del grupo de trabajo que creó para reformar la administración pública y que lidera Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Entre ellas, la AFGE, que representa a alrededor de 800.000 empleados federales
La moda reaccionaria que Trump inaugura es aún recesiva en los Estados Unidos de America, porque los estados no están obligados a ponerla en práctica, pero es probable que su influencia en muchos otros países del mundo occidental retrase de nuevo la incorporación de minorías y de mujeres a las administraciones públicas, lo que supone un retroceso evidente.
@fjvelazquez.bsky.social