Foto: Federico Parra/ AFP
Han pasado unos cuantos años desde que Sergio Dahbar me ofreció la oportunidad de ser columnista en El Nacional. Siempre he escrito, antes en papel y ahora en modo digital, conforme al criterio que personalmente tengo sobre el asunto que he decidido abordar.
No quiero desaprovechar estas líneas para mostrar mi solidaridad con el periódico y mi protesta ante la última sentencia emitida por las autoridades judiciales, en respuesta a la demanda planteada por un alto personero del oficialismo, demostración palmaria de que en Venezuela el Estado de Derecho semeja cada vez más un elenco de reglas diseñado según la conveniencia oficial.
Si se me permite un toque personal diré que El Nacional es un periódico que he leído regularmente desde los 9 o 10 años de edad, al principio solo en su sección deportiva, énfasis fútbol y un poco más tarde beisbol. Pero luego de cierto tiempo lo empecé a revisar completo y descubrí de a poquito que, como alguna vez dijo Thomas Mann, el responsable de esa obra maravillosa que es la Montaña Mágica, “… en nuestro tiempo el destino del hombre muestra sus significados en términos políticos…”. En sus páginas he ido encontrando, así pues, informaciones y opiniones que, compartidas o no, me han ayudado a descifrar el país que somos, en el que vivo, tarea esencial, sobre todo en estos últimos tiempos en los que se ha pretendido apretujarlo en un relato político simple y maniqueo, construido en modo pensamiento único, que sataniza la discrepancia y desfigura la realidad.
II
La mencionada decisión judicial debe entenderse como una acción más, dirigida a lesionar el tejido democrático y fortalecer el autoritarismo mediante un modelo político sustentado, en buena medida, en el control y censura de los medios de comunicación impresos, a la par que incrementa su dominio interviniendo los medios digitales. De paso, no se sabe a ciencia cierta cuál es el contenido del Proyecto de Ley sobre el Ciberespacio, pero en el actual contexto y viendo apenas por encimita las cosas, se puede ejercer el derecho a la sospecha. El gobierno seguirá en su afán de ignorar y falsear la realidad, escondiéndola tras una épica mustia que se conforma con reiterar que todas las cosas son pensadas en beneficio de “nuestro pueblo” y en su defensa ante las “amenazas imperiales” y hasta señalando, incluso, que vamos bien encaminados hacia la construcción de la Venezuela Potencia, para eso sirven las palabras, no importa si hay o no ladrillos.
El país continúa en su proceso de deterioro casi exponencial, sin exceptuar ninguno de sus espacios y permeado por la violencia en varios formatos, sin duda el problema más agobiante en la vida de sus habitantes. Cierto, nuestra sociedad ha incorporado el miedo a sus haberes de cada día, corriendo el riesgo de perder la capacidad de asombro y de indignación. El miedo es una fábrica para producir ciudadanos desconfiados, es la conmoción resultante de una evidente debilidad institucional, que sirve como pretexto para desempolvar la ley de la selva, la del sálvese quien pueda.
III
En suma, la nuestra es una sociedad desacomodada, precaria en muchos sentidos, producto de una crisis política que pareciera eternizarse. Nuestra dirigencia no ha tenido ojos para ver ni oídos para escuchar cómo, en el subsuelo de la vida nacional, viene cobrando forma una gran queja colectiva que pareciera registrarse solo en las encuestas y que por ahora es un reclamo envuelto en la indiferencia, copado por el día a día, en donde la subsistencia no deja ver ni siquiera un poquito más allá. Nuestra élite se encuentra distraída en su lucha por el poder.
Qué vaina, ¿no?