La Nueva Ruta de la Seda, la gran apuesta de gravitación universal de China, no tiene solo una cara política. Es una realidad que la inspiración primaria de este instrumento de penetración es de naturaleza económica. La vertiente digital de la Nueva Ruta de la Seda es una buena demostración de ello y es muy diciente cuando se aplica, por ejemplo, a la región latinoamericana.
Lo que estamos viendo desde unos cuatro años a esta parte es que encontramos una presencia creciente de servicios y de bienes de alta tecnología de origen chino en nuestro entorno. Las empresas chinas de comercio digital, los proveedores de servicios y de equipos móviles, las transnacionales chinas especializadas en tecnologías avanzadas de telecomunicaciones y en transmisión de data, están dedicando su atención a países de mediano desarrollo con capacidad de crecimiento, entre los cuales se encuentran algunos de los nuestros: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, México.
AliBaba, Ant Financial, Tencent, Huawei y su conectividad de quinta generación 5G, ZTE, DIDI Chuxing tienen un proactivo pie dentro de estos y otros países del continente porque existe una complementariedad natural entre sus ofertas y las necesidades que los gobernantes de estas comunidades van percibiendo en su proceso de incorporación a la economía digital, el aumento de su capacidad de interconectividad global y el uso creciente de la inteligencia artificial.
Estas empresas lo que hacen es alinearse con las crecientes necesidades de los consumidores latinoamericanos –gobiernos y particulares– para alcanzar un retorno económico legítimo. Sus costos suelen ser más bajos que los de sus competidores, con lo que la ganancia es de todos. Ello explica que cada día más países usan tecnología china en actividades de vigilancia y seguridad. La falta de financiamiento internacional es suplida en la mayoría de los casos, por los programas de cooperación ya en marcha a través de acuerdos bilaterales en los que la provisión de fondos es canalizada a través de empresas o entidades financieras controladas por el Estado. Ello facilita, sin duda, las aprobaciones regulatorias que es indispensable conseguir en todos los casos.
A raíz de la pandemia será notorio cómo China escogerá con mayor precisión los sitios en donde quiere poner su dinero y Latinoamérica les ofrece el retorno a que aspiran dentro de un ambiente ganar-ganar. Así, pues, no resulta cuestionable el interés económico de Pekín al soportar y promover a sus empresas en aquellos entornos que están tecnológicamente preparados para recibirlas y dispuestos a pagar por sus servicios e infraestructura.
Dicho lo anterior, no es prudente, tampoco, cerrar los ojos ante algunas realidades. Si bien la penetración tecnológica de China en estos países persigue ampliar la red de clientes de sus empresas más salidoras internacionalmente, un valor agregado no deleznable es la influencia que consiguen desarrollar en los países tributarios de los hallazgos y avances de sus proveedores. Los politólogos ya han encontrado una denominación para este género de propagación política externa y lo llaman “soft power” o “poder blando”.
Una potente red de infraestructura y equipamiento en telecomunicaciones, instalada en el corazón del hemisferio occidental sin duda que le mete un dedo en el ojo al otro gran actor de esas latitudes: Estados Unidos.