Las actas están más que mostradas. La comunidad internacional debería pasar la página de exigir que el régimen madurista enseñe las actas que registran los resultados electorales de las presidenciales del 28 de julio. Eso no lo van a poder hacer. Más de 80% de las actas en manos de la oposición (oficiales) dan a Edmundo González Urrutia como el ganador. Es irrebatible. Insistir en que el régimen muestre las actas le hace el juego a las dilaciones buscadas por el propio régimen para tratar de enfriar la calle mientras que cocinan otra patraña jurídica sin pie ni cabeza, como la propuesta de repetir las elecciones. (Uno de los diputados chavomaduristas, el alacrán Brito, ya mostró en televisión el tipo de acta chimba, forjada, que validaría el triunfo de Maduro, con los códigos y el QR que demuestran que quien ganó fue el candidato de la oposición).
El acuerdo que estarían promoviendo países amigos tanto de la democracia como del régimen debería ser una negociación orientada a que se vayan quienes consumaron el fraude, y cuanto antes mejor; negociar el cómo más que el qué. El fraude electoral no fue poca cosa, fue un golpe de Estado consumado a través de una farsa que las fuerzas opositoras han develado con pruebas irrefutables; fraude realizado con la complicidad del Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de la Defensa, la Fiscalía General y ahora probablemente del Tribunal Supremo de Justicia.
Digámoslo con el cliché: eso no pasa en una democracia que se precie de tal. El voto, el acto electoral, elegir a nuestros gobernantes, es lo fundamental de la democracia, lo que la distingue de las dictaduras y de las monarquías antiguas. El voto, el sufragio popular, la expresión de la voluntad de la ciudadanía sobre quién debe representarla en las ramas ejecutiva y legislativa de los poderes públicos, es la clave de todo. Sin ello, simplemente, no hay democracia. No hay república. No hay poder elegido por el pueblo.
El expresidente estadounidense Donald J. Trump enfrenta hoy dos juicios penales relacionados con sus intentos de desconocer la voluntad popular del pueblo norteamericano. Uno de carácter federal y otro a nivel estadal. El federal, que se lleva a cabo en Washington, D.C., tiene que ver con su papel en la irrupción de turbas armadas que intentaron el 6 de enero de 2021 impedir en el Congreso la validación de los votos de los colegios electorales de cada estado, que otorgaban el triunfo en las presidenciales de noviembre a Joe Biden. Los insurrectos, animados por Trump, no sólo querían interrumpir el acto sublime del Congreso, sino que clamaban por el ahorcamiento del vicepresidente, Mike Pence, quien en su condición de presidente del Senado encabezaba el evento, y buscaban afanosamente a “Nancy”, refiriéndose a la presidenta de la cámara baja parlamentaria, Nancy Pelosi, para hacerle quién sabe qué.
El otro juicio es el que se desarrolla en el estado de Georgia, donde una fiscal de la ciudad de Atlanta acusa a Trump de ser el jefe de una conspiración para desconocer los resultados electorales de ese estado, donde ganó Biden. Se recordará que el entonces presidente republicano le pedía al funcionario electoral principal georgiano, el secretario de estado, Brad Raffensperger, de su mismo partido, que le consiguiera los voticos que le faltaban para ganar en la localidad. Desafortunadamente para Trump, Raffensperger no es de la escuela del Sr. Amoroso, el más alto funcionario electoral venezolano. Además de negarse a conseguir los voticos, grabó la conversación telefónica con el presidente y su jefe de gabinete, y ello forma parte del expediente de múltiples delitos electorales presuntamente cometidos por Trump y varios de sus asesores legales y políticos en Georgia para desconocer la voluntad popular.
Estos dos juicios hacen ver que en Estados Unidos, conspirar para cambiar los resultados electorales presidenciales (y de cualquier cargo de elección popular) es un crimen de carácter penal. En el caso norteamericano actual, se acusa no sólo a quien hoy es otra vez candidato presidencial, sino también a otros que se coaligaron con él, como los que diseñaron y presentaron argucias legales para cometer fraude antes de la proclamación del candidato ganador y también a quienes amenazaron a funcionarios locales en las mesas de votación.
El caso venezolano del fraude de Maduro es igualmente criminal, con la enorme diferencia de que quienes están obligados a salvaguardar la ley y los principios democráticos son quienes los están violando. No hay en estos momentos en el país la institucionalidad necesaria para inculpar a los transgresores legales. Los presuntos criminales copan todas las instituciones del Estado. Hablan con descaro de la “unión cívico-militar-policial” para avalar el fraude. El añadido de lo policial es nuevo, aparentemente porque podría haber resistencia en los cuadros de la Fuerza Armada para reprimir a la ciudadanía. Ahora lo hace más abiertamente la Policía Nacional. Y lo cívico (derivado de lo civil) parece referirse a los colectivos paramilitares armados que salen a perseguir al pueblo opositor después de las marchas pacíficas en protesta por la consumación del fraude y la ilegal proclamación de Maduro como presidente.
La decisión a tomar en estos días por el liderazgo democrático de María Corina Machado, Edmundo González y la Plataforma de la Unidad Democrática no es fácil. La oposición democrática tiene su capital en la calle, un recurso a administrar con mucho cuidado, no vaya a ser que ocurra una masacre innecesaria. Pero el recurso está allí. Entretanto, toca insistir en que no hay duda, oficial u oficiosa, sobre que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones del 28 de julio. No cabe ya la discusión sobre quién fue el triunfador de esos comicios, y así debemos hacérselo saber a la comunidad internacional.
La oposición democrática ha dado muestras de su disposición a sentarse a conversar para lograr el acuerdo necesario para darle salidas políticas al hoy insoluble problema legal; ver lo que se puede conceder a Maduro, Padrino, Tarek y los hermanos Rodríguez, incluso a Diosdado Cabello, para que se vayan. Que de esa manera carguen con su responsabilidad. Esa debería ser la posición de la comunidad internacional, de los amigos tanto de la oposición como del gobierno. Pasar la páginas de las actas y concretar propuestas que conlleven a una solución pacífica y consensuada de transición hacia la democracia que extrañamos en Venezuela.
@LaresFermin