Linda Loaiza fue secuestrada, torturada y violada durante 4 meses, por Luis Carrera Almoina. Al final pudo escapar para enfrentar una nueva etapa de su vida, la ausencia de justicia, practicada por el sistema de justicia venezolano. Un segundo crimen que comienza cuando es designada la fiscal 33 del Ministerio Público, Capaya Rodríguez González, cuyo objetivo fue desde el principio impedir que el culpable fuese castigado.
Una fiscal del mismo rango moral de los servidores del sistema de justicia que vieron aparecer en la sede del tribunal al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, clamando ayuda y protección de las torturas inferidas por los esbirros de Maduro/Cabello/ Padrino, el trío de la muerte. Cuando se presentó el joven capitán, casi muerto, el juez lo más que hizo fue enviarlo a un hospital, no le removió la conciencia esa prueba flagrante de los desmanes de los asesinos, de los esbirros que habían destrozado su cuerpo en representación del régimen y con su permiso.
Estas ideas se revuelven en nuestra mente cuando leemos que la CPI ha tardado años en reconocer que existían pruebas suficientes para iniciar un proceso contra los dirigentes del gobierno criminal de Venezuela y que había que desechar las zancadillas argumentales que fabricaba desde su corroído mundo el personaje que hoy aparece como fiscal de la República, un traficante de la justicia capaz de inventar cualquier artimaña dentro y fuera del país para impedir que la justicia ocupe el lugar que le corresponde y represente a todos los ciudadanos.
Como si esto fuese poca cosa volteamos la mirada al llamado Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela y encontramos una serie de caricaturas de personajes perversos que constituyen todo lo contrario de lo que debe ser un TSJ.
Preguntemos ¿qué categoría de ciudadano es Maikel Moreno? Nos llena de pena revisar su currículo y ver de manera inocultable que era quizás una de las peores figuras, impensable, para ocupar el cargo de presidente de un TSJ convertido en vergüenza ante el mundo y cada uno de los venezolanos.
Acusado de ser miembro de la banda llamada Los Enanos, un grupo de malhechores que controlaron el Poder Judicial en el país, Moreno fue condenado por el asesinato de una mujer en el año 1987, por los que estuvo dos años en prisión.El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa por su captura de 5 millones de dólares, por participar en crimen organizado transnacional y recibir millones de dólares en sobornos y lavado de dinero. Acusado y procesado por homicidios perpetrados en 1987 y 1989, en sus tiempos de oficial de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, policía política).
Es casi inimaginable que en un país el Tribunal Supremo de Justicia está en manos de alguien con su cabeza a precio, difícilmente puede esperarse que haya algún vestigio de justicia. Pero es el caso de Venezuela, donde el TSJ lo integran antiguos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), exfuncionarios del gobierno, familiares de altos jerarcas de la revolución y hasta un acusado de homicidio que defendió a tres pistoleros chavistas
Con base en los fallos judiciales de este tribunal, Maduro impuso un decreto de emergencia económica que le ha permitido manejar –robar– los fondos públicos sin someterse a la vigilancia del Poder Legislativo.
¿Quiénes han sido y son estos “magistrados” del TSJ ?
Gladys Gutiérrez ocupó la Procuraduría General de la República por orden de Chávez, diputada del extinto Movimiento Quinta República y embajadora de Venezuela ante el Reino de España. Gutiérrez encabezó la Sala Constitucional, la más poderosa de las seis que integran el organismo y el principal azote del Parlamento.
En esa lista se destacan los exlegisladores del PSUV Juan José Mendoza y Calixto Ortega, en abril de 2013 encargado de negocios en la Embajada de Venezuela en Washington –de donde fue expulsado por el gobierno de Estados Unidos, en octubre de ese año– y luego vicecanciller para Europa.
Tres de los cinco magistrados de la Sala Electoral fueron activistas del chavismo. Indira Alfonzo Izaguirre, quien fue consultora jurídica para el Ejecutivo, asumió en 2020 la presidencia del CNE hasta 2021; Janet Madriz, que representó al PSUV en el Parlamento Andino, fue magistrada principal de la Sala Electoral; y Malaquías Gil, desde el año 2015 vicepresidente de la Sala Electoral del TSJ, está en el máximo tribunal de la República desde el año 2010. Christian Tyrone Zerpa, el magistrado que votó por él mismo, abandonó Venezuela y se encuentra en Estados Unidos.
María Carolina Ameliach Villarroel, presidenta de la Sala Político-Administrativa, prima de Francisco Ameliach Orta; Édgar Gavidia Rodríguez, en la Sala Social, hermano del exesposo de la primera “combatiente” Cilia Flores; Marjorie Calderón, quien condenó sin pruebas a un grupo de efectivos policiales que hoy cumplen 20 años presos, hoy lidera la Sala Social; Mónica Gioconda Misticchio Tortorella, representante de Venezuela ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, intervino en el juicio que inhabilitó a Leopoldo López y lo condenó a 13 años y 9 meses de prisión.
Muestra de la calidad de esa caterva de jueces es la aportada por el magistrado de la Sala Constitucional Arcadio Montiel en la apertura del año judicial de 2012, al citar como referencia de sus ideas al jurista nazi Carl Schmitt.
Linda Loaiza, es imposible que haya justicia, antes hay que instaurar el Estado de Derecho.