Cuentan los mismos estudiantes que los delincuentes llegaron al recinto universitario del campus Los Guaritos, ubicado en la avenida Universidad con el propósito de someter a los estudiantes a punta de pistolas y despojarlos de sus enseres y equipos electrónicos (teléfonos, tablets y laptops) que suelen llevar a la universidad para descargar de la red de información especializada correspondientes a sus respectivas áreas de conocimientos científicos. La operación chorocrática ya había sido perpetrada y los hampones se disponían a huir con su cargamento de equipos, cuando uno de ellos, tal vez con el nerviosismo que llevaba en su estampida tropezó y cayó al suelo, circunstancia esta que fue aprovechada por la turba enardecida de estudiantes que acababan de ser asaltados. Dicen los que fueron objeto del robo que el “chorín”, un mozalbete de apenas unos 19 años, poseso del terror de verse capturado por el grupo de enardecidos udistas efectuó varios disparos sin impactar, por fortuna, en la humanidad de ninguno de los estudiantes. Ya en manos del tumulto de estudiantes enloquecidos por tanta robadera y humillación que a diario se comete en la universidad y fuera de ella por parte de la delincuencia impune, lo golpearon con furia y saña inaudita. En medio de la terrible paliza que recibía el choro por parte de los estudiantes, el grupo le quitó el pantalón y con el mismo le amarraron las extremidades inferiores y le propinaron golpes, palazos y patadas; cuentan los presentes que de pronto lanzaron un porrón del primer piso que impactó en el cráneo del delincuente y ese golpe fue la estocada final que puso fin a la triste y corta “carrera delictiva” del jovenzuelo ya irremediablemente maleado por el luciferino mundo del delito.
De la anterior crónica se colige que las prácticas salvajes de linchamientos contra delincuentes, choros, rateros, malvivientes, atracadores, y todo tipo de lacras sociales cada día se convierte en práctica común en calles, avenidas, pueblos, caseríos y comunidades de toda Venezuela. La gente se cansa de tanta impunidad y ante la literal indiferencia de los organismos competentes que están facultados por la ley para aplicar y administrar la justicia en los casos que patentizan violación de las normas de convivencia social. Cuando el Estado fracasa de modo evidente en el cumplimiento de sus naturales funciones como entidad jurídica garante del imperio de la ley, obviamente, la sociedad asume en estricto rigor la defensa del sentido común y la preservación del derecho fundamental a la vida. Cuando la sociedad se ve a sí misma desamparada ante los zarpazos de la bestia delictiva y el flagelo de la delincuencia desatada que campea a sus anchas cometiendo todo tipo de atrocidades, los mismos ciudadanos tienden a tomar la justicia por sus propias manos en un rapto de justicia popular para enviar un claro y enfático mensaje a todo el cuerpo social sobre la dimensión de la tragedia.
Las redes sociales circulan profusamente casos emblemáticos de ajusticiamientos extrajudiciales; a lo largo y ancho de toda la geografía nacional aparecen cuerpos desmembrados por la tenebrosa mano del hampoducto socialista y bolivariano. En ciudades, pueblos y caseríos se protagonizan espeluznantes actos de linchamiento de jóvenes delincuentes que son capturados por las turbas populares. Pero lo más grave del clima de deterioro social que caracteriza a Venezuela es la modalidad de “linchamiento moral” que se comete contra distinguidas personalidades protagonistas de la vida pública nacional.
Los venezolanos observamos estupefactos los continuos y sistemáticos linchamientos morales que se cometen casi a diario contra líderes y dirigentes de la oposición democrática. El presidente en cadena nacional de radio y TV alude personalmente a connotados líderes disidentes tildándolos de “basura”, “bandidos”, “traidores”, “terroristas”, en fin, todo un rosario de adjetivaciones descalificativas que configuran una tipología de “pena de muerte moral” o de “fusilamiento ético” dictaminada desde el Estado contra la sociedad. Desde el abigarrado andamiaje político-institucional de la estatocracia socialista se criminaliza al disidente, se hostiga e inhabilita a las voces heterodoxas que luchan por medios pacíficos, legales, constitucionales y electorales. El Estado social-fascista tardo-chavista lincha impúdicamente al ciudadano transgrediendo violentamente su propio ordenamiento jurídico ante la mirada estupefacta de todo un continente e incluso del resto de naciones allende los océanos.