“Hay muchas personas que sienten que es inútil continuar hablando de la paz y la no violencia en contra de un gobierno cuya única respuesta son ataques salvajes a un pueblo indefenso y desarmado”, Nelson Mandela
La razón por la cual Rolando, Otoniel y Juan Bautista Guevara han sido mantenidos encarcelados durante tanto tiempo a pesar de su inocencia es un misterio, para algunos develado, confuso para otros. Tal vez las autoridades simplemente disfrutan de mantener a personas inocentes tras las rejas como un pasatiempo. O quizás se trata de un experimento social para ver cuánto tiempo pueden mantener a personas inocentes privadas de su libertad sin consecuencias. Otra posibilidad es que el sistema de justicia esté tan ocupado persiguiendo a los verdaderos criminales que simplemente no tienen tiempo para revisar los casos de aquellos que son inocentes. En cualquier caso, es realmente sorprendente cómo el sistema puede ignorar las pruebas demostrativas de inocencia y mantener a estas personas tras las rejas durante tanto tiempo, 19 años. ¡Bravo, sistema de justicia!
Desde la perspectiva del derecho penal y del derecho procesal penal, en el caso de los Guevara, después de 19 años de injusta prisión, se pueden observar varias inconsecuencias. Especialmente destacable es el hecho de que los testigos utilizados en su contra denunciaron que se les pagó para incriminarlos. Además, uno de los fiscales actuantes del Ministerio Público denunció que todo el caso se trataba de un montaje. Estas inconsecuencias plantean serias interrogantes sobre la integridad del sistema de justicia en este caso. La utilización de testigos que admiten haber sido sobornados para incriminar a los acusados socava la credibilidad de las pruebas presentadas en su contra. Asimismo, la denuncia de un fiscal del Ministerio Público sobre un montaje denota irregularidades en la investigación y el proceso judicial.
El hecho de que hayan sido encarcelados a pesar de contar con elementos probatorios demostrativos de su inocencia es una clara violación de sus derechos humanos. Tan es así, que se puede llegar a conclusiones obvias. La primera es que ha habido una clara vulneración del derecho a un juicio justo y equitativo. Además, se puede concluir que ha habido una violación del derecho a la presunción de inocencia. A pesar de las pruebas demostrativas de su inocencia y las denuncias de manipulación, Rolando, Otoniel y Juan Bautista Guevara han sido mantenidos en prisión durante 19 años, lo cual constituye una clara injusticia. Las conclusiones obvias en este caso son, a simple vista, la vulneración del derecho a un juicio justo, la violación del derecho a la presunción de inocencia y la necesidad de una revisión imparcial del caso para garantizar la justicia y proteger los derechos humanos de los condenados sin derecho a beneficio procesal alguno.
Desde una perspectiva netamente humana, las implicaciones de este caso serían devastadoras. El encarcelamiento injusto y prolongado de estos insignes funcionaros policiales ha tenido un impacto profundo en sus seres queridos. La separación forzada de la familia durante tantos años ha causado sufrimiento emocional, angustia y pérdida de oportunidades para compartir momentos importantes juntos. Además, los propios acusados han sido víctimas de una injusticia prolongada y de mala fe. El tiempo perdido en prisión, lejos de sus seres queridos y sin la posibilidad de llevar una vida normal, ha dejado secuelas emocionales y psicológicas en ellos.
Es importante resaltar que, a medida que pasa el tiempo, la gravedad de esta situación se acentúa. No solo se trata de una injusta prisión prolongada, sino también de las consecuencias emocionales, sociales y familiares que esto conlleva. Las familias de los implicados se ven afectadas de manera directa, soportando el dolor y la incertidumbre de tener a sus seres queridos privados de libertad injustamente. La injusticia de este caso también puede tener implicaciones más amplias en la sociedad. La falta de confianza en el sistema de justicia y la percepción de impunidad pueden generar descontento y desconfianza en las instituciones. Además, casos como este pueden socavar la fe en la justicia y en la protección de los derechos humanos, lo que afecta la cohesión social y el Estado de Derecho.
Si hablamos en términos coloquiales, irreverentes, podemos decir que esta historia es tan increíble que incluso Hollywood se pondría celoso. Nos encontramos ante una comedia de errores que parece sacada de una película. Es un caso enredado donde la justicia parece haberse tomado unas largas vacaciones. Estamos frente a un verdadero desastre judicial que día a día ha acentuado la gravedad de la situación. Es necesario destacar que esta historia, más allá de su aparente locura y desaliento, tiene consecuencias profundas y preocupantes. Las violaciones de derechos humanos son una realidad alarmante en Venezuela, según lo constatado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. Esto implica que no solo estamos frente a un caso de injusticia individual, sino también ante un reflejo de un problema más amplio y sistemático en el país.
En conclusión, esta historia, aunque pueda parecer una comedia de errores, es un reflejo de una realidad mucho más grave. La violación de derechos humanos, la falta de justicia y el sufrimiento de las familias implicadas son problemas que no pueden ser ignorados. Es necesario que se tomen medidas urgentes, dentro y fuera de Venezuela, para rectificar esta situación y garantizar que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados y protegidos. Espero ver algún día libres a estos ciudadanos que claman justicia, que demandan su libertad…
@robertveraz