Rafael Arévalo González
Uno de los mayores logros de Rómulo fue hacer realidad la supeditación de los militares al poder civil durante su mandato a partir de 1959, y después del mismo hasta 1999. Lo propuso en el Plan de Barranquilla el 22 de marzo de 1931 como primer objetivo: “Hombres civiles al manejo de la cosa pública. Exclusión de todo elemento militar del mecanismo administrativo durante el período preconstitucional. Lucha contra el caudillismo militarista”. Significaba plantear el desplazamiento del centenario militarismo que desde el poder impidió la instauración de gobiernos regidos por ideales democráticos. Con pocas excepciones, como la del hoy mancillado José María Vargas, quien asumió con incipiente civilismo una posición abiertamente antimilitarista, los regímenes que se sucedieron desde la independencia hasta mediados del pasado siglo se caracterizaron por el caudillismo militar.
El segundo objetivo fue el de las “Garantías para la libre expresión del pensamiento, hablado o escrito, y para los demás derechos individuales (asociación, reunión, libre tránsito, etc.)”. Ese programa constituyó un claro desafío al absolutismo del poder castrense. El pensamiento crítico, expresado libremente en cualquier forma, como acto contestatario, debía ser acallado; era tanto como decir que si lo hacías te esperaba la cárcel o el destierro en el mejor de los casos. De hecho, en el ejercicio de ese derecho a opinar, expresado en pro de las garantías a los derechos ciudadanos, era un verdadero acto de valentía, mas si lo ejercía como pauta de vida un líder político como Rómulo.
Fue esa férrea posición de Betancourt la que le hizo blanco de atentados, insurrecciones armadas y golpes que supo superar con un coraje que solo puede exhibir un ciudadano con sus valores, sin soleadas charreteras; un verdadero héroe civil de innegable legado. En un trabajo de la historiadora María Hernández Bencid, titulado “POLÍTICOS PERIODISTAS Y PERIODISTAS POLÍTICOS EN EL SIGLO XX VENEZOLANO”, se resalta el rol fundamental que cumplieron durante buena parte del siglo pasado aquellas consagradas figuras en esa doble condición de políticos y periodistas. Otros héroes civiles integran esa selecta lista: Miguel Otero Silva, Ramón J. Velásquez, Luis Herrera C. y Simón Alberto Consalvi, quienes pagaron semejante atrevimiento con carcelazos y exilios.
Ya desde el propio inicio de nuestra independencia y buena parte del siglo XIX, entre otros próceres civiles, ejercieron el periodismo contestatario: Juan Germán Roscio Nieves, Francisco Isnardi. Francisco Javier Yanes y Vicente Salias, venezolanos ilustres que lo hicieron en cruciales circunstancias. El fusilamiento de Salias da cuenta de ello. Juan Vicente González, también periodista y opinante político de oficio, historiador y escritor, a mediados del siglo XIX, combatió a los regímenes de fuerza desde los periódicos de entonces. Páez lo encarceló varias veces. Tal vez, entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, el caso más emblemático de la simbiosis periodista/político/héroe civil es el de Rafael Arévalo González. Considerado como un político polémico, Arévalo hizo del periodismo un indeclinable propósito de vida. Luis Enrique Alcalá refiere que fue la brutalidad implacable de Gómez la que lo hizo objeto de “veintisiete años de encierro, 40% de su vida. Una maleta siempre dispuesta en su casa tenía el siguiente membrete: Rafael Arévalo – La Rotunda”.
Desde comienzos de este siglo XXI, se ha instaurado un régimen que no solo ha acentuado un militarismo que subyuga a los civiles, pues, por increíble que parezca admitir tamaña monstruosidad, también se ha definido a sí mismo como régimen policial. Esa autodefinición no constituye una amenaza retórica. Son obvios sus desafueros represivos. En el caso de los periodistas agremiados, el presidente del CNP, Tinedo Guía, en su lucha ha solicitado en múltiples ocasiones a las autoridades nacionales la liberación de «aquellos periodistas que han ejercido la función política y hoy están privados de libertad por haber opinado». En ese ámbito los medios y quienes usan esos espacios, lo hacen enmarcados en las normas constitucionales que establecen la libertad para expresar su pensamiento en cualquier forma, haciendo uso de cualquier medio, sin censura.
Con el reciente cierre del diario La Voz suman 406 los medios de comunicación cerrados y una cantidad incalculable de periodistas, así como de políticos y defensores de los derechos humanos que también generan opinión, han sido hostigados, apresados o exiliados por ejercer ese derecho constitucional; un verdadero universo que da fe del heroísmo cívico que caracteriza a muchos de sus protagonistas en lo que va del presente siglo.
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