Según se avanza en la búsqueda de información sobre cualquier tema de actualidad relacionado con el Estado de Derecho y la independencia judicial se consiguen notas que reiteran que en ciertos países la voluntad de los gobernantes gira en torno a reformas del sistema de justicia con miras a transformar la clásica división de poderes de Montesquieu en una caricatura en la que el Poder Judicial sólo sea un cascarón vacío cuyos magistrados y jueces están sometidos a la voluntad del gobernante de turno.
En Israel, el gobierno de Netanyahu, compuesto por partidos ultranacionalistas y ultrarreligiosos, desde 2022 no cesa en la presión del gobierno para lograr la promulgación de un controvertido proyecto de ley cuyas líneas fundamentales atentan contra el equilibrio de los poderes públicos en tres grandes frentes: modificar el sistema de elección de los jueces con mayor peso del voto del Ejecutivo, eliminar la cláusula de anulación del Supremo para prohibirle impugnar leyes redactadas en la Knéset -órgano unicameral que ostenta el Poder Legislativo del Estado de Israel- que contravengan las “leyes fundamentales” de Israel y quitarle al tribunal sus competencias para inhabilitar a altos cargos del gobierno. En pocas palabras, reducir el control de la constitucionalidad por parte del Poder Judicial y una mayor preponderancia del Poder Ejecutivo en el nombramiento de los jueces.
Lo que sí es significativo e importante es la participación ciudadana en Israel para oponerse a las pretendidas reformas, lo que considero no sólo un alto grado de civismo sino también de responsabilidad de una sociedad desarrollada como es la israelita. Numerosas concentraciones públicas se han efectuado desde el primer anuncio de gubernamental en el primer cuatrimestre de 2023 se efectuaron numerosas manifestaciones; y así el 29 de abril hubo manifestaciones en casi150 lugares de Israel. Según The Times of Israel, alrededor de 200.000 participaron en Tel Aviv, 30.000 en Haifa, 18.000 en Kfar Saba y 16.000 en Netanya. Los organizadores estimaron el número total de participantes en 430.000. Los oradores en el evento de Tel Aviv incluyeron a importantes personajes como Yoram Danziger, un exjuez de la Corte Suprema, y Aaron Ciechanover, un científico ganador del Premio Nobel, mientras que en otros lugares incluyeron a Benny Gantz, líder del Partido de Unidad Nacional, en Ra’anana; Avigdor Liberman, líder de Yisrael Beytenu, en Be’ersheba; MK Gideon Sa’ar, exministro de Justicia, en Herzliya; Reuven Abergel, cofundador de las Panteras Negras de Israel, en Jerusalén; Yael German, embajadora de Israel en Francia hasta su reciente renuncia, en Haifa; y Yair Lapid, líder de la oposición, en Kfar Saba (Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_por_la_reforma_judicial_en_Israel_de_2023).
En otras latitudes, saltan las alarmas en Brasil cuando el Senado aprueba la candidatura de un conocido y competente abogado postulado por el presidente Lula para magistrado del Tribunal Federal, quien fuera su abogado defensor, lo cual, si bien es legítimamente correcto -el presidente cuenta con la facultad constitucional para proponer al candidato y a la vez éste reúne las condiciones exigidas para el ejercicio del cargo- la promoción resulta cuestionable moralmente porque pudiera verse más bien como un premio o una retribución por la exitosa defensa que el afamado penalista hizo de Lula en los múltiples procesos de corrupción relacionados con la Operación Lava Jato, lo que queda confirmado por el propio Cristiano Zanin al responder una pregunta que le formulara el antiguo juez que enjuiciara a Lula en su día: “( … ) jamás voy a negar mi relación con Lula, al contrario, estoy agradecido al presidente por haber propuesto mi nombre al Supremo”.
A mi entender de lo que es la gratitud como una causal de inhibición en un proceso, esa afirmación inhabilitaría al postulado conocer de cualquier proceso en el que estuviere involucrado el presidente, pero a la vez, como respondiera el senador Sergio Moro a Zanin:
““( … ) alguien tan próximo al presidente ( … )” es “( … ) un riesgo para la independencia del Supremo”.
No obstante esta advertencia del senador Moro, otro curioso personaje, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra a las puertas de un proceso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) por sus supuestos abusos de poder y que de ser desfavorable le puede retirar todos sus derechos políticos, muestra optimismo y confianza al afirmar:
“Mi juicio es un gran recado para el TSE demostrar lo que es una democracia”.
Esperemos que las palabras del expresidente Bolsonaro no caigan en el vacío, aunque de acuerdo con el WJP Rule of Law Index® Brasil se ubica en los niveles 17 y 20 de la justicia civil y penal entre 32 países de América Latina y el Caribe.
En México, país cuya justicia civil y penal lo sitúa en el lugar 28 y 25 respectivamente en el mismo WJP Rule of Law Index®, la batalla por apropiarse del Poder Judicial continúa sin desmayo, tutelada y acompañada de edulcorantes y elaboradas frases ligadas al más puro populismo, enfatizando que con la aprobación de una reforma al Poder Judicial se tendrá “(…) la posibilidad de que en México haya justicia para todos: pronta y expedita, tanto para los que tienen dinero como para los que no tienen”, intentando justificarlo en que con esta reforma se busca la transformación del país a una auténtica democracia en la que el pueblo manda y opine sobre el proceso de designación de los jueces, magistrados y ministros.
En una reciente reunión de mandatarios de países de América Latina celebrada en Brasilia, fue invitado Nicolás Maduro por el presidente Lula; y en un video que circula por Internet el presidente Guillermo Lasso ha contado a su entrevistadora que, en un momento del evento, tuvo un intercambio de palabras con el venezolano que, haciendo ejercicio de la paráfrasis, se pueden escribir así:
Presidente Lasso:- En su país hay presos políticos y hay un juicio contra María Corina Machado y una prohibición de salir de su país.
Maduro:- No tengo a nadie preso por razones políticas. Dígame cuál es ese juicio y en 24 horas estará solucionado.
Presidente Lasso: -Vea usted, eso de que el presidente termina un juicio en 24 horas no se puede hacer en una democracia, al menos en el Ecuador porque eso corresponde a la justicia.
“A buen entendedor, pocas palabras”, dice el aserto castellano, o como decimos los abogados, “a confesión de parte, relevo de pruebas”; y lo cierto es que, según el ya citado índice de WJP Rule of Law Index®, Ecuador se ubica en el lugar 20 y 18 en la justicia civil y penal, mientras que Venezuela ocupa el nada honroso lugar 32 entre 32 países de América Latina y el Caribe.
Contrastando con esa dramática y constante amenaza a las que están expuestas las democracias, en la vecina América del Norte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó la medida sin precedentes de acusar a un expresidente de Estados Unidos por la comisión de delitos federales, originando un debate público que se encapsula en discutir si la acusación contra Donald Trump es un indicador de un país con un estado de derecho fuerte o débil de acuerdo al informe de World Justice Project (WJP) titulado Rule of Law and the Trump Indictment, el cual muestra una disminución del 4% en el puntaje del Estado de Derecho de Estados Unidos entre 2016 y 2022, aunque el país estuvo entre los 5 países que más mejoraron en el Estado de Derecho entre 2021 y 2022.
Concluye el reporte en que “Un sistema de justicia penal eficaz es un aspecto clave del Estado de Derecho. Estados Unidos ocupa el puesto 30 entre 140 países y jurisdicciones en cuanto a la eficacia del sistema de justicia penal”.
En fin, las leyes pueden ser buenas o malas aún dentro del orden constitucional, pero efectivamente sin jueces independientes e imparciales el Estado de Derecho no funciona correctamente.