Ley de «redes sociales»: criminalizar la crítica y denuncia

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«Causa honda de esa contaminación general es en nuestra época la degeneración del sistema parlamentario (…) La política se degrada, conviértese en profesión. En los pueblos sin ideales, los espíritus subalternos medran con torpes intrigas de antecámara. En la bajamar sube lo rahez y se acorchan los traficantes (…) Se instaura una moral hostil (…) El gobierno va a manos de gentualla que abocada el presupuesto (…) Abájanse los adarves y álzanse los muladares (…) Los palaciegos se frotan con los malandrines (…) la improbidad se pavonea y ostenta, en vez de ser vergonzante y pudorosa».

El hombre mediocre, José Ingenieros

Definitivamente esta «asamblea Nacional» no solo se ha convertido en un organismo en el que la ignominia y la ramploneria actúan como binomio inseparable, sino que además de no haber promulgado ninguna ley que haya podido mitigar el sufrimiento de los venezolanos como efecto de lo que ha sido el madurismo para el país, ahora tal «parlamento» convertido en verdugo del pueblo se presta para dar la estocada final a quienes aún resisten y luchan contra el neototalitarismo.

En efecto, que sea un desconocido diputado del madurismo quien aparezca en un video señalando que está lista una ley de  «redes sociales» para «controlar» pero que «no significa controlar» {1} tales vías y medios de comunicación, así como quiénes serían las personas objeto de posibles sanciones, solo prueban que tal adefesio «jurídico» es la necesidad del régimen de Nicolás Maduro en criminalizar la crítica y la denuncia.

O sea, que bastará que un venezolano haga una interrogante, como por ejemplo ¿cuánto es el salario de los diputados y sus ingresos anuales por otras vías?, para que inmediatamente la persona que se atreva a realizar tal pregunta sea detenida por violar lo que ellos llaman «código de ética». Es decir, si alguien intenta preguntar a un «funcionario» algo por lo cual pueda sentirse «ofendido», aunque sea un derecho de los venezolanos saber el monto de los emolumentos de ministros, magistrados, diputados o del mismo presidente de la República, eso será causa suficiente para que un ciudadano sea encarcelado.

Y es que ni siquiera denuncias podrán hacerse con la nueva ley. De hecho, se pretende callar a la ciudadanía ante situaciones como los recientes deslaves en el estado Aragua que han dejado casi una centena de fallecidos y un número no determinado de desaparecidos, y cuya cifra de víctimas durante esos días de luto nacional -decretados por el propio Nicolás Maduro- aumentó en Santa Teresa del Tuy, cuando un alcalde de manera irresponsable, mientras  todavía el pueblo de Las Tejerías lloraba sus deudos, permitió realizar unos «toros coleados» -de tortura a los animales tan rechazados por el Ministerio Público-, actividad en la que hubo una estampida que dejó como saldo dos personas fallecidas y casi dos decenas de heridos. Obviamente que con la ley de «redes sociales» nadie podrá informar o denunciar sobre acciones semejantes, y menos sugerir que fue en tiempos de desastres naturales, porque sería considerado un «fake news» o en su defecto un mensaje de «incitación al odio», o lo que es lo mismo, convertir a cualquier denunciante en «terrorista».

Y si lo anterior fuera poco, nadie podrá decir por redes como Twitter, Meta o similares, que un salario de menos de 1 dólar diario, o una pensión de 130 bolívares es responsabilidad directa de Miraflores y que este somete al pueblo de hambre y miseria, porque inmediatamente esa persona será detenida y enjuiciada por promover la «calumnia» al gobierno nacional.

Y si alguien llega afirmar que la educación es un desastre en Venezuela con la destrucción de la infraestructura física y la deserción escolar, o que niños mueren en los hospitales por falta de tratamientos médicos o procesos de donantes, originados por responsabilidad directa de quienes ostentan el poder político, será considerado con el remoquete de «promotor de la violencia social».

En contraposición a lo anterior, la ley de «redes sociales» dará libertad para que aquellos individuos que inclusive han sido considerados con la calificación de «criminal» por el fallecido Hugo Chávez, como el tal Valentín Santana, y jefe de un grupo de colectivos armados paraestatales, sí podrán hacer uso de cualquier medio para llamar a la extorsión, el saqueo o el asesinato cuando se haga en nombre de la defensa de la «revolución y la patria», sin que ni siquiera medie la actuación del Ministerio Público cuando estos hagan públicas sus armas de guerra.

La bazofia jurídica que pretende hacer la «asamblea Nacional» con la mal llamada ley de «redes sociales» solo tiene como objetivo convertir en «criminales y terroristas» a los ciudadanos que luchamos por el restablecimiento de la democracia, y que estamos atentos ante las violaciones de derechos humanos que comete a diario el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello contra los venezolanos.

Este excremento «jurídico» pretende ser la nueva vía para terminar de callar a la población ante cualquier hecho de dolor y sufrimiento, so pena de terminar encarcelados en las mazmorras de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), o encerrados en cualquier infierno de las cárceles del madurismo.

Infelices y desgraciados aquellos que llamándose «representantes del pueblo» se conviertan en los asesinos de la República, y con su mano levantada aprueben la más pestilente de las bazofias políticas que haya podido hacer el madurismo, con su llamada ley de «redes sociales» ¡No vamos a rendirnos!

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{1}

Diputados de "asamblea Nacional" no han hecho una ley que haya mejorado las condiciones de vida del pueblo, pero este @aleman72psuv confiesa que van a aprobar una ley de "redes sociales" para "controlar" que "no significa controlar". Es simple. Prohibiran la crítica y denuncia pic.twitter.com/gVoo7YO0Pu

— Javier Vivas Santana (@vivassantanaj_) October 19, 2022