A los presos políticos nunca se les garantizó un debido proceso y en su reclusión la justicia penal permitió violaciones graves de los derechos humanos
Por tanto, exijo al jefe del Estado un decreto ley de amnistía para los presos políticos por ser víctimas de un proceso penal totalmente viciado y violador de todas sus garantías procesales. De todos es sabido que las audiencias se convocan y nunca se ejecutan, si no es que son suspendidas sistemáticamente. Se les vulnera el derecho a la defensa sin que la Sala Penal del TSJ ponga orden en los jueces de control y de juicios que siguen actuando al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El sistema de justicia constituido por 70% de jueces provisorios le ha hecho mucho daño al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, garantías claves del debido proceso. La falta de autonomía e independencia le restan mucha credibilidad en sus funciones.
Estamos en presencia de un Estado lleno de odio, resentido e impregnado de venganza que no le permite reflexionar sobre el daño que le ha hecho a la sociedad venezolana al mantener secuestrado al sistema de justicia y a los 257 presos políticos marcados por las vejaciones, tratos crueles e inhumanos y degradante con torturas.
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