Resulta muy curioso, pero a la vez importante, ver cómo sectores afectos al madurismo, incluyendo «constituyentes» que de por sí saben que el órgano al cual supuestamente pertenecen tuvo un origen ilegítimo e ilegal, en virtud de que precisamente la formación de esa, entre comillas, todopoderosa, omnipotente, plenipotenciaria y supraconstitucional «constituyente» jamás tuvo un referéndum consultivo y menos un referéndum aprobatorio para tener una concepción y nacimiento realmente basados en la Constitución, ahora sean algunos de sus integrantes quienes estén manifestando puntuales desacuerdos con la llamada «ley antibloqueo», lo que revela que ni ellos fueron consultados previamente aunque fuera a través de un correo electrónico sobre los pormenores que se establecen en la mencionada ley, siendo esa la razón por la cual el debate se ha originado de manera posterior a lo que fue su «presentación» por parte del Ejecutivo.
También hay que recordar a quienes ahora se convierten en críticos de esa «ley antibloqueo'» que el exabrupto constitucional que fue formalizado ante la cúpula de quienes ellos apoyan, es decir, al ser realizado ante una «constituyente» basada y conformada en un escenario seudojurídico y electoral que ignoró el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, veamos como una «institución» salida de las catacumbas electorales de 2007, sobre la cual ni siquiera nunca se publicaron los resultados de los sufragios que habrían obtenido sus «elegidos», esa misma «institución» basada en sendos remoquetes de manipulación semántica con el uso de adjetivos que le dan características de autodenominarse un «Dios terrenal», que está sobre el bien y el mal, rechaza todo lo que le estorba y decide a su manera y conveniencia echar al infierno la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo espíritu e ideología fundamental fue propuesto por Hugo Chávez.
Ante ello, la verdad tiene que ser dicha sin eufemismos técnicos y procedimentales para que el pueblo la entienda y la comprenda sin más efectos de complejidades constitucionales, porque lo que está en juego es el asesinato de la Constitución y el entierro definitivo de Venezuela como una república, porque más allá de cualquier larga explicación, difusa y adornada con una ambigua redacción, lo cierto es que todos los contenidos del Capítulo III, en sus artículos 33, 34 y 35, relacionados con lo que denominan: Del Sistema de Asistencia y Protección Legal ante las Medidas Coercitivas Unilaterales, Régimen transitorio sobre reserva, confidencialidad y de divulgación limitada de información, y Prohibición de acceso y copia de información confidencial o reservada (1), respectivamente así como sus disposiciones «transitorias» -que deberían ser llamadas permanentes- y disposición final de esa «ley antibloqueo» son el disfraz en solo tres artículos y un perfecto colofón en la estafa y destrucción más grande que se pueda hacer contra la patria de Bolívar, al punto de llamar «ley constitucional» -¿será que las otras leyes no son constitucionales?- a un conjunto de pensamientos redactados con una perversidad que buscan convertir a los venezolanos en una población sumisa, esclava y arrastrada de la manera más vil ante el actual poder político.
Si el Ejecutivo Nacional junto con la «constituyente» insisten en aprobar semejante adefesio jurídico podría llevar al país a una sangrienta confrontación que tenemos que evitar como nación, porque es de tal magnitud la violación de los derechos ciudadanos que se establecen en tal contexto de dominio político y jurídico, que absolutamente toda la estructura del Estado y lo poco que queda en términos «institucionales» terminará sujeto en la voluntad de una sola persona. O sea, la voluntad de quien controle Miraflores, que hoy puede ser un presidente de la República, pero mañana puede ser otro y no en condiciones de ser llamado de esa manera, sino que hasta pudiera autodenominarse «Jefe Supremo, Único, Permanente y Constitucional de Venezuela», alegando que las condiciones de «bloqueo» lo obligan a tomar esa «decisión» por el «bienestar de la patria».
Es más, con esta ley quien controle Miraflores queda facultado, incluso para ordenar sin documento judicial alguno, cualquier aprehensión de un ciudadano y hasta condenarlo de manera inmediata por supuestos delitos que «atenten contra la «constitucionalidad», sin obviar que los bienes patrimoniales de las personas también pudieran quedar a expensas de lo que decida quien ocupe la silla «presidencial» mientras se mantenga lo que ellos han denominado «estado de excepción», es decir, que tal situación de hecho podría extenderse por los años que sean necesarios hasta que supuestamente finalice la amenaza de «bloqueo o desestabilización»,
Aquí, más allá de largos y complejos cuestionamientos realizados por supuestos «especialistas y abogados» oficialistas, ellos saben perfectamente que todos esos argumentos son seudojurídicos, no solo por el cuestionado hecho de «presentar tal ley», sino por el origen del órgano receptor de la mencionada «norma», la cual pretende depositar toda su bazofia política sobre los venezolanos. Que nadie se llame a engaño. Esa ley «antibloqueo» busca convertirse en la asesina de la Constitución. Si el presidente de la República piensa en el verdadero bienestar de los venezolanos debe retirar de inmediato tal solicitud y comprender que la «legalidad» de esa ley destruye por completo cualquier escenario de paz de la cual tanto pregonan como revolucionarios.
Regenerar el pensar político debe tener lo axiológico como principal fundamento de la transformación institucional; si esta condición es ignorada los estadios y espacios de la destrucción de Venezuela estarán marcando nuestra historia. El presidente de la República debe escuchar las voces de alerta y de forma reflexiva debe concientizar que ante las permanentes denuncias de violaciones de derechos humanos, en esta ley confluyen las más aberrantes de las alteraciones constitucionales, y por ende, de máxima enervación colectiva en un escenario en el cual los venezolanos ante la destrucción salarial estamos pasando hambre y necesidades, mientras «convivimos» sin agua, sin luz, sin gas y sin gasolina.
¿Acaso esa «ley antibloqueo» acabará por arte de magia con nuestros problemas? Y si es así, ¿por qué no la aprobaron entre 2013 y 2015 cuando el madurismo controlaba la Asamblea Nacional? Cada quien asuma su responsabilidad. El país nos necesita a todos.
(1) https://www.aporrea.org/actualidad/n359337.html