Karim Khan, nuevo fiscal de la CPI
Dejaremos a un lado cualquier consideración de naturaleza distinta a la jurídica, que pueda entorpecer, distraer o procurar dilaciones en la causa “Venezuela 1”en la Corte Penal Internacional; algunas hechas con el ánimo de crear ruido sobre su improcedencia o su imposibilidad en procesar y penalizar a los perpetradores de delitos de lesa humanidad en el país. Debemos insistir en que se debe continuar avanzando en ese tablero.
De manera que obviaremos, por irrelevante a los efectos del proceso, cualquier especulación o dibujo libre que se haga en torno a la dinámica política interna, trátese del tema electoral o del diálogo que está teniendo lugar. Por el contrario, es este proceso ante la CPI y su decisión, lo que tendrá en su momento una repercusión determinante en esa dinámica política. No podemos precisar cuándo sucederá, pero sí podemos afirmar que esa situación será ineludible, inexorable. En ese momento el asunto irá más allá de las togas.
Luego del informe de 2006 del fiscal Moreno Ocampo, que determinó la no apertura de una investigación formal, porque a su juicio no se llenaron los extremos legales en las 12 denuncias formuladas para entonces, se produjeron nuevas denuncias sobre la violación de los derechos humanos a partir de 2014 ante la nueva fiscal Fatou Bensouda, que le dio una dilación al asunto de casi 8 años, dejando ya para el final de sus funciones el informe que determina que existen elementos para considerar “admisible” una investigación sobre delitos de lesa humanidad por parte del gobierno al menos desde 2017, entre los que se identificó encarcelamiento u otra severa privación de libertad física, tortura, violación u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos, todo lo cual encaja en los tipos delictivos que son competencia de la CPI. Además, se señala la inacción del Estado ante esta situación. Su admisibilidad o no y la apertura de una investigación formal, le corresponde al nuevo titular del cargo, Dr. Karim Khan.
En este largo camino, caracterizado por las peripecias de Moreno Ocampo y la dilación cómplice de la Bensouda y su ladina omisión a casos anteriores que caracterizan su informe entregado un día antes de dejar el cargo, debemos destacar la importante iniciativa de la OEA, el Grupo de Lima y todas aquellas ONG e importantes líderes, que le imprimieron una calificada presión a ese necesario impulso procesal que no ha de cesar hasta lograr el objetivo de sentenciar a los responsables de todos esos delitos.
En uno de esos “saltos mortales” de Moreno Ocampo, ya como asesor de la OEA en esta causa en 2018, formuló recomendaciones sobre algunos aspectos que por cierto no hizo suyas durante su gestión. Dijo que en el tiempo que tome la corte para continuar con la causa se debe “hacer énfasis en las personas que están en la parte baja de la pirámide” para que sean procesados y así, presionar a Nicolás Maduro y este sabe que, si procesan a ciertos individuos y él no hace nada, será el siguiente en ser procesado”. Afirmó que una salida sería un proceso interno y que Maduro debería evitar los crímenes y de esa forma que lo procesen a él. Muy tarde.
De lo dicho, pueden observarse claramente dos cosas. La aviesa intención en tratar de dejar indemne a Maduro, responsabilizando sí a los pendejos de la base piramidal; y la realización de un proceso interno contra estos, de manera que una vez que esté en curso en Venezuela contra aquellos que hayan perpetrado esos delitos, genere la inadmisibilidad de las denuncias en curso ante la CPI.
El régimen nunca ha tenido ni tendrá la disposición de juzgar realmente a quienes cometen delitos de lesa humanidad, sería un autogol; son contumaces y reincidentes por naturaleza. De manera que la causa seguirá su curso, y apostarán una vez más a su dilación indefinida y evitar el “jaque al rey”, que es nada menos que el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y ejerce su suprema autoridad jerárquica, en este caso sobre todos aquellos militares y civiles malandros que, con su posible conocimiento o posible omisión, perpetraron esos delitos de los que puede resultar igualmente responsable.
Consideramos que las infames condecoraciones con las que premia los antivalores, particularmente a violadores de los derechos humanos, pueden evidenciar no solo un reconocimiento a los perpetradores, sino también un real conocimiento de esos punibles hechos. Veremos.