A medida que se acerca el 21 de noviembre y aumenta la presión internacional para que el régimen se siente a negociar con la oposición reconocida por el país –la agrupada en torno al G-4, al Frente Amplio y a los líderes más conocidos, entre ellos Juan Guaidó y Henrique Capriles–, las provocaciones tramadas por el gobierno aumentan. Nicolás Maduro y los cubanos que lo dirigen sienten una pulsión irresistible a demostrar que poseen el control absoluto del poder, y que el Estado es una maquinaria al servicio de su permanencia indefinida en Miraflores.
Detienen con total impudicia a plena luz del día a Freddy Guevara, promotor del Acuerdo de Salvación Nacional, y ordenan a los cuerpos de seguridad la captura de Emilio Graterón y Gilber Caro, entre otros dirigentes de Voluntad Popular.
Jorge Rodríguez, convertido en comodín y superministro del gobierno, anuncia que si la oposición quiere dialogar tendrá que firmar un pacto en el cual se comprometa a “abandonar la violencia”. Cómo es eso, si fue el gobierno que él representa quien asesinó al joven Juan Pablo Pernalete, al concejal Fernando Albán y al capitán Acosta Arévalo, entre muchos otros crímenes perpetrados contra personas cuyo único delito fue oponerse a las políticas demenciales de los compañeros de Rodríguez. Es el gobierno del psiquiatra el que reprime y encarcela a los habitantes de las barriadas populares cuando protestan de forma pacífica por el elevado costo de los productos de primera necesidad y la falta recurrente de electricidad, agua, gasolina y gas. Son los compañeros de Rodríguez quienes mantienen casi trescientos presos políticos, entre civiles y militares, en las cárceles del país, la cifra más alta de América Latina, y ha expulsado al exilio a centenas de dirigentes opositores, entre ellos numerosos diputados que gozaban de fuero parlamentario. Es el gobierno de Rodríguez el que apoya a Daniel Ortega, verdugo de la oposición nicaragüense, y respalda la brutal arremetida de la tiranía cubana contra la humilde población de esa miserable isla, luego de las protestas tras sesenta años de silencio frente al despotismo fidelista.
Jorge Rodríguez tiene la cachaza de exigirle a la oposición que el gobierno reconoce como genuina –a la gente de la “mesita” y a los “alacranes” ni los destapa, los trata como amanuenses– que suscriba un documento “infirmable”, por la sencilla razón de que el G4 no puede comprometerse a firmar un acuerdo que vulnera su tradición y sus principios. La violencia ha sido desde el 4F el arma del régimen, no de la oposición.
El gobierno inventó una treta para sembrar aún mayores dudas acerca de sus intenciones y promover un clima de escepticismo y sospechas en torno de las elecciones regionales. Maduro aspira a que a ese proceso concurra solo la pequeña franja del país que lo apoya, porque alguna vez formó parte del entusiasmo despertado por Hugo Chávez o porque se siente amenazado, bozaleado o chantajeado por los mecanismos puestos en práctica por el gobierno. Cualesquiera sean los motivos, existe una capa de alrededor de 30% de la población dispuesta a sufragar por los candidatos oficialistas y decidida a concurrir a la cita comicial. Con ese pequeño segmento le basta y le sobra al PSUV para adueñarse de todas las gobernaciones y la inmensa mayoría de las alcaldías.
Esas cifras las conoce muy bien el gobierno. Con esa base política y social tan precaria puede teñir de rojo la nación. Cualquier negociación que se vea obligado adelantar para atenuar el peso de las sanciones o reducir la animadversión de Estados Unidos y la Unión Europea, podrá realizarla en mejores condiciones si exhibe el control de la mayor cantidad de gobernaciones y alcaldías. Podrá sostener que esos gobiernos regionales y locales son los representantes legítimos de la soberanía popular, y que cuando sus delegados hablan a nombre de la nación, no solo lo hacen porque detentan el poder del Estado central, sino también de los estados y municipios. Esa fortaleza serviría tanto frente a la oposición interna, como ante los factores internacionales de poder. Mientras mayor sea la fuerza mostrada por el régimen, menores serán las concesiones que se sentirá obligado a otorgar.
En medio de este cuadro ambiguo y contradictorio, y apenas a un mes de que se cierre el período de postulaciones, la oposición sigue confundida y dividida. Voluntad Popular amenaza con expulsar a Daniel Ceballos por proponer su nombre para la gobernación del estado Táchira. La Causa R resolvió no participar en los comicios. Las instancias directivas no han resuelto si acudirán a las votaciones. Reina el caos. Este es el ambiente que más le conviene a Maduro. Dentro del oficialismo no existen dudas de ningún género. Las elecciones se realizarán en la fecha fijada. Las negociaciones en México se encuentran en suspenso, pero el gobierno no las da por liquidadas. El gobierno se muestra sólido, sin grietas internas importantes.
La oposición no da muestras de saber cómo desmontar las provocaciones del régimen. Tampoco sabe cómo trazar su propia ruta, que debe incluir la vía electoral. Se le está haciendo tarde.
@trinomarquezc
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