En los veinte años de régimen chavista, los venezolanos hemos experimentado situaciones y problemas que creíamos de improbable ocurrencia o repetición, a tal punto que pocas cosas sorprenden y la conseja de que “cualquier cosa puede ocurrir” es de amplia aceptación; ello pasa con las sanciones impuestas por los Estados Unidos y otros Estados a la nomenclatura chavista y al gobierno.
Como venezolano deploro la existencia de las sanciones; pero algo inconveniente, para otros, hemos debido hacer para que un expediente de tal magnitud y gravedad se esté aplicando y por los vientos que soplan se incrementarán las mismas de no mediar un cambio político significativo en el corto plazo.
El problema de fondo para los venezolanos no es si estamos o no de acuerdo con las sanciones. Su existencia no depende, o lo hace poco, de nuestra voluntad porque hemos venido cediendo a otros, más allá de lo que obliga la globalización y nuestra conveniencia, cuotas importantes de soberanía; en otras palabras, la capacidad endógena de afrontar y resolver nuestros problemas como Estado y sociedad.
Hipotecamos parte sustancial de nuestro destino a los intereses de otros Estados cuando nuestros conflictos entran en el terreno de la confrontación geopolítica internacional. Hay que remontarse más de cien años, a los tiempos del dictador Cipriano Castro (personaje celebrado por el chavismo), para encontrar una situación en la cual los destinos de la nación estuvieron en manos de otros Estados.
La situación descrita es consecuencia de la intención, bastante avanzada por demás, de instaurar un proyecto político demostradamente atrasado, fracasado y claramente contrario a los intereses nacionales de Venezuela en su conjunto y de sus ciudadanos, tal como lo demuestra la crisis en progreso y el retroceso colosal en todos los índices civilizatorios que padece el país.
El chavismo, desde sus inicios en el poder, se dedicó a construir alianzas, que denominó estratégicas, con Estados autoritarios o francamente dictatoriales o forajidos en donde la democracia es un remedo y los derechos humanos no se observan; también con organizaciones señaladas como terroristas o incursas en el crimen organizado. Esa política, hija de la desmesura del chavismo, tarde o temprano iba a tener repercusiones porque afectaban los intereses nacionales y de seguridad de la comunidad internacional democrática.
Hay quienes cuestionan la eficacia de las sanciones para generar cambios positivos y acuden a diversos casos para sustentar su posición. La experiencia internacional demuestra que el asunto es más complejo y diverso: en algunos casos no han funcionado, pero en otros sí.
Algo debe estar ocurriendo con las sanciones dentro de la nomenclatura roja que los hace anteponer su levantamiento para avanzar en cualquier acuerdo. Predicamento que es público y también -según algunos, supuestamente bien informados- esgrimido en las actuales conversaciones facilitadas por Noruega.
Según diferentes y recientes mediciones, el uso del tema de las sanciones como responsables de las penurias socioeconómicas de la población, que enarbola el discurso chavista, carece de eficacia en la opinión y el sentimiento de la mayoría de la población.
No puedo concluir estas notas sin referirme a las consecuencias para nosotros de la muy probable victoria del peronismo en las elecciones generales que se celebrarán en Argentina en octubre de este año. La principal de ellas es que, en el mejor de los casos, el Estado argentino cambiará su activa y militante actitud y acción a favor de la restitución del orden constitucional en Venezuela por la de no injerencia, actitud similar a la postura mexicana y con los matices del caso a la uruguaya.