Año tras año los venezolanos esperan el bono económico de fin de actividades conocido como “aguinaldo” para llevar a su hogar la cena de recibimiento del Niño Dios, quien respetando la convicción espiritual de cada uno vino al mundo en Belén un 25 de diciembre.
Ese aguinaldo les permite adquirir vestimenta y regalos propicios para las festividades en pascuas de adviento, como para recibir el nuevo año que se avecina.
El sector particular de la economía, que mantuvo por décadas puestos permanentes de trabajo a 80% de la economía real, aun en las peores circunstancias impuestas por los comunistas, pagó salarios y bonos según la ley como obligaciones contractuales. Todo esto a pesar de la crisis inducida por el déspota Hugo Chávez Frías.
La expropiación e intervenciones de 1.322 empresas en el sector industrial por parte del gobierno a partir de 2002 y hasta 2012 son la consecuencia de la intromisión injustificada gubernamental cuyo año más perjudicial fue 2007.
Para 2008 refleja el Instituto Nacional de Estadísticas que existían 800.000 empresas activas de diversa índole; en la actualidad registradas y en plena vigencia 270.000.
Hoy en día indican fuentes que de 18.000 industrias privadas solo quedan 4.000, las cuales sobreviven a duras penas y en muchos casos están a su mínima capacidad operativa, trayendo los productos terminados por la ausencia de materia prima.
Si al área oficial nos referimos, Chávez Frías y Rafael Ramírez aniquilaron a plena conciencia la industria petrolera venezolana, la cual por lustros garantizó ingresos fiscales permanentes para el desarrollo nacional de sus habitantes.
Veinte años tiene padeciendo penurias el ciudadano común como consecuencia de la aplicación de políticas comunistas extremas que han atentado contra los derechos humanos y la propiedad privada.
Pero la desesperación existente entre el sector empresarial venezolano ante las medidas adoptadas por tales regímenes en Venezuela parece que ha empezado a hacer mella en la voluntad democrática de la dirigencia cuando observamos en las redes a su más calificado vocero, Ricardo Cusano, indicar en el diario Tal Cual que las sanciones impuestas al tirano Nicolás Maduro y su grupo hacen tanto daño a la nación como las expropiaciones realizadas.
Desconozco la edad cronológica del señor Cusano, pero sin duda alguna es de las nuevas vigorosas generaciones de relevo.
Su participación en Consecomercio, al igual que la de los jóvenes Francisco González y Carlos Fernández Gallardo, ambos desde el Zulia, fueron aval irrefutable para en el segundo decenio del siglo encumbrarse en la presidencia nacional gremial de mayor peso y eficiencia en la Venezuela actual en cuanto a la producción de bienes y servicios se refiere.
Voces institucionales dentro de Fedecámaras han manifestado malestar por tal afirmación de Cusano y esperan del líder empresarial un comentario que dejará sin duda zanjadas las especulaciones.
Mayor desastre para el país no es ni será ningún hecho tangible o circunstancia que el número de muertos en manos del hampa de hasta 26.000 al año o más; tampoco que 80% de la población está en pobreza y 7 millones de seres ubicados en nivel de hambruna o indigencia crítica; más que decir de la cárcel en que han convertido a la nación y sujeción a sus connacionales.
Las sanciones internacionales impuestas no son contra el pueblo, buscan obligar al tirano Maduro Moros a entregar el poder y así evitar el actual genocidio en el país suramericano. Ello es posible, lastimosamente, mediante la limitación alimenticia en niveles de subsistencia.
Estas penalidades buscan imponer la entrega de insumos nutritivos a sus congéneres conforme a la dieta elaborada por la Organización Mundial de la Salud en las raciones y contenidos calóricos recetados para el hombre.
La importación de bolsas CLAP y piernas de cochino es la herramienta que utiliza el gobierno de Nicolás Maduro para satisfacer con fin propagandístico a un sector limitado que con muchas dudas y pocas muestras convincentes llega solo a los militantes del partido de gobierno en el mejor de los casos.
Demandas de empresas lusitanas y aclaratorias de ministros del gobierno portugués, observancia de fiscales públicos y acciones legales aduanales por posibles productos dañados en Colombia y México, han logrado que se conozca la verdad.
Queda al descubierto que el tal artículo CLAP era propicio para convertir la adquisición de los insumos en un rentable negocio, pero autoridades extranjeras dudan que estos víveres sean aptos para el consumo humano.
Apoyo la iniciativa en favor de la propiedad privada y los centros de producción, el reclamo reivindicativo de la diputada María Corina Machado por los bienes expropiados o intervenidos.
Nada está por encima del ser y nadie puede disponer de la existencia de un venezolano, y preservar su vida es la esencia de las sanciones.
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