Es indiscutible que el tema de la diáspora venezolana es motivo de preocupación cada vez mayor en el continente Frente a esta realidad inesperada para todos los países receptores se han ido creando mecanismos de control a nivel unilateral y multilateral en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, organizaciones no gubernamentales y oficinas ad-hoc en el terreno que han debido ajustar sus requerimientos con base tanto en la precariedad del flujo de migrantes como a los retos que representan en materia de salubridad, seguridad e impacto económico y social en donde se han asentado millones de compatriotas.
En el caso de Estados Unidos, donde se encuentra un porcentaje significativo de venezolanos en situación irregular, el hasta ahora decidido apoyo del gobierno de Donald Trump ha despertado expectativas en términos de lograr una respuesta que les permita la seguridad de no estar expuestos a una eventual deportación y esta ha sido hasta ahora el Estatus de Protección Temporal, o TPS por sus siglas en inglés, mecanismo creado en 1990 por el Congreso norteamericano que está diseñado para ser aplicado a los nacionales de otro país que se encuentre en un conflicto armado, haya sido víctima de un desastre natural u otra circunstancia temporal o extraordinaria.
A pesar de que el TPS ha sido objeto de diversas peticiones en anteriores oportunidades para favorecer a los venezolanos, especialmente de políticos del 3stado de Florida, es en mayo del presente año que el Comité Judicial de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos dio un primer paso autorizando presentar un proyecto de ley para otorgar dicho beneficio a nuestros compatriotas dada la crisis humanitaria que se vive en el país. El mismo les permitiría vivir y trabajar legalmente y de esta manera demostrar así el compromiso de Trump con la transición democrática en Venezuela. Por otra parte, hasta ahora lo que se ha aprobado es la llamada Ley Verdad que eleva el monto de la ayuda humanitaria en 400 millones de dólares, entre otras medidas, para aliviar la crisis humanitaria.
Frente a este panorama ahora los venezolanos se encuentran con la amenaza latente de una posible deportación por las redadas anunciadas por el presidente Trump la semana pasada a pesar de que recientemente el mismo mandatario declaró que estaba considerando seriamente el TPS para la comunidad venezolana y que dichas redadas, según lo anunció el Servicio de Inmigración y Aduanas, se realizarían para aumentar las deportaciones de familias indocumentadas que han recibido órdenes de expulsión, lo cual indica que en su mayoría serían ciudadanos de México y Centroamérica .
El asunto no está claro si esta decisión daría pie a deportaciones masivas puesto que los anuncios no han sido del todo explícitos por parte del gobierno y esto obviamente aumenta la angustia de una comunidad que ha visto el aumento de deportaciones en 35% este año respecto al anterior. Al momento de escribir este artículo se conoce la decisión de postergar por dos semanas el procedimiento de deportaciones por razones de diferencias con autoridades de diversos estados de la Unión y llamados de representantes del mismo Congreso americano. Consideramos que no deben crearse expectativas sobre la protección temporal para los venezolanos vistas las experiencias habidas con otros países de la región como serían los casos de El Salvador, Haití y Nicaragua, cuyos TPS fueron revocados por el gobierno y un juez federal, Edward Chen, rechazó en octubre del año pasado dicha medida y extendió los beneficios para esos países hasta enero de 2020 .
Adicionalmente, debemos recordar el desamparo que de manera intencionada ha mantenido el Estado venezolano con la comunidad venezolana en esta mal llamada revolución, el cual ha sido paliado en cierta manera por los representantes del gobierno interino que han logrado en algunos países el reconocimiento de los pasaportes vencidos por un período de cinco años, además de crear un Registro Consular, recibido con mucho recelo por solicitar información privilegiada que genera suspicacia y dudas sobre su posible uso para otros fines diferentes a los propuestos.
Por todo ello debemos encomiar y promover los esfuerzos de la comunidad internacional, en particular del Grupo de Lima, en sus gestiones para la protección de la diáspora venezolana y aspiramos a que en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos se hayan tomado decisiones importantes sobre uno de los principales temas de la agenda, que es la situación de los emigrantes venezolanos.