Las recomendaciones del Consejo Consultivo

Érase una vez, un país donde un presidente elegido democráticamente, estaba acorralado primero por el estallido de una ola de saqueos, para lo cual tuvo que llamar al Ejército para que impusiera el orden, puesto que las fuerzas policiales y la Guardia Nacional no se daban abasto, y luego por la intentona de un golpe de Estado. Ese país existió y era Venezuela. Entonces, para tratar de bajar las presiones de todo tipo que se cernían sobre él gobierno, el presidente llamó a un Consejo Consultivo, especie de oráculo moderno que habría de tranquilizar al pueblo mal aconsejado y mal dirigido por la entonces clase política. Este nuevo organismo no permanente duró apenas dos semanas en sus sesiones, y en ese tiempo sacó 125 propuestas, ni Lutero con sus 95 tesis de Wittenberg. René Descartes en su célebre Discurso del método, nos advierte: ”Los que se meten a dar preceptos deben estimarse más hábiles que aquellos a quienes los dan, y son muy censurables si faltan en la cosa más mínima”.

Los miembros de este altísimo (por el alcance de sus propuestas) Consejo Consultivo fueron: Pedro Pablo Aguilar, ex secretario general de Copei y gran figura en el mal gobierno de Luis Herrera Campins; Ruth de Krivoy, economista, y posteriormente presidente del Banco Central de Venezuela, durante la crisis bancaria de 1994; D. F. Maza Zavala, ex decano de la Facultad de Economía de la UCV y keynesiano por convicción y naturaleza; Pedro A. Palma, profesor del IESA y consejero de empresas; Pedro Rincón Gutiérrez, exrector de la Universidad de los Andes; José Melich Orsini, profesor de Derecho y autor de algunos libros; Julio Sosa Rodríguez, hombre de confianza de Rafael Caldera, y expresidente del Banco Orinoco, ya desaparecido; Ramón J. Velásquez, exdirector de El Nacional, historiador y fue después presidente encargado de la República.

Una de las primeras recomendaciones que pareciera haberse colado por sugerencia de uno de los miembros del fracasado intento de golpe del 4 de febrero de 1992, fue la siguiente: Número 2: Decidir sobre la conveniencia o no dar por concluidos los actuales períodos constitucionales de la Presidencia de la República y de los integrantes de las Cámaras de Diputados y del Senado, de las Asambleas Legislativas de los Estados y de la Corte Suprema de Justicia.

En la parte económica tenemos un “ramo” de precios y tarifas, entre éstas: Número 23: Suspender, hasta tanto se establezca un régimen racional de precios que tome en cuenta nuestra condición de país energético, los aumentos del precio de la gasolina que estén programados.

Esta recomendación representa y continúa el populismo económico inaugurado desde hace muchos años, y es increíble como la proponen los tres economistas de alta preparación que figuraban en el elenco del Consejo Consultivo.

Número 23 (sic): Estabilizar los precios de los productos que conforman la cesta básica popular para cubrir las necesidades alimenticias básicas.

Número 24: Estabilizar los precios de las medicinas e instrumentar medidas inmediatas y concretas para poner al alcance de la población medicamentos genéricos, que incluyan la integración de la sociedad civil, a través de las organizaciones vecinales y comunitarias en los programas de distribución de las medicinas populares.

Estas dos representan la continuidad del control de precios durante el gobierno que antecedió al segundo de Carlos Andrés Pérez, y provocó la escasez que a su vez fue el detonante para el tristemente famoso Caracazo del 27 de febrero de 1989.

En la política agrícola todo un conjunto de recomendaciones que serían “buenas” para un plan quinquenal de desarrollo agrícola al estilo de los que impuso Joseph Stalin. Una muestra: Número 26: Detener la aplicación compulsiva de la política de apertura comercial para el sector agropecuario hasta tanto sea revisada por los productores nacionales y adecuada a las circunstancias del país y a la especificidad de este sector.

Increíble pero cierto: en una noticia publicada en el Universal del 31 de diciembre de 2000, Enrique Orijuela, presidente de Molinos Nacionales C.A., señalaba que 20% de los productores de arroz se habían convertido en productores de maíz, producto que se comercializa a 240 dólares la tonelada, ¡cuando en los mercados internacionales está en 110!

Quizá la mejor recomendación positiva y de alcance en esta especie de nueva tabla de los mandamientos haya sido la 48, que pedía “liquidar, a la brevedad posible, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuya viciada estructura está colapsada, regionalizando sus hospitales e implantando un nuevo sistema de Fondos de Pensiones que cumpla con sus objetivos específicos, y suspender de inmediato todos los gastos superfluos de ese organismo y, muy especialmente las campañas de imagen que se encuentran en curso, incongruentes con sus pésimos servicios y elevadas deudas”.

Número 56, decía: “Moderar la tasa de inflación como requisito base para el logro de unas menores tasas de interés y un tipo de cambio estable”. Y además una serie de recomendaciones que ya las estaba tratando de realizar el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez.

Es también interesante la Número 63 que reza así: «Poner cese al endeudamiento público estéril e irregular, a la utilización de medios incorrectos para cubrir déficit de presupuesto, tanto del gobierno como de las empresas e institutos del Estado, y a la utilización de la devaluación monetaria para fines puramente fiscales».

En fin, todo un programa para tomar todo lo bueno que se había hecho en cuarenta años de democracia desde 1958 y desechar todo lo malo. Muchas de las recomendaciones son contradictorias y hasta favorecen los desequilibrios económicos como el intenso proteccionismo, y las licencias de importación.

Total, un gobierno que intentó enmendar todos los males heredados de los anteriores gobiernos y la culpa de todo lo malo se la cargan a él. En definitiva, estas recomendaciones solo aspiraban a seguir un estado de complacencia con ciertos sectores, y volver a repetir errores que se dieron en gobiernos anteriores. Posteriormente, al BCV se le extrajeron grandes montos de sus reservas internacionales y D. F. Maza Zavala en vez de renunciar ante todos, más bien le rogó al gobierno que por lo menos le diera bonos de la deuda pública en intercambio de las reservas internacionales.