El Partido Comunista de Venezuela ha anunciado su decisión de no participar en las próximas elecciones. Esta decisión se basa en varios argumentos clave.
Primero, consideran que Nicolás Maduro se ha juramentado sin que el Consejo Nacional Electoral haya ofrecido resultados oficiales, lo cual los lleva a calificar al presidente como un gobernante de facto. Además, señalan que la represión contra la clase trabajadora y sus líderes sociales y políticos ha tenido consecuencias desastrosas para la población.
Los comunistas también destacan otras circunstancias que impiden su participación electoral: la judicialización del PCV, que hace imposible para la izquierda presentar candidatos, y el encarcelamiento de su candidato presidencial, Enrique Márquez. Esto, según el PCV, representa una conspiración de los poderes públicos para bloquear la posibilidad de que la mayoría de la población elija su opción preferida, violando así los derechos políticos garantizados por la Constitución Nacional.
¿Acaso estos argumentos no son compartidos por otros actores políticos y sociales que luchan por la democracia y el respeto a los resultados de la elección del 28 de julio? Desde mi perspectiva como observador de este debate, y más allá de las diferencias ideológicas que pueda tener con los comunistas venezolanos, la evaluación del PCV sobre el escenario político nacional es precisa y valiosa.
La participación en elecciones presupone que estas deben contar con condiciones objetivas de competitividad y con plenos derechos para los actores políticos. De lo contrario, aceptaríamos el criterio actual del CNE, bajo el cual los resultados no pueden ser impugnados, incluso cuando, como en las elecciones del 28 de julio, no se publicaron actas. Esto implica que los rectores del CNE se consideran infalibles, y cualquier resultado que anuncien, aunque sea contrario a la voluntad de los electores, debe ser aceptado bajo amenaza de sanciones. Eso no es una elección; sería la imposición de resultados predeterminados.
La participación electoral es inherente a la lucha democrática, pero, como lo ha planteado el PCV, tras la judicialización de las tarjetas electorales, la prisión y persecución de líderes políticos y sociales, la ausencia de resultados oficiales, la juramentación de facto de Nicolás Maduro, la suspensión de facto de la vigencia de la Constitución Nacional y la derogación de facto del derecho a impugnar resultados contrarios a la voluntad popular, la no participación de las organizaciones políticas en futuros comicios es una consecuencia lógica.
jcclozada@gmail.com / @rockypolitica
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